Del castigo a la cura: Justicia terapéutica plantea modelo para rescatar jóvenes en cárceles por consumo de drogas

La alta disponibilidad de drogas sin control legal , unida a la falta de oportunidades y al deterioro familiar , ha impulsado el crecimiento del consumo entre menores y jóvenes en República Dominicana durante los últimos ocho años. Esta problemática acarrea graves consecuencias, como la deserción escolar , abandono familiar , daños a la salud y la participación en actos delictivos para obtener sustancias ilícitas , según Manuel Capellán , director ejecutivo de Hogar Crea Dominicano , institución con cinco décadas de servicio.

“Me introduje al mundo de las sustancias a través de unos amigos cuando tenía 11 años, en la escuela. El alcohol fue mi puerta de entrada a las drogas”, relata a elDinero un adolescente de 16 años de Hogar Crea Niños y Adolescentes , en La Vega . “Mi primer contacto con las autoridades fue por robo , y cuando me vi preso pensé que no tendría salida, hasta que me ofrecieron la oportunidad de ingresar a un centro de rehabilitación , con presentación periódica ante un juez ”, sostiene Manuelito , nombre ficticio para proteger su identidad.

Manuelito es uno de los 83 (7.8% de un total de 1,062) adolescentes y jóvenes en tratamiento en esta institución con casos pendientes ante la justicia , reflejo de la dura realidad que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes (NNA) en conflictos con la ley penal , cuyas actos delictivos a menudo están impulsadas por el consumo de drogas .

La justicia terapéutica y de reinserción social marca un cambio significativo: del “castigo a la cura”, adoptando un enfoque más humano que el sistema penal tradicional. A través de la rehabilitación, esta modalidad busca no solo sancionar, sino también curar, atendiendo las raíces del comportamiento delictivo . “No son criminales, son seres humanos atravesados ​​por el dolor y la exclusión ”, afirma Henry Molina , juez presidente de la Suprema Corte de Justicia .

Transformación de la justicia centrada en la víctima

El caso de Julio Berroa, de 32 años, ilustra esta transformación. Arrestado por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas , forma parte de los 187,221 arrestos realizados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) entre 2020 y 2025.

“Yo era consumidor compulsivo de cocaína . Recuerdo el día en que las autoridades me arrestaron. Nunca pensé que habría otra salida cuando me vi en La Carcelita , un lugar controlado por los piperos “, narra a elDinero . Sin embargo, una jueza le dio una segunda oportunidad: “Ese muchacho necesita buscar ayuda”, les dijeron a sus padres, sugiriendo su ingreso a un centro de rehabilitación . Hoy, dos años después, Julio se encuentra en la etapa final de su tratamiento, el cual incluye cursos técnicos para su reinserción al mercado laboral. 

Entre 2014 y 2022, el Observatorio del Poder Judicial registró un total de 189,724 casos relacionados con drogas que ingresaron a los tribunales , de los cuales el 31.8% correspondió a Santo Domingo y el Distrito Nacional .

El desglose revela que 93,659 de esos casos fueron por narcotráfico , representando el 49.3% del total. Le siguen la distribución, con 64, 464 casos (33.9%); la posesión simple , con 22, 288 (11.7%); y la combinación de distribución y narcotráfico , con 6,480 (3.4%). Solo 2,269 casos (1.1%) se registraron por consumo , mientras que 458 permanecen sin definición.

Pero ¿qué es exactamente la justicia terapéutica y de reinserción social ? La magistrada Kenya Romero , del Poder Judicial , la describe como un enfoque que busca entender esas dinámicas para que su paso por el sistema de justicia dominicano sea aleccionador y terapéutico, no doloroso. “Los problemas jurídicos son solo la punta del iceberg; lo que subyace son factores de riesgo que acompañan a los jóvenes a lo largo de su vida”, explica Romero en entrevista con elDinero.

Entre enero y junio de 2023, la DNCD detuvo a 23,760 personas por violaciones a la Ley de Drogas, de las cuales el 54.6% eran jóvenes de hasta 35 años . Romero señala que alrededor del 70% de los delitos menores están relacionados con el consumo de drogas , lo que llevó a la creación del Programa de Tratamiento bajo Supervisión Judicial (PTSJ) , centrado en delitos menores y no graves.

“Este programa tiene como objetivo adentrarnos en una solución, no solo jurídica, sino también sanitaria y terapéutica, que contribuya a que la motivación de la persona para entrar en conflicto con la ley desaparezca o disminuya”, enfatizó la jueza Romero.

La experiencia de las psicólogas clínicas de dos cárceles del país, Agustina Medina y Rosanna Ferreras , evidencia esa realidad. Cuenta a elDinero que en el Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva (CAPLIP-2) , una cárcel preventiva en Santo Domingo, aunque los jóvenes no permanecen mucho tiempo en el centro, un alto porcentaje llega con problemas vinculados al consumo de drogas.

Tanto Ferreras como Medina explican que “la mayoría delinque para mantener el vicio”, cometiendo delitos como robo y maltrato. Además, su experiencia de 18 años en la cárcel La Victoria, en Santo Domingo Norte , revela que muchos de estos jóvenes están allí por la necesidad de sostener su consumo.

“ En cárcel La Victoria se ofrece asistencia a través de un pabellón llamado Hogar Crea, enfocado en la rehabilitación de los consumidores internos, pero no está funcionando completamente”, denunció Medina.

Por ello, el programa PTSJ del Poder Judicial , firmado en julio de este año a través de un acuerdo de cooperación entre diversas instituciones, incluyendo el Consejo del Poder Judicial (CPJ), el Ministerio Público , el Servicio Nacional de Salud (SNS) , el Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) , busca dar una respuesta integral a estos casos.

Con más de 20 años de experiencia, la jueza Romero, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional subrayó que este programa, que tuvo una fase piloto y ahora está en una segunda etapa, aborda no solo la solución jurídica, sino también la sanitaria y terapéutica, con el objetivo de reducir la motivación del delito. Este proyecto, desarrollado durante más de una década con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), propone un enfoque multidisciplinario para atender a jóvenes con consumo problemático de drogas.

“La intención es expandir el programa a los demás departamentos judiciales porque pasamos por un proceso científico y técnico de evaluación y monitoreo que dio como resultado que es la alternativa más viable para este tipo de programas”, dijo la jueza Romero.

No obstante, para expandirlo a todo el país hace falta terminar de mapear los servicios de salud e identificar los lugares que no cuentan con el servicio y que sigan siendo más robustos, de la mano con la capacitación para sensibilizar y ser empáticos sin ser paternalistas.

“Hay que entender que no todas las personas acceden al sistema de justicia en igualdad de condiciones”, indicó Romero, al reconocer que hace falta desarrollar las estrategias, pero que existe una mesa de coordinación nacional para hacer más robusta la práctica, pues se trata de un cambio de cultura que toma tiempo.

Para determinar el consumo problemático de drogas, la magistrada específica que se les realiza varias pruebas previas que incluyen analíticas y con psicólogos, además de ser validadas por psiquiatras.

Asimismo, establece que el Poder Judicial, a través de jueces de instrucción y de ejecución de la pena, tendrá un papel esencial en la celebración de audiencias y en la supervisión del cumplimiento del tratamiento, asegurando el respeto a los derechos fundamentales y previniendo la revictimización.

Al respecto, el juez de Ejecución de la Peña, José Manuel Arias , calificó como “trascendental” este enfoque terapéutico. Resalta que la reinserción social, respaldada por el artículo 40-16 de la Constitución, es vital para ayudar a los jóvenes afectados por problemas de drogas a recuperarse y reintegrarse plenamente en la sociedad. Esta iniciativa, aseguró Arias a elDinero, no solo busca la rehabilitación individual, sino también el fortalecimiento del tejido social.

El programa permite derivaciones a psicólogos y psiquiatras para un diagnóstico integral, sin que esto signifique exoneración de la pena. Romero aclaró que este enfoque no equivale a exoneración, pues las sanciones varían según el tipo penal de la Ley 50-88 y la sustancia involucrada: desde hasta cinco años para menores de 15 años, hasta ocho años para adolescentes de hasta 17 años, quienes son enviados a centros especializados, y hasta 20 años en los casos más graves.

El informe mundial sobre drogas 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), describe cómo el derecho a la salud es un derecho humano reconocido internacionalmente que pertenece a todos los seres humanos, independientemente de la situación de uso de drogas de una persona o si una persona está privada de la libertad, detenida o sentenciada a prisión. Esto incumbe por igual a las personas que usan drogas, a sus hijos e hijas, a sus familias y a otras personas de sus comunidades.

La magistrada Romero enfatiza la importancia de brindar el tratamiento adecuado para facilitar la reinserción social. “Cuando reciban la ayuda necesaria, no solo abandonen el consumo de drogas, sino que también dejen de delinquir, ya que ambos factores están estrechamente relacionados”.

Agregó que la voluntad institucional y el compromiso han dado resultados. “El país fue evaluado por el Centro para la Innovación de la Justicia de Nueva York, con resultados favorables en un 100% para este programa (PTSJ)”, evidencia.

Medina acompaña a los internos en un proceso terapéutico que les ayuda a tomar conciencia de su situación, recordándoles que la rehabilitación no es un “resort”, sino un camino hacia la regeneración, apoyado por diversos programas y charlas que han mostrado resultados positivos.

En entrevista a elDinero, Nasser Issa Ricardo, cuenta que a los 15 años, influenciado por amistades y el “oscuro” mundo de la música,  comenzó su descenso a la adicción. “Empecé con  marihuana y cigarrillos  , convirtiéndome en un fumador activo; luego pasé a la cocaína. Con la llegada de la pandemia del covid-19, en 2020, comencé a consumir crack, éxtasis y té de campana, probando casi todas las drogas, excepto la heroína”, relata. 

Los problemas con la ley marcaron un punto crítico en su vida. “Un día, mientras estaba en un punto (venta) de drogas, fui arrestado por la DNCD  y, luego en la Justicia me impusieron presentación periódica, aun debo asistir”, recuerda.

“Estuve al borde de perder a mi esposa, ya que la  familia  no sabía cómo más ayudarme. Agradezco haber sido arrestado ese día, porque fue entonces cuando reconocí verdaderamente que estaba enfermo y necesitaba ayuda”, sostiene.

Níñez, “blanco fácil” para el mundo de las drogas

En el caso de los menores de edad, entre enero y septiembre de este año, en el país se han dictado 42 sentencias a NNA infractores por casos de drogas. Entre 2020 y 2025 se emitieron 210 sentencias a menores de edad, según cifras preliminares ofrecidas por el Poder Judicial, vía solicitud de el Dinero al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (Saip).

Anyoli Sanabria, representante adjunto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país , destaca que los NNA infractores vinculados al consumo de drogas enfrentan múltiples factores de riesgo, como la falta de políticas sociales, el reclutamiento por bandas de microtráfico y la exposición a la violencia y la pobreza.

Sanabria enfatizó que la justicia dominicana debe adoptar un enfoque centrado en la protección y la salud pública, priorizando medidas socioeducativas y de rehabilitación en lugar de un enfoque puramente penal.

De acuerdo con estadísticas de la ONDP, entre 2003 y 2024 esta institución ingresó 490,262 casos, de los cuales el 7.7% corresponde a NNA. Solo el año pasado, esta oficina atendió a un total de 90,688 personas en sus 35 oficinas; de ellas, 85, 722 (94,5%) fueron adultas y 4,966 (5,5%) NNA.

“Es crucial establecer programas de atención integral que aseguren el acceso a la salud, la educación y el apoyo psicosocial, minimizando la privación de libertad”, afirma Sanabria a elDinero la experta en Ciencias de la Educación. Considera que, para este grupo, las intervenciones sociales que fomentan el desarrollo individual y familiar son más efectivas y sostenibles.

Carlitos, es otro adolescente de 17 años, comparte con elDinero su desgarradora historia de adicción y delincuencia. Tras dos años de rehabilitación en el Hogar Crea de Niños y Adolescentes en La Vega, se atreve a mirar hacia atrás. Su infancia estuvo marcada por la disfunción familiar y la falta de orientación.

“A los seis años bebía alcohol, a los ocho fumaba cigarrillos y a los once empecé a consumir marihuana. A los 15 ya usaba cocaína”, relata con cruda sinceridad.

Señala que la mala conducta y la búsqueda de aceptación en un entorno hostil lo empujaron a las drogas y a una vida delictiva. “Por medio de la adicción, me acerqué a pandillas, cometí robos, agresiones e incluso secuestros”, confiesa. Carlitos, cuyo nombre ha sido cambiado para proteger su identidad, narra que fue detenido más de siete veces, siempre liberado gracias a conexiones corruptas del microtráfico.

Su vida tomó un giro inesperado cuando se le ofreció una segunda oportunidad en un programa de rehabilitación. “Solo pensaba en quitarme la vida”, recuerda. Hoy, con apoyo de los especialistas de Hogar Crea, Carlitos deja atrás al adolescente desorientado de hace dos años y se esfuerza por ser un ente positivo en la sociedad.

Por su parte, Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerables, advierte que la situación del consumo de drogas en el país es crítica y requiere mayor apoyo para adolescentes y jóvenes. “Esto es un problema de salud mental; deben ser considerados enfermos, no delincuentes”, enfatiza a elDinero.

Critica la Ley 50-88 sobre Drogas, que considera obsoleta, pues no aborda adecuadamente la rehabilitación de los consumidores. Meccariello subraya la necesidad de centros de atención más especializados, no solo ambulatorios, para atender a jóvenes y adolescentes en situación vulnerable, especialmente aquellos en riesgo de abuso sexual.

Destaca que “una persona bajo el efecto de las drogas no tiene control sobre sus acciones”, lo que aumenta su probabilidad de cometer delitos. Denuncia que muchos NNA son utilizados como “mulas” en la distribución de drogas en fiestas clandestinas, exponiéndose a graves riesgos de sobredosis.

De su lado, el director de Hogar Crea Dominicano añade que, aunque la Ley 50-88 y la Ley 136-03, conocida como “ Código del Menor ”, ​​brindan cierta protección a los adolescentes, esto ha llevado a que los microtraficantes los utilicen como empleados o “delivery”, sabiendo que las sanciones son menores y que el adulto no está vinculado. Indica que muchos jóvenes son arrestados y liberados rápidamente, lo que perpetúa el ciclo del delito.

Tanto Meccariello como Capellán coinciden en que no existe una política nacional de prevención sólida. La falta de programas integrales que incluyan educación, deporte y orientación comunitaria deja a muchos jóvenes sin alternativas, contribuyendo al aumento del consumo y la delincuencia.

Avances y desafíos hacia una justicia más humana

En entrevista a elDinero, Rodolfo Valentín, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) , califica la justicia terapéutica como una oportunidad invaluable para jóvenes adictos involucrados en delitos menores. Este enfoque, según Valentín, no solo podría reducir la reincidencia, sino también facilitar la reintegración social.

“En lugar de ser simplemente encerrados en un sistema carcelario que perpetúa la criminalidad, se les ofrece la posibilidad de recibir tratamiento y apoyo. Esto brinda una nueva oportunidad para una vida productiva y alejada de las drogas”, enfatiza el abogado con 30 años de experiencia en el ámbito judicial.

Sin embargo, el camino hacia una justicia más humana enfrenta serios desafíos . Valentín señala que el sistema de justicia dominicano carece de recursos y de una formación adecuada, además de la necesidad de un cambio de mentalidad que priorice la rehabilitación sobre el castigo.

Según datos de la ONDP, desde 2016 hasta la fecha se han registrado 3,515 casos de jóvenes en conflicto con la Ley 50-88. De este total, el 89. 4% (3,145) se encuentran en libertad, mientras que el 10. 4% permanece en prisión.

“Es crucial resaltar que la mayoría de estos jóvenes son consumidores” , subraya el director de la ONDP. 

Aunque el consumo es sancionado por dicha ley, Valentín hace un llamado a los operadores del sistema, incluido el Ministerio Público, para que reconozcan que estos jóvenes son, en su mayoría, enfermos que necesitan un tratamiento diferenciado.

Actualmente, la Defensa Pública cuenta con solo 300 defensores, quienes manejan entre 450 y 500 casos de privados de libertad cada uno, lo que genera un déficit de 258 defensores y afecta la calidad del servicio.

A pesar de estas limitaciones, Valentín asegura que muchos de los casos resultan absueltos, descargados o con auto de no ha lugar. Ante ese déficit , destacó que esta gestión ha realizado tres concursos para defensores públicos, con 78 profesionales en formación en la Escuela Nacional de la Judicatura, listos para atender las necesidades ciudadanas en el país.

Según datos de la ONDP, entre 2003 y 2024 se registraron 490, 262 casos penales, con un aumento de 1,975 en 2024, de los cuales el 93.7% corresponde a hombres.

“Hay una considerable cantidad de casos de simple posesión que involucran a consumidores, pero aquellos más graves, como los de distribución y tráfico, también involucran a consumidores usados ​​como ‘mulas’”, enfatiza Valentín a elDinero.

De acuerdo con datos del Observatorio Dominicano de Drogas, del CND , entre enero y junio de este año la DNCD reportó un total de 23,759 personas detenidas de distintas nacionalidades, mayoritariamente dominicana y haitiana, siendo algunas por la Procuraduría General de la República (PGR) 1,855 por violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Indica que el crack es la sustancia más incautada en las provincias Duarte, Santo Domingo, el Distrito Nacional y La Romana. La ONDP forma parte de la reciente cooperación interinstitucional del Poder Judicial para el PTSJ, la cual, según Valentín, contempla la creación de un tribunal de tratamiento de drogas que contará con un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, médicos, fiscales, defensores y jueces. Este esfuerzo busca acompañar y desintoxicar a los jóvenes, brindándoles educación para su reintegración.

“Estamos comprometidos a aportar el 100% como defensa pública dentro de este programa para salvar a la mayor cantidad posible de jóvenes de la maldición de las drogas en República Dominicana”, expresa el titular de la Defensa Pública.

Valentín enfatiza la lucha por un trato digno para los privados de libertad, destacando que la ONDP asiste al 87% de ellos, incluidos los jóvenes consumidores de drogas. También mencionó la necesidad de trasladar a los enajenados mentales a centros psiquiátricos, asegurando que reciban el tratamiento adecuado y, en casos terminales, logren su libertad.

De su lado, el sociólogo y presidente del CND, Alejandro de Jesús Abreu , el tema de las drogas es un fenómeno complejo que afecta la estabilidad familiar. Proponer establecer indicadores que puedan mediar el avance y resultados del programa TSJ, el cual califica de clave para avanzar en la rehabilitación de los jóvenes consumidores.

El programa no es nuevo, y Valentín confía en que ayudará a reducir la carga de presos preventivos y el ingreso de menores al sistema penal. Además, destacó la vulnerabilidad de las niñas, con 129 jóvenes asistidas por casos de drogas, instanciando a la intervención del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia ( Conani) .

“No podemos ignorar esta problemática, ya que puede convertirse en un pandemonio futuro. La falta de acción derivará en un aumento de la criminalidad”, recalca Valentín, subrayando la urgencia de implementar el programa.

La modalidad de la justicia terapéutica es un modelo que viene tomando relevancia en varios países de América Latina, que han creado esquemas de guías para su implementación efectiva. 

Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini , considera que los jóvenes deben ser abordados desde una perspectiva social y con una asistencia basada en diagnósticos adecuados.

“Hay que hacer un levantamiento para atacar desde la raíz las causas y reitero que se les asimile como lo que son: enfermos. Si es un tema de consumo, no deben ir a las cárceles. La Ley 50-88 sobre drogas permite ese escenario”, subrayó Potentini a elDinero.

Propuso que entidades como Hogar Crea y Casa Abierta, que llevan décadas sirviendo a estos propósitos, reciban la dimensión que ameritan las circunstancias, así como los recursos necesarios, y que el Estado adopte como política pública empoderar a estas instituciones para que puedan enfrentar este problema, fruto del trasiego de drogas en el país.

Agrega que, si bien pueden existir reformas legales pendientes, en este momento no se trata de un vacío jurídico, sino de falta de voluntad política y conciencia sobre el tema para evitar la revictimización de este segmento poblacional.

Potentini entiende que la justicia terapéutica y la reinserción social constituyen la respuesta adecuada a esta problemática. “El esquema y las leyes que tenemos lo permiten, como el Consejo Nacional de Drogas, que es el brazo preventivo, pero es fundamental que estas entidades cooperen y amplifiquen su trabajo en coordinación con la sociedad civil”.

Tanto Valentín como Potentini coinciden en que la justicia terapéutica contribuiría a reducir la cantidad de presos preventivos y descongestionar las cárceles , evitando así situaciones injustas.

Salud mental en las cárceles: hacinamiento, poco presupuesto y escasez de especialistas agravan los trastornos mentales

El programa del PTSJ aboga por la justicia terapéutica, enfocándose en el impacto del sistema legal en el bienestar emocional y mental de los internos.

Sin embargo, la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Yanis Mejía, explica a elDinero sobre la alta escasez de profesionales: solo hay 53 psicólogos disponibles para atender a cerca de 27.000 reclusos en el país.

A finales de 2023, la población carcelaria alcanzó los 26,207 internos, con un hacinamiento del 67.5%, lo que supone 10,564 personas en exceso y agrava los problemas de salud mental.  A la fecha, esta cifra se ha reducido a 24,725, lo que representa una disminución de 3,120 privados de libertad, equivalente a un 11.19%. Según Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), más de 430 reclusos padecen trastornos mentales.

“La Onaprep, desde la Presidencia de la República, quiere llamar la atención sobre los daños que causa a la sociedad, incluidos los privados de libertad, el tema de la salud mental no manejado ni de manera preventiva ni de forma clínica adecuada y reactiva”, expresó Santana a elDinero.

Agrega que el impacto del encarcelamiento implica una incidencia en la estabilidad emocional de los encarcelados.

De los 41 centros penitenciarios, solo cinco pabellones están destinados al tratamiento de estas condiciones, con 125 reclusos en terapia. Sin embargo, la falta de psicología personal y psiquiátrica es crítica .

“La atención psicológica es vital para las personas privadas de libertad, especialmente las que consumen drogas”, enfatiza la  Mejía a elDinero.

 

Asimismo, la psiquiatra Francis Báez, especialista en adicciones y director del Departamento de Salud Mental del Servicio Nacional de Salud (SNS), critica la falta de psiquiatras en el sistema penitenciario, al revelar que de los más de 300 que existen en el país, menos de 20 están asignados a las 41 cárceles.

“Uno o tres psiquiatras para más de 500 internos no funcionan”, afirma la psiquiatra Báez, demandando un programa específico para abordar la salud mental en los centros penitenciarios.

Esta situación también se refleja en los 41 centros de Hogar Crea, que, según su director, solo pueden suplir entre el 40% y el 50% de los especialistas que requieren. Citó que el área sur no tiene psiquiatra, y que solo Santo Domingo y Santiago logran suplir a las demás demarcaciones, lo que limita su eficiencia.

Báez advierte que el conflicto con la ley surge cuando los jóvenes, en su búsqueda desesperada por drogas, caen en el vandalismo y la delincuencia, cometiendo robos y atracos, incluso en sus propios hogares. “El día que no consume, sufre síntomas de abstinencia que los vuelven, inclusivos, violentos”, explica.

Según datos del Poder Judicial, suministrados a elDineroa través del Portal Único para Solicitar Acceso a la Información Pública (SAIP), entre enero y agosto de este año, la jurisdicción de NNA en primera instancia registró 1,744 infracciones con medidas cautelares . De esa cantidad, el 17.6% (307) correspondió a asociación de malhechores. Le siguen golpes y heridas, con 165 casos (9.5%); robo sin violencia, con 154 (8.8%); y distribución de sustancias controladas, con 133 (7.6%).

Las expertas en salud conductual coinciden en que la falta de recursos humanos y la atención de un equipo especializado son obstáculos esenciales. “Una golondrina no hace verano”, recalca Báez, quien enfatiza que la justicia debe actuar con voluntad, presupuesto y visión. Agregue que los medicamentos de salud mental son importados, por lo que resultan muy costosos. Además, estos psicofármacos son de uso prolongado, y la cantidad disponible es insuficiente ante la alta demanda.

“La salud mental en las cárceles dominicanas brilla por su ausencia”, enfatizó a elDinero, demandando atención urgente a esta crisis que afecta a los jóvenes en conflicto con la ley y el consumo de drogas.

De igual forma, las psicólogas clínicas Medina y Ferrera s, ambas con experiencia laboral en la cárcel La Victoria, dan fe de ello. “En La Victoria, por poner una cifra, se necesitan 10 o más psicólogos; mientras que en el caso del CAPLIP-2, como es un centro provisional, existen solo dos que apenas compensan la demanda”, enfatiza Medina, subrayando la necesidad de más personal de salud mental.

Asimismo, el juez Arias subrayó que el hacinamiento, la violencia y la deficiente atención sanitaria impactan negativamente en la salud mental y la reinserción social de los internos. Propuso la creación de una red provincial de unidades en hospitales para atender a reclusos con problemas mentales. Por su parte, Valentín instó al Estado a construir un centro psiquiátrico con especialistas suficientes en el área de salud mental.

Retos

Para el abogado penalista Mario Aguilera , dada la situación actual del país, es evidente que los jóvenes, especialmente aquellos que se encuentran en conflicto con la ley, enfrentan múltiples vacíos y desafíos tanto legales como estructurales.

Entre los principales problemas, Aguilera cita la escasez de centros públicos de tratamiento especializados, la ausencia de protocolos unificados de atención y la falta de seguimiento postratamiento, factores que limitan significativamente las posibilidades reales de rehabilitación e inserción social. Entiende que, además, del acompañamiento psicológico continuo, la educación y la capacitación laboral son claves para su reinserción.

“El desarrollo de un joven en un entorno marcado por la violencia, la desigualdad y el consumo de drogas evidencia la necesidad urgente de que el Estado fortalezca políticas públicas integrales y sostenibles orientadas a garantizar una reinserción efectiva y humanizada”, subraya el experto en derecho penal a elDinero.

En el primer trimestre de 2025, la Dirección de Estrategias de Atención, Rehabilitación y Reinserción Social del Consejo Nacional de Drogas (CND) informó alrededor de 768 tratamientos ofrecidos a personas con conductas adictivas; de este total, más del 90% son hombres. El rango de edad más alto oscila entre los 24 y 49 años.

A nivel de prevención, el Observatorio indica que, un junio pasado, la Dirección de Estrategias de Prevención de Drogas y Promoción de la Salud trabajó con más de 200 organizaciones, realizando 666 actividades que impactaron a alrededor de 34,839 ciudadanos de todas las edades en el territorio nacional.

Digitalización ayuda a avanzar transformación judicial

La jueza Romero subrayó la importancia de la digitalización para transformar el sistema judicial , logrando reducir significativamente las rebeldías, especialmente en el Distrito Nacional. Gracias a un plan coordinado con la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, se dictaron 7.000 criterios de oportunidad.

Indicó que el análisis de casos mostró que muchas rebeldías provienen de consumidores problemáticos o de delitos menores, lo que sugiere que el tratamiento judicial debe ser diferenciado según las necesidades y riesgos de cada individuo.

Los entrevistados destacaron, por separado, que los beneficios de la justicia terapéutica y de la reinserción social tienen efectos positivos. La magistrada Romero indicó que actualmente el programa PTSJ se está implementando en el Distrito Nacional, pero la idea es que, al cierre de 2025, se expanda a los cinco departamentos judiciales de manera progresiva. “Ya en el Distrito Nacional está funcionando; los demás departamentos están avanzando”, aseguró Romero.

Carlitos, en su corta edad, reconoce que la justicia terapéutica es la respuesta para jóvenes que, como él, estaban sumergidos en las drogas y los hechos delictivos. “Entiendo que la justicia se ha modificado mucho y que ahora los jueces están tomando los centros de rehabilitación como una oportunidad para los jóvenes con actos delictivos y consumo de drogas. Se están ocupando del problema, no solo de culpar al individuo y castigarlo por sus hechos”, expresa.