[dropcap]R[/dropcap]epública Dominicana debe abocarse cuanto antes a una profunda revisión de lo que gasta el sector público y cómo lo hace, según una afirmación del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) en su más reciente análisis que tituló “Retomemos la disciplina fiscal”.
La institución, presidida por Ernesto Selman y que cuenta con el respaldo de los empresarios más influyentes del país, entiende pertinente reformar todo el sistema que utiliza el Estado para recaudar impuestos.
A su parecer, una verdadera reforma fiscal integral debe orientarse a limitar el crecimiento del gasto público, revisar en lo que se está gastando y cómo se gasta, restringir los déficits fiscales, poner un techo al nivel de endeudamiento público y revisar íntegramente el código tributario dominicano.
Recuerda que desde hace mucho tiempo viene proponiendo un proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal junto con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), a fin de enfrentar los primeros cuatro puntos concernientes al gasto público.
Por otro lado, el CREES ha propuesto una reforma integral al código tributario, con la colaboración del reconocido experto tributario Francisco Canahuate, que busca simplificar el sistema impositivo, ampliar las bases tributarias y reducir las tasas de impuestos para generar mayor actividad económica dentro de la formalidad.
“Esta combinación de factores implicaría mayores recaudaciones para el fisco. Ambos proyectos de ley servirían como los pilares del Pacto Fiscal pendiente”, sostiene la institución.
Para el CREES, los resultados de la ejecución presupuestaria del gobierno central durante el primer trimestre de este año generan preocupaciones por el alto déficit que presenta. “No permitamos que la sal cueste más que el chivo”, concluye.
Déficit del trimestre
Según el análisis del CREES, el déficit del gobierno central se cifra en aproximadamente RD$29,500 millones, casi el 40% del total del déficit fiscal que se incluyó en el Presupuesto del Estado 2016. Aclara que esta cifra no toma en cuenta el resto del sector público no financiero ni la ejecución de algunas obras de infraestructura que no terminan registrándose en el Sistema de Información de Gestión Financiera.
