El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) prorrogó hasta el próximo 4 de marzo el proceso de recepción de comentarios, observaciones o aportes por parte de la ciudadanía sobre la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, que servirán de base para la actualización del marco legal que rige el sector telecomunicaciones en República Dominicana.
A través de una comunicación disponible en el portal web de la institución y medios de circulación nacional, el órgano regulador invita a los distintos actores del ecosistema de telecomunicaciones, así como a la ciudadanía en general, a revisar el cuadro de lineamientos elaborado por Indotel que resume los criterios y orientaciones fundamentales de la propuesta de reforma de la Ley General de Telecomunicaciones 153-98, y a remitir observaciones, comentarios y sugerencias que contribuyan a su fortalecimiento.
El Indotel dijo que el período para el envío de aportes se encuentra abierto desde el martes 23 de diciembre de 2025 hasta el miércoles 4 de marzo de 2026. “Las opiniones pueden ser remitidas al correo electrónico consultapublica@indotel.gob.do, habilitado específicamente para este proceso participativo”, explica la entidad.
“Los interesados pueden acceder al cuadro sinóptico a través de los canales oficiales del Indotel, como parte de un ejercicio de transparencia y apertura institucional que busca recoger visiones técnicas, jurídicas y sociales en torno a la transformación del sector”, agrega.
“La actual Ley General de Telecomunicaciones 153-98 constituye el principal instrumento normativo que regula el desarrollo, la prestación de servicios y la competencia en el sector de las telecomunicaciones en el país desde hace 27 años. Ante los avances tecnológicos, la convergencia digital y los nuevos modelos
2/2 de negocio, resulta necesario adecuar este marco legal a las dinámicas actuales del mercado y a las demandas de los usuarios”, cita.
En ese contexto, el órgano regulador de las telecomunicaciones dijo que impulsa este proceso de consulta pública como un paso previo a la formulación de una propuesta de reforma integral, alineada con las mejores prácticas internacionales, que garantice mayor eficiencia regulatoria, fomente la innovación, proteja los derechos de los usuarios y fortalezca la institucionalidad del sector.
