La República Dominicana, al igual que muchos otros países en Latinoamérica, está expuesta a una amplia variedad de desastres naturales, incluyendo huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra y terremotos. Estos eventos suelen tener un impacto devastador en la población y la economía del país.
En ese mismo tenor, el país, a través del tiempo, ha sufrido catástrofes importantes, las cuales aparte de las pérdidas humanas, ha generado huecos económicos. Por ejemplo, el paso del huracán David en 1979, el cual dejó una debacle financiera de unos US$2,195 millones, el huracán George en 1998 por unos US$420 millones, Noel y Olga en 2007 por US$700 millones, o justo el año pasado con el paso del huracán Fiona, que hubo que destinar más de RD$20,000 millones para reparar los daños causados en la zona este y nordeste de nuestro país.
Existe un fondo a disposición de la Presidencia de la República en contra de las calamidades públicas, el cual precisamente, en el 2022, se autorizó incrementar un 0.5% proveniente del Producto Interno Bruto (PIB), para un total del 1.5% del PIB destinados a cubrir los imprevistos que se establecen en el artículo 33 de la Ley No. 423-06.
Siempre que la situación que origina el imprevisto sea calificada como calamidad y/o emergencia pública mediante decreto presidencial, el uso de estos flujos se ajustan a las normas y procedimientos vigentes sobre ejecución del presupuesto, es decir, que lo no ejecutado en el año fiscal de acuerdo con la Ley de Presupuesto, retorna al erario público para ser distribuido en el Presupuesto General del Estado del año siguiente.
Esta limitante ha forzado al Estado a tener que precisar de financiamientos de emergencia en crisis pasadas, adquiridas a un alto costo, caso que hubiese pasado en 2022 con los desastres de Fiona y unos tipos de interés estratosféricos, de no ser por los esfuerzos en conjunto por parte del Gobierno y lo presupuestado en el Fondo, y las autoridades competentes. Pero, pongámonos en el supuesto de que luego de la catástrofe del año pasado, hubiese llegado otro huracán de categoría mayor causando similares estragos y/o mayores; el Estado entonces hubiese tenido que recurrir a prácticas viejas de un financiamiento para emergencia a una tasa muy elevada, además, por la realidad de los tipos de interés en el mundo, debido a los efectos directos e indirectos post-covid e inter-guerra Rusia-Ucrania.
Necesidad de un fideicomiso
Precisamente es este tipo de situaciones que el fideicomiso viene a subsanar, el cual funge como un instrumento financiero que permite la administración de un fondo destinado a un propósito específico. En el caso de este fideicomiso contra catástrofes naturales, el objetivo sería contar con fondos suficientes para financiar la respuesta inmediata ante eventos naturales extremos, incluyendo la evacuación de personas, la atención médica, la asistencia humanitaria, la restauración de infraestructura y la reconstrucción de las comunidades afectadas.
Estos recursos, en una primera instancia, provendrían de lo establecido por ley para el Fondo en contra de las Calamidades Públicas, así como de diversas fuentes, por ejemplo: impuestos específicos, fondos de inversión, donaciones de empresas privadas o del extranjero, entre otros; con el fin de asegurar continuidad año tras año de los recursos que sean administrados por la figura.
Una vez que el fideicomiso cuenta con los recursos necesarios, su gestión sería de manera eficiente y transparente, garantizando que los fondos se utilicen de manera adecuada y expedita en caso de emergencias.
Para ello, se designa un Consejo Técnico que supervise y monitoree el fideicomiso, con representantes de diversas entidades gubernamentales, organizaciones civiles, sector privado y expertos en gestión de emergencias, además de todo el tema de las reporterías, que de por sí la Ley 189-11 y su Reglamento de Aplicación exigían, pero que se fortaleció aún más con la promulgación de la nueva Ley 28-23 de Fideicomisos Públicos, sobre todo en su artículo 16 acerca del Regulador de los Fideicomisos Públicos.
Beneficios del fideicomiso contra catástrofes
El beneficio principal y más importante es una respuesta más rápida ante emergencias, en comparación con la obtención de fondos a través del presupuesto del Gobierno, que puede ser un proceso de larga duración y burocrático, mientras que el fideicomiso, en su buena labor de Gestor de los Fondos, permite el acceso a los recursos necesarios de manera inmediata.
Existen oportunidades de que una proporción de los fondos sean invertidos en instrumentos financieros que generen buenos rendimientos y sean de corto plazo, de acuerdo con la realidad del momento y según se establezca en los lineamientos de operación del fideicomiso, buscando maximizar estos recursos, reduciendo el riesgo de tener que incurrir en endeudamientos en caso de una catástrofe que supere los límites de la imaginación. En este posible escenario de endeudamiento, el fideicomiso funge como un canalizador de tasas blandas, al emitir garantías fiduciarias y garantizar servicio de la deuda ante el acreedor.
Por otra parte, la contratación de una póliza de seguro al país ofrece una oportunidad adicional para fortalecer la protección financiera ante las catástrofes, especialmente en casos de emergencias de gran magnitud que superen los recursos disponibles. El país tendría una mayor protección económica a través de una herramienta que vendría acompañada de un análisis detallado de los riesgos y condiciones del mercado asegurador, el cual está compuesto por varias instituciones como, por ejemplo:
– La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), contando con programas de seguro destinados a Latinoamérica y el Caribe.
– The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility (CCRIF SPC), la cual es una compañía de cartera segregada que ofrece productos de seguros paramétricos contra huracanes, terremotos y lluvias excesivas.
– Banco Mundial, con la Plataforma de Seguros para Riesgos de Desastres Naturales, donde proveen soluciones de seguros ante desastres naturales, condiciones climatológicas y sanitarias.
Por último y no menos importante, el fideicomiso serviría para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante desastres naturales, a través de la inversión en medidas de prevención y mitigación de riesgos, como la construcción de infraestructuras resistentes ante catástrofes, educación y concientización de la población.
Emulemos experiencias internacionales
En términos de casos exitosos en la región, contamos con varias experiencias que nos pueden servir de referencia de cara al futuro:
– Fideicomiso FONDEN: El Fondo de Desastres Naturales en México, el cual es administrado bajo la modalidad fiduciaria público-privado, es ampliamente reconocido por su efectividad en la gestión de emergencias, ya que permite financiar la atención y reconstrucción de daños causados por desastres naturales en el país. Por ejemplo, en 2017 este fideicomiso fue crucial para la respuesta del Gobierno Mexicano ante un terremoto de magnitud 7.1 que afecto el centro del país, logrando destinar de manera inmediata, los recursos necesarios para atención médica, evacuación de personas y reconstrucción de toda la infraestructura afectada, pública y privada.
– Fideicomiso FONDES: El Fondo de Prevención, Atención y Reconstrucción de Desastres Naturales del Perú, administrado bajo modalidad del fideicomiso público, se encarga de la prevención, atención y reconstrucción de daños causados por desastres naturales en el país. Fue la estructura salvaguarda ante los deslizamientos de tierra extremos en 2017 que afectaron a la región de Lima, encargándose de ceder los recursos necesarios y de inmediato ante las atenciones médicas necesarias, evacuación de los ciudadanos y reconstrucción de las comunidades.
– Fideicomiso FNGRD: Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, administrado desde 1989 por un fideicomiso público, financia la prevención, mitigación, atención y recuperación de desastres en el país. Su principal fuente de ingreso se estructura por el recaudo de un impuesto específico, aportes del sector empresarial y transferencias presupuestaria del estado colombiano.
Más que un artículo, he querido mostrar una idea en la que las labores del Estado Dominicano, con el apoyo del sector privado, servirían como un escudo protector para todo el país ante cualquier tipo de catástrofe, a través de la implementación de un fideicomiso que atienda los desastres naturales y las emergencias causadas por estas en la República Dominicana, siendo una estrategia efectiva que fortalecería la gestión y continuidad de los recursos, mejorando la capacidad del Estado de responder de manera rápida y eficiente ante este tipo de eventos, permitiendo reducir los impactos negativos en la población y la economía, fortaleciendo la resiliencia de las comunidades ante futuros desastres.
