Coordinar una gestión eficiente de los residuos sólidos para encaminar a República Dominicana hacia la adaptación de un modelo de economía circular dependerá de un modelo de financiamiento que empiece por involucrar a los ciudadanos en el proceso.
Este planteamiento lo realizó Mariely Ponciano, coordinadora general del proyecto de Economía Circular que emprende la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y Ecored, quien explicó que la Ley 255-20 sobre la Gestión Integral y Coprocesamiento de los Residuos Sólidos contempla que los ayuntamientos cobren el manejo de los residuos a la población para costear todas las etapas que abarca el manejo responsable de los desechos.
“La ley hasta trae una fórmula de cálculo para esa tasa de servicio. Es un servicio como cualquier otro, que todos pagamos, pero que a veces no pagamos el servicio de aseo urbano a los ayuntamientos del país”, señaló.
Durante su intervención en el webinario “Ley General 225-20 y el desarrollo de la industria dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana y Ecored, Ponciano apuntó que, actualmente, los ayuntamientos carecen de los suficientes recursos para cubrir una gestión integral de los residuos sólidos, la cual será clave en la eliminación de vertederos a cielo abierto, por los que los municipios “no pagan nada o pagan muy poco” para la destinación de los residuos.
La normativa propone un esquema de financiamiento en el cual la tasa de servicios sirva como fondo para que los ayuntamientos manejen la transferencia de los residuos hacia las plantas de valorización, así como su disposición final.
El esquema involucra a productores, comercializadores e importadores de productos, para que se responsabilicen en el financiamiento de la cadena logística destinada a la recuperación de los residuos, proceso que reduciría el tonelaje diario de desperdicios y eficientizaría las rutas de recolección y los sistemas de almacenamiento a largo plazo.