“Cuando el poder se separa de la responsabilidad, la corrupción deja de ser una anomalía y se convierte en sistema”.- Montesquieu
Únicamente, hasta donde tenemos noticias, en las administraciones de Danilo Medina un caso de corrupción había reunido tantos elementos de gravedad institucional, daño social y erosión moral como el destapado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). No estamos solo frente a cifras escandalosas -que por sí solas estremecen-, sino ante la quiebra de la confianza ciudadana en un pilar esencial del Estado social: el derecho a la salud, especialmente de los estratos más vulnerables de la sociedad dominicana.
La llamada Operación Cobra, encabezada por el Ministerio Público, revela de forma descarnada la existencia de un entramado criminal instalado en la mayor aseguradora pública del país. Según el expediente, una estructura dirigida desde la alta gerencia de Senasa habría desviado, manipulado y lavado recursos públicos mediante contratos amañados, facturación falsa, sobornos sistemáticos y la adulteración crónica de los estados financieros. Las estimaciones preliminares hablan de un fraude de al menos RD$15,900 millones, aunque investigaciones periodísticas apuntan a que el saqueo a los contribuyentes podría ser superior.
La dimensión más perturbadora del caso no es únicamente económica. Senasa administra recursos destinados a garantizar atención médica a cientos de miles de dominicanos de bajos ingresos. Cada peso desviado significó menos medicamentos, menos tratamientos oportunos, hospitales públicos asfixiados financieramente y, sobre todo, expectativas vitales frustradas.
El Ministerio Público documenta prácticas particularmente siniestras, como la facturación de servicios médicos a personas fallecidas, procedimientos oncológicos inflados, intervenciones cardiovasculares innecesarias y diagnósticos ficticios. En este caso, la corrupción no fue abstracta. Sin duda, tiene rostro humano y consecuencias clínicas reales.
El impacto sobre la confianza ciudadana es devastador. Cuando una institución diseñada para proteger la vida se convierte en vehículo de enriquecimiento ilícito, el daño trasciende al gobierno de turno y se proyecta sobre todo el sistema democrático.
La reacción institucional, aunque tardía, marca un punto de inflexión. La decisión del presidente Luis Abinader de destituir a la cúpula de Senasa, respaldar la acción penal y ordenar la recuperación de los fondos robados no deja de ser políticamente relevante. También lo es el anuncio de un “Senasa 2.0”, orientado a reconstruir controles, transparencia y gobernanza. Sin embargo, la magnitud del daño exige una reforma integral que cierre las brechas legales, fortalezca la fiscalización y haga imposible que una red similar vuelva a operar.
Este caso quedará como una prueba decisiva para la democracia dominicana. Si se imponen sanciones ejemplares, se recuperan los recursos, se transforma la institucionalidad y se destierra el clientelismo prevaleciente, tan perverso como osado, el sistema habrá demostrado capacidad de autocorrección. Si no, Senasa se sumará a la larga lista de escándalos que consolidan la idea de que la corrupción es estructural e impune. De ello, hace tiempo, muchos ya estamos convencidos.
