Un total de 85 economistas de todo el mundo alabaron este martes la decisión del Gobierno hondureño de retirarse del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (BM), al considerar que es un ente que socava la soberanía de las naciones.
El exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis; la galardonada economista británica Ann Pettifor que predijo la crisis financiera de 2008 o la economista india especializada en desarrollo Jayati Ghosh son algunos de los signatarios de una carta abierta coordinada por la Internacional Progresista, un grupo fundado en 2018 que aglutina a movimientos de izquierdas.
Los firmantes consideran la retirada del CIADI como “una defensa fundamental de la democracia hondureña y un paso importante hacia su desarrollo sostenible“.
“Durante décadas, los tribunales internacionales de arbitraje como el CIADI permitieron a las empresas demandar a los Estados y restringir su libertad para regular en favor de los consumidores, los trabajadores y el medio ambiente”, afirman.
Los economistas, que incluyen también al estadounidense Jeffrey Sachs, el chileno Gabriel Palma y el surcoreano Ha-Joon Chang, señalan que, desde 1996, los Gobiernos de América Latina “se vieron obligados a indemnizar a las corporaciones extranjeras con más de US$30.000 millones de dólares”, lo que les restó recursos para otra prioridades de política nacional.
Los profesionales mantienen que hay escasas pruebas de que mecanismos de arbitraje como el CIADI sirvan para estimular una inversión extranjera directa significativa, como sería su objetivo.
En el caso de Honduras, recuerdan que, desde la elección en 2021 de la primera mujer presidenta del país, Xiomara Castro, las empresas interpusieron un total de 10 demandas en su contra ante el ente arbitral.
La mayor de ellas es la estadounidense Próspera Inc, “que reclama más de US$10.000 millones, dos tercios del presupuesto anual del país como indemnización por la decisión de Honduras de derogar la desastrosa ley de las ZEDEs”, explican.
Las ZEDE son Zonas Especiales de Desarrollo Económico creadas en el primer mandato del gobierno que presidió Juan Orlando Hernández (2014-2018), lo que, según la Administración de Castro, sirvió para vender partes del territorio hondureño a inversores extranjeros.
Los economistas ven indicios por otra parte de que “la era de la supremacía empresarial en el sistema de comercio internacional está llegando a su fin”.
Como ejemplos, citan la decisión de la Unión Europea de retirarse del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), al tiempo que el presidente estadounidense, Joe Biden, indicó que no incluiría disposiciones sobre estos tribunales corporativos en futuros acuerdos comerciales.
El pasado 24 de febrero, el Gobierno de Castro notificó al Banco Mundial la retirada del convenio del CIADI, según confirmó este mes la Procuradoría General de la República del país centroamericano.
La Procuradoría adujo que el CIADI “desplaza la función de los tribunales de la República y limita el cumplimiento de las decisiones del Gobierno democrático”.
Además, “impide que el ordenamiento jurídico del país combata la corrupción público privada y sus consecuencias devastadoras, como la de proyectos que ponen en venta el territorio ZEDE, el modelo extractivista y el colonialismo económico”.
