Nota del autor
Este texto es el primero de una serie de reflexiones sobre el debilitamiento del orden internacional y sus implicaciones para los países pequeños. No parte de una preocupación teórica abstracta, sino de una constatación práctica: las reglas que durante décadas contribuyeron a amortiguar la asimetría de poder en el sistema internacional están perdiendo eficacia, previsibilidad y, en algunos casos, legitimidad.
Para los Estados con capacidad de proyectar poder, este fenómeno amplía opciones estratégicas. Para los países pequeños, plantea dilemas más complejos. Su seguridad, su estabilidad económica y su margen de decisión no descansan en la fuerza que no tienen, sino en la calidad del entorno institucional en el que operan. Cuando ese entorno se erosiona, las decisiones que antes parecían evidentes dejan de serlo.
Esta serie no propone recetas ni respuestas cerradas. Tampoco adopta una mirada nostálgica sobre un orden que ya no existe tal como se anunciaba. Su objetivo es más exigente: examinar, con honestidad y sin ingenuidad, qué significa hoy defender principios, ejercer soberanía y diseñar una política exterior responsable desde la perspectiva de un país pequeño.
El punto de partida es el conflicto entre norma y poder. Las partes siguientes abordan las tensiones que emergen cuando ese conflicto deja de resolverse automáticamente a favor de las reglas, y cuando incluso el cumplimiento coherente de estas puede generar costos inesperados. El hilo conductor es simple, pero incómodo: en un mundo más áspero, la defensa del derecho internacional sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente.
Estas reflexiones están escritas desde la convicción de que nombrar la realidad, aun cuando resulte incómodo, es una condición previa para actuar con responsabilidad. Para los países pequeños, ignorar ese debate no es una opción.
El orden internacional atraviesa un momento de tensión profunda. Acciones recientes de grandes potencias, adoptadas al margen o en los límites de los mecanismos multilaterales, han reabierto un debate que parecía resuelto desde la posguerra: ¿gobierna el mundo el derecho o gobierna el poder?
Para los países grandes, esta pregunta puede ser filosófica. Para los países pequeños, es existencial.
Durante décadas, el derecho internacional —con todas sus imperfecciones— ha funcionado como un amortiguador frente a la desigualdad estructural del sistema internacional. La prohibición del uso unilateral de la fuerza, el respeto a la soberanía, la solución pacífica de controversias y el multilateralismo no surgieron por idealismo ingenuo, sino como respuesta racional a una realidad histórica: cuando el poder actúa sin reglas, los más vulnerables siempre pagan el precio más alto.
Hoy, sin embargo, asistimos a una normalización preocupante de la excepción. Grandes Estados justifican acciones extraordinarias en nombre de su seguridad, sus intereses estratégicos o su lucha contra amenazas transnacionales. El mensaje implícito es claro: las reglas valen mientras no estorben. Cuando estorban, se reinterpretan o se ignoran.
Este giro tiene consecuencias profundas.
En un mundo donde el poder sustituye a la norma, la soberanía deja de ser un principio jurídico y se convierte en una condición condicional. La igualdad entre Estados se vacía de contenido y el derecho internacional corre el riesgo de degradarse en un lenguaje retórico, útil para los débiles, prescindible para los fuertes.
Para un país pequeño como la República Dominicana, este escenario es particularmente delicado. Nuestra seguridad no descansa en la capacidad de proyectar poder, sino en la previsibilidad del sistema. Nuestra estabilidad económica depende de reglas claras, mercados abiertos y relaciones internacionales ordenadas. Nuestra voz cuenta cuando existe institucionalidad; se diluye cuando impera la fuerza.
Defender el derecho internacional, por tanto, no es un gesto ideológico ni una pose moral. Es una política de supervivencia.
Pero esta defensa no puede ser ingenua. El mundo real no es un aula de teoría jurídica. Las grandes potencias actúan conforme a intereses, no conforme a exhortaciones. Ignorar esa realidad sería tan irresponsable como renunciar a los principios que nos protegen.
La verdadera tarea de los Estados pequeños es más compleja: combinar firmeza normativa con prudencia estratégica. Defender las reglas sin convertirnos en actores estridentes. Apostar al multilateralismo sin perder de vista las relaciones bilaterales clave. Hablar con claridad, pero también con inteligencia.
La República Dominicana necesita una política exterior que entienda esta tensión. Una política que no confunda alineamiento automático con pragmatismo, ni silencio con sensatez. Una política que sepa que el respeto al derecho internacional y la buena relación con los socios estratégicos no son objetivos contradictorios, sino complementarios.
Cuando el orden internacional se debilita, los países pequeños tienen dos opciones: resignarse o apostar por más Estado, más diplomacia y más institucionalidad. La historia demuestra que la resignación siempre sale más cara.
En tiempos de incertidumbre global, la mayor fortaleza de un país como el nuestro no está en la fuerza que no tiene, sino en las reglas que contribuye a sostener. Defenderlas no garantiza un mundo justo, pero abandonarlas asegura uno mucho más peligroso.
Ese es el debate de fondo. Y es un debate que la República Dominicana no puede darse el lujo de ignorar.
