Los Estados de la Unión Europea llegaron este miércoles a un acuerdo para regular las agencias de calificación que ponen nota a las empresas en función de su sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza con el objetivo de mejorar su fiabilidad y evitar conflictos de interés.
El acuerdo fija la postura de los países para negociar a partir del próximo enero la legislación definitiva con la Eurocámara, que adoptó su propia posición negociadora la semana pasada, apenas seis meses después de que la Comisión Europea presentase la propuesta en junio.
Las nuevas normas prevén regular por primera vez la actividad de las empresas que se dedican a evaluar a una compañía o producto financiero en función de sus riesgos e impacto para la sociedad y el medio ambiente, de modo que estas calificaciones sean más transparentes y comparables e impulsar así la confianza de los inversores en los productos etiquetados como sostenibles.
El acuerdo alcanzado por los países contempla que las agencias que quieran proporcionar estos servicios en la UE tengan que recibir una autorización por parte de la Autoridad de Mercados y Valores (ESMA), que se encargará también de supervisar sus actividades y podrá llevar a cabo investigaciones e inspecciones “in situ”.
Deberán además cumplir con requisitos de transparencia, en particular en cuanto a la metodología y fuentes de información que usen para elaborar sus “rating” y estarán sujetas a medidas para evitar conflictos de interés, en particular, la separación de sus negocios de calificación, consultoría y auditoría.
Las empresas que incumplan las reglas podrían enfrentarse a multas de hasta el 10% de su facturación anual neta y sanciones periódicas del 3% de su facturación media diaria o del 2% en el caso de personas naturales.
Los Estados han incluido algunas modificaciones con respecto a la propuesta de Bruselas, en particular, un régimen transitorio, temporal y voluntario por el que los pequeños proveedores de rating medioambiental, social y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) y aquellos que entren en el mercado por primera vez podrán registrarse con requisitos “más ligeros” durante un periodo de tres años.
Aquellas agencias pequeñas que opten por este régimen transitorio no tendrán que pagar tasas supervisoras a la ESMA, aunque sí tendrán que cumplir con requisitos de transparencia, gobernanza y podrán ser sujetos a investigaciones, inspecciones o solicitud de información por parte del supervisor, indicó el Consejo en un comunicado.
Los países han introducido, por otra parte, la posibilidad de que los proveedores de “rating” no tengan que crear una entidad legal separada para ciertas actividades siempre y cuando haya una clara distinción entre las mismas y medidas para evitar conflictos de interés, aunque esta derogación no podrá aplicarse a las actividades de consultoría o auditoría para entidades que reciban también un “rating” ESG.
La idea detrás de la evaluación de los criterios ESG es identificar aquellas compañías con buenas prácticas para orientar a los inversores que quieran poner su dinero en empresas responsables en estos ámbitos, pero su rápido crecimiento sin regulación específica ha generado el temor de que algunas compañías estén exagerado sus credenciales en materia de sostenibilidad y llevando a cabo un “blanqueo ecológico”.
El objetivo con la nueva regulación, según explicó la Comisión Europea al presentarla, es asegurar que estas calificaciones son “independientes, objetivas y de calidad”.
