Uno de los debates silentes (pero urgentes) de nuestro sistema financiero es ¿cómo proteger de manera explícita, técnica y creíble el ahorro de cientos de miles de dominicanos que confían su dinero a las cooperativas?
No basta con reconocer su peso social; hace falta un mecanismo institucional que convierta esa confianza en protección efectiva ante escenarios de estrés, sin asfixiar al sector ni duplicar estructuras.
En buena hora, el país avanza hacia un nuevo marco con la iniciativa que propulsó el Banco Central de República Dominicana (BCRD) ante el Poder Ejecutivo sobre el proyecto de Ley para regular a las cooperativas que realizan intermediación financiera.
La propuesta prevé que esas entidades pasen a la órbita de la Superintendencia de Bancos (SB), mientras las demás queden bajo un Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) fortalecido.
Es un paso en la dirección correcta y que responde a recomendaciones recurrentes por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad que año tras año las sugiere para elevar la calidad de la supervisión del sistema.
A la luz de esa coyuntura, propongo un instrumento específico, viable hoy y escalable mañana: Fideicomiso Público del Fondo de Garantías a Cooperativas.
Su función es simple de explicar y poderosa en impacto: asegurar hasta un monto máximo por persona los depósitos de los socios-ahorrantes de cooperativas que capten ahorro del público, activándose si y solo si, cuando una cooperativa entra en proceso de resolución/liquidación. Es una alternativa de verlo como una especie de “paraguas” en cuanto a confianza para el usuario final que, a su vez, disciplina la gestión de riesgos en el sector.
Ahora bien, ¿Por qué un fideicomiso público?
Porque la figura blinda el objeto (proteger ahorros), separa patrimonios, fija reglas de uso y crea órganos de decisión con deber fiduciario; además, permite trazabilidad y rendición de cuentas con métricas, reportes y auditorías bajo un solo techo, sin crear una entidad pública adicional.
Estructura lista para comenzar
Hoy por hoy el Idecoop pudiera actuar como Fideicomitente de este Fideicomiso Público, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Economía, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos.
En caso de que se convierta en ley el proyecto que elaboró el Banco Central en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, y el Idecoop se convierta en Superintendencia, con una adenda se subsana el tema del Fideicomitente, fortaleciendo la línea de mando regulatoria.
¿De dónde salen los fondos?
El fondeo de este Fideicomiso saldría de un esquema ex-ante con respaldo “backstop”, partiendo de que las cooperativas cubiertas hacen aportes periódicos calculados sobre depósitos asegurables (no sobre todo el balance) con una prima base ajustada por riesgo (gobierno corporativo, mora, concentración, PLAFT, auditorías).
El fondo persigue una meta de reserva multianual, por ejemplo: 1.5–3.0% de los depósitos asegurables, definida por estudio actuarial y puede acelerarse con capital semilla público o de organismos.
Para eventos extremos se activa una línea contingente con Hacienda/BCRD, que se repaga con primas futuras. Así, quien concentra más riesgo paga más; quien mejora su perfil, paga menos.
¿Qué gana el país?
La primera ganancia es confianza de los ahorrantes al tener una herramienta que les respalda, al existir un seguro explícito y verificable sobre los depósitos en cooperativas, se concilia el sueño de manera más pacífica y, por su lado, el sistema gana profundidad: entran más ahorros formales y se reduce la tentación de guardar dinero de manera no convencional o tradicional.
En segundo lugar, un esquema bien diseñado corta el contagio: Un problema puntual en una entidad no arrastra a las demás, protegiendo empleos, familias y proyectos que dependen del crédito cooperativo.
Se promueve la sana competencia al sentar que cada cooperativa paga en base al reflejo del riesgo que asume, lo que quiere decir que las buenas prácticas costarían menos y las malas por defecto más. Resulta que tendríamos un mercado que premia la gestión prudente y transparente.
¿Por qué ahora?
Porque el andamiaje legal ya se está moviendo: el proyecto de ley se encuentra en revisión. Postergar la protección explícita al ahorrante encarece el próximo evento adverso.
Si este fondo nace como fideicomiso público puede implementarse de inmediato bajo el marco vigente y ganar musculatura cuando entre en vigor la nueva normativa.
Conclusión
La legitimidad de un sistema financiero se mide por cómo trata a los ahorrantes. Este Fidecomiso Público es una decisión técnica y fiscalmente responsable si se diseña con primas por riesgo, metas de reserva y un backstop bien calibrado.
No es crear otra burocracia: es proteger mejor con reglas claras y cuentas separadas. Lo más importante, no frena a las cooperativas, les da un piso más sólido para crecer. Como he insistido antes, institucionalizar y estandarizar es la ruta para convertir recursos en confianza, y confianza en desarrollo.
