Un estudio publicado esta semana por el Banco de Desarrollo Interamericano (BID) subraya como principal desafío de Latinoamérica y el Caribe la limitada competencia en los mercados y también que reducir la fragmentación de los mismos y fortalecer marcos regulatorios es clave para afrontarlo con éxito.
“Si América Latina tuviera los niveles de competencia que se observan en economías más avanzadas, encontramos que el PIB per cápita podría ser de alrededor de un 11% más alto y además la desigualdad caería”, explicó en una rueda de prensa para presentar el informe el economista líder del Departamento de Investigación del BID, Matías Busso.
Busso, uno de los autores de esta investigación que ha llevado dos años y medio de trabajo, apunta también que la competencia de los mercados de Latinoamérica y el Caribe es “sistemáticamente débil” debido a que éstos están altamente concentrados, “aproximadamente cuatro veces más que en economías avanzadas”.
Esos dos años y medio de trabajo han dado como fruto CompeteLAC, la primera base de datos de indicadores de competencia comparables para la región, que permite arrojar varias conclusiones de peso.
Las cifras muestran que, ante el panorama de competencia exigua, en las economías regionales prepondera la informalidad, la escasa productividad y una muy baja inversión en innovación y desarrollo (el desembolso en I+D como porcentaje de las ventas es solo del 0.26% frente al 1.03% en la UE).
De este modo, cerca del 95% de los empleadores tienen menos de cinco trabajadores y concentran el 57% del empleo, mientras que los grandes y productivos, aquellos que emplean a más de 50 personas, representan solo el 1% de todas las empresas y suministran en torno al 20% de los puestos de trabajo.
A su vez, los sobreprecios en bienes y servicios en la región son en promedio del 35% sobre el costo frente al 20% que se registra en otros mercados más competitivos, al tiempo que los trabajadores de la región se llevan en promedio a casa solo la mitad del valor que generan, frente al 65% en EE.UU. o el 81% en otras economías avanzadas.
Del mismo modo, la concentración en el sector de telecomunicaciones o bancario genera precios persistentemente más altos para usuarios en el primero de los casos y costos de financiación más altos para los clientes de las entidades prestatarias.
El estudio establece tres prioridades, empezando por reducir la fragmentación de los mercados con mejor infraestructura, armonización normativa, interoperabilidad de sistemas o agilización de procesos fronterizos.
También recomienda establecer marcos más eficientes para corregir las fallas de los mercados y eliminar normativas que fomentan solo el modelo del pequeño empleador.
Además, propone fortalecer a las agencias de defensa de la competencia y ampliar sus capacidades legales para erradicar los comportamientos anticompetitivos.
El informe insiste en que abordar el reto de la falta de competitividad ayudará a reducir los precios para los consumidores, además aumentar productividad, mejorar la calidad del empleo o mejorar el balance fiscal.
En este sentido, se calcula que el impacto macroeconómico de una mayor competencia en los mercados de productos puede reducir la desigualdad en casi el 6%, aumentar los ingresos fiscales en más de un 2%, o aumentar la facturación del sector formal en más de un 4%.
