Madrid.– España destinará al menos el 0.7% de la renta nacional bruta a la Ayuda Oficial para el Desarrollo en “el horizonte del año 2030”, con objetivos “intermedios” hasta entonces, según la nueva ley de Cooperación, aprobada este jueves por el Parlamento a propuesta del Gobierno.
Y será “en cumplimiento de los compromisos multilaterales y de los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea”, dice la norma, respaldada por todos los grupos parlamentarios excepto Vox (extrema derecha).
Es “política útil para millones de personas en el mundo y es útil para España porque nos sitúa ahí donde nos quieren ver los españoles”, celebró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Es una ley “necesaria”, que responde a la demanda de la solidaridad de los españoles. “Nos va a permitir hacer frente todavía con más fuerza a crisis como las de Afganistán, Ucrania, Turquía o Siria”, aseguró el jefe de la Diplomacia española.
La Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global promueve una modificación “profunda y amplia” de todo el sistema de cooperación, y reconoce el valor de la figura del cooperante.
Además, incluye la reforma de la Agencia de Cooperación al Desarrollo (Aecid), del sistema de la cooperación financiera y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode).
Estas reformas, en las que ya está trabajando el Ministerio de Exteriores, permitirán “dignificar y profesionalizar” la figura del cooperante y reconocer la labor de quienes “dan lo mejor de sí mismos por ayudar a los demás”, incidió Albares.
La nueva ley afecta a los pilares institucional, normativo y presupuestario del sistema de cooperación español y busca adaptarse de manera “eficaz” a desafíos como la crisis climática o alimentaria.
Tras la aprobación, el ministro se reunió a las puertas del Congreso con representantes de varias ONG y, acompañados de un grupo de parlamentarios, guardaron un minuto de silencio en memoria de los fallecidos del terremoto de Turquía y Siria.
La presidenta de la Coordinadora Estatal de ONG para el desarrollo, Irene Bello, resaltó que la nueva ley tiene “un amplísimo apoyo político, casi consenso”.
La aprobación de esta ley coincide con el envío por parte de la Aecid de un hospital de campaña y un equipo de 80 profesionales expertos en sanidad, logística y coordinación para ayudar a paliar las consecuencias del terremoto en Turquía, que saldrán esta noche de la base aérea de Torrejón (Madrid).
El número de muertos por los devastadores terremotos llega este jueves a casi 19,400, de los que 16,170 se han contabilizado en Turquía y 3,192 en Siria, según datos oficiales. Además, hay unos 70,000 heridos de distinta consideración.
