Por: Robert S. Mustafá Rivera
El 2025 ya quedó atrás. Y aunque sería injusto negar avances -normativos, institucionales y técnicos-, también sería irresponsable no reconocer que cerramos un año que deja mucho que desear.
Durante años discutimos riesgos que parecían lejanos, casi teóricos. Hoy ya no hablamos de mitos ni de hipótesis académicas. Hablamos de situaciones reales que, a corto o mediano plazo, podrían erosionar seriamente —cuando no destruir— los esfuerzos acumulados por robustecer, ordenar y corregir un sistema que ha costado tiempo, recursos y credibilidad construir.
La República Dominicana no entra al 2026 desde la ingenuidad. Entra con experiencia. Y precisamente por eso, los desafíos actuales preocupan más.
No es que no sepamos lo que hay que hacer. Lo sabemos demasiado bien. Lo que ocurre es que hacerlo incomoda intereses, y la incomodidad nunca ha sido una política pública popular.
La República Dominicana entra al 2026 con un sistema antilavado que, en el papel, luce respetable: leyes, reglamentos, evaluaciones y compromisos internacionales. Todo eso existe.
Lo que no existe —o no en la medida necesaria— es la voluntad de asumir conversaciones difíciles sin populismo, sin excusas y sin cálculo político.
Porque el lavado no se combate con comunicados. Se combate con decisiones que cuestan.
El 2026 no es un año cualquiera. Es un año donde la política arrecia, donde la competencia se vuelve voraz y mordaz, y donde la prudencia suele perder frente al ruido. Es el año de las posiciones, de quienes las buscan y de quienes pagan campañas masivas de descrédito para desacreditar a todo aquel que intenta hacer una labor decente desde el Estado o tienen hambre de poder.
Al final, parece cierta aquella frase incómoda: la maldad hace más ruido que la bondad.
Y en ese ruido, el antilavado suele quedar relegado. No da votos, pero sí genera enemigos.
Y mientras el año cierra con designaciones en altas posiciones de poder, la pregunta queda flotando, incómoda, sin comunicado oficial que la disipe: ¿son estos movimientos fichas estratégicas para garantizar la impunidad que tanto nos molesta? ¿O son premios tardíos para estructuras de poder que ya no tienen nada nuevo que ofrecer?
No lo afirmo. Lo pregunto. Porque cuando los nombramientos o las destituciones generan más silencio que confianza, el problema no es la sospecha ciudadana, sino la falta de respuestas. Y en materia antilavado, el silencio nunca ha sido neutral.
Hablemos de lo evidente.
Los criptoactivos ya no son una promesa futurista ni un capricho tecnológico. Son una realidad económica, financiera y criminal. Ignorarlos no los vuelve inocuos. Regularlos no es una concesión ideológica: es una obligación técnica.
Lo mismo ocurre con las fintech. Seguir posponiendo marcos claros solo beneficia a quienes operan en la zona gris, mientras el sistema formal asume riesgos que no diseñó.
Y hay un riesgo aún menos abordado: el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. No por falta de normativa, sino por exceso de silencio.
El contexto regional es preocupante. América Latina no está aislada de las dinámicas globales, pero sí ha mostrado una tendencia peligrosa a la inercia y a la subestimación de estas amenazas. Combatir estos riesgos no implica sobrerregular, sino entender cómo fluyen el dinero, los bienes y los servicios que, en apariencia lícitos, pueden terminar financiando causas que trascienden fronteras.
Cuando estos riesgos se ignoran, no se neutralizan: se desplazan. Y suelen hacerlo hacia los eslabones más débiles del sistema.
El sector cooperativo también exige franqueza. No todas las cooperativas ni todos sus líderes son idóneos para operar en el mercado formal. Fingir sorpresa no protege al sector: lo debilita.
Despolitizar el Idecoop, dotarlo de recursos reales y asumir una reforma profunda no es atacar al cooperativismo; es rescatarlo. Limpiar no es destruir. Es devolver credibilidad.
Y dejemos de fingir que no sabemos lo que ocurre en materia de supervisión. Los sujetos obligados no financieros siguen creciendo, mientras las estructuras supervisoras permanecen débiles y desgastadas. Confiar en que los sistemas lo resolverán todo no es eficiencia: es autoengaño institucional.
Los sistemas ayudan, pero jamás reemplazan el criterio, el análisis ni la presencia.
Aquí entra un punto crítico: la gobernanza de las empresas. No puede hablarse seriamente de prevención sin una independencia real, funcional y efectiva del Oficial de Cumplimiento. No la que figura en un manual, sino la que se ejerce con estatus, acceso directo a la alta gerencia y a los órganos de gobierno, y capacidad de incomodar decisiones cuando el riesgo —especialmente el penal— lo exige.
Cuando el Oficial de Cumplimiento es una figura decorativa, el riesgo no se gestiona: se posterga hasta que estalla. Y aquí la responsabilidad es directa de la alta gerencia y de los consejos de administración. Gobernanza deficiente, en contextos de riesgo penal, es una vulnerabilidad crítica.
Esto interpela también a los entes de supervisión. Supervisar no es solo revisar expedientes. Supervisar implica sostener conversaciones incómodas y asumir liderazgo en el discurso hacia los regulados. Cuando la supervisión se vuelve complaciente en el lenguaje, termina siendo débil en los resultados.
Y hay otro elefante en la sala: normativas sectoriales que llevan años en consulta pública y nunca terminan de publicarse. Reglamentos anunciados, borradores eternos, marcos ambiguos —en algunos casos de imposible cumplimiento— que rezagan la modernización y erosionan la seguridad jurídica. Un cordial saludo, desde aquí, al sector fiduciario.
Ese limbo normativo no es neutral. Cuando la regulación no llega, el riesgo no espera.
Una mención necesaria al sector de juegos de azar. La informalidad histórica y la débil cultura de cumplimiento han provocado un de-risking generalizado que castiga incluso a quienes quieren hacer las cosas bien. Tolerar el incumplimiento no protege al sector: lo condena.
Un apartado especial a los Agentes de Remesa y Cambio. Un sector que ha operado durante años bajo una presión regulatoria intensa, muchas veces desproporcionada, enfrentando altos niveles de informalidad, de-risking y exclusión financiera, aun cuando una parte significativa de sus actores ha realizado esfuerzos genuinos por fortalecer sus controles y profesionalizar su gestión.
Seguir tratando al sector como un bloque homogéneo no solo es injusto, sino ineficiente. Penaliza a quienes hacen las cosas bien y termina empujando a otros hacia la informalidad que precisamente se busca combatir.
El 2026 exige un enfoque más fino: disciplina, supervisión efectiva y sanciones firmes para los incumplidores, pero también criterio, acompañamiento y reconocimiento para aquellos agentes de remesa y cambio que han asumido el cumplimiento como parte de su modelo de negocio y no como una carga impuesta.
El presupuesto nacional tampoco acompaña el discurso. La reducción prevista para la Procuraduría General de la República en 2026 preocupa. No por capricho, sino porque se traduce en investigaciones incompletas, casos débiles y frustración social. Esto no es una crítica a los fiscales, sino un reconocimiento a su esfuerzo casi heroico: hacer todo sin tener nada.
Y entonces llegan los acuerdos. Acuerdos que dejan a la sociedad con hambre de justicia, donde quien roba una gallina recibe todo el peso del sistema y quien saquea millones negocia y se va sin devolverlo todo. Eso no es técnica penal. Es un mensaje. Y no es el correcto.
Llegamos así al punto más temido: las sanciones. Administrativas y penales.
Nos da miedo imponerlas por temor a “desestabilizar” el sistema financiero, como si la ausencia de consecuencias fuera una política de estabilidad.
La ley es clara. El conocimiento, el dolo, la obligación de conocer y la ignorancia deliberada son equivalentes y pueden inferirse de las circunstancias objetivas del caso. No hay vacío interpretativo. Hay tipicidad subjetiva plenamente configurada.
Con la Ley 155-17 ya pasó el período de prueba. Y con el Código Penal Dominicano de 2025, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una realidad reforzada.
La pregunta no es si habrá consecuencias. La pregunta es para quiénes y hasta cuándo.
Porque prevenir dejó de ser una opción. Y cumplir ya no es solo una expectativa administrativa.
Es una línea penal.
Necesitamos regímenes sancionadores proporcionales, disuasivos y efectivos. No para cumplir estándares internacionales, sino para demostrar que el país tiene capacidad de autogestión y un régimen de consecuencias que funcione sin importar a quién toque.
Porque ninguna empresa es perfecta. Ningún sistema lo es. Y asumir sanciones no debilita: ordena.
¿Conveniencia? No lo sé. Lo que sí sé es que estas decisiones necesarias no son nuevas. Nos esperan desde hace años.
Y el 2026 solo va a confirmar algo incómodo: la República Dominicana no necesita más diagnósticos.
Necesita disciplina, coherencia y la valentía de asumir consecuencias.
