Desde que el presidente colocó la reforma de la seguridad social dentro del paquete de doce reformas estructurales, el debate sobre el sistema de pensiones volvió al centro de la conversación nacional. Y es saludable que así sea. Nuestro sistema cumple 25 años desde su diseño y, aunque ha funcionado mejor de lo que muchos reconocen, las proyecciones de tasa de reemplazo dejan mucho espacio para mejorar.
Las críticas y propuestas han sido diversas y van desde la reestructuración del sistema hasta su eliminación. Hay voces respetables que insisten en que el problema radica en las comisiones de las AFP; otros aseguran que bastaría con aumentar la tasa de cotización. Ambas explicaciones resultan atractivas por su simplicidad, pero ninguna ataca la raíz.
Conviene aclarar algo esencial: el sistema dominicano es conceptualmente moderno. De hecho, mientras hay aquí quienes cuestionan su existencia, varios países han transitado, con matices, hacia sistemas de ahorro individual. Turquía (2017), Armenia (2018), Georgia (2019), Polonia (2019), Filipinas (2021), Gibraltar (2021), Grecia (2022) y Bielorrusia (2022) son solo algunos ejemplos.
Cuando se diseñó la Ley 87-01, como era habitual en su época, se pensó en un sistema basado en el trabajo. Y, peor aún para nuestra realidad, basado en el trabajo formal. La ley sugiere como condición para una pensión completa 360 cotizaciones. Si alguien empieza a trabajar a los 18 años y se retira a los 60, esas 360 cotizaciones equivalen al 71 % de los meses en los que pudo haber cotizado.
La realidad dominicana está muy lejos de ese supuesto: en promedio, nuestros trabajadores cotizan apenas el 43% de esos meses. Pero ese promedio esconde historias reales muy distintas. Por ejemplo, Claudia, con un salario de RD$75,500, ha trabajado casi toda su vida en entornos formales (su densidad ronda el 95%) y si se pensiona en los próximos años, podría alcanzar una tasa de reemplazo cercana al 63%, es decir, unos RD$47,500 mensuales.
En el promedio también está Miguel, con una realidad absolutamente diferente. Trabajó casi toda su vida haciendo servicios en la informalidad y ahora devenga ingresos similares a Claudia, pero solo cotizó durante dos años y medio como mensajero en una empresa formal. No alcanzará una pensión autosostenida ni calificará fácilmente para el Fondo de Solidaridad Social.
Esto muestra que el sistema no está roto, funciona tal como fue diseñado. La clave no es si eliminamos el modelo o si castigamos a sus gestores; la pregunta es cómo enfrentamos esa baja densidad de cotización.
Y aquí surge la primera verdad incómoda: la densidad no se resuelve en una ley de pensiones. Es un problema estructural del mercado laboral dominicano y no podemos esperar que décadas de informalidad desaparezcan con un cambio paramétrico.
La segunda verdad es igualmente relevante: nuestro nivel de aporte, aunque no es el más alto de la región, es suficiente. El costo laboral formal ya incluye SFS, SVDS, SRL, Infotep, regalía, vacaciones, y cesantía, entre otros. Además, se acompaña de una carga tributaria efectiva considerable en el caso de las empresas formales. Aumentar la cotización podría generar más incentivos para la informalidad, no menos.
Mientras se pueda atacar la raíz, debemos ampliar las vías de aporte desvinculadas del empleo formal. Aquí hay espacio para innovación, y la SIPEN ha venido trabajando con intensidad en esa dirección, abriendo un camino que creo que vale la pena profundizar. Debemos pensar en ahorros voluntarios automáticos, retenciones vía administración tributaria para profesionales independientes, cashbacks de consumo dirigidos directamente a la cuenta previsional, millas de tarjetas de crédito convertibles en ahorro para el retiro, o incluso la devolución parcial de impuestos al consumo cuando el ciudadano exige factura fiscal, fortaleciendo con esta última formalidad y ahorro simultáneamente.
En términos de parámetros, si algo debe revisarse debería ser la edad de retiro, no la tasa de aporte. Primero, porque tiene un efecto doble: prolonga el período de cotización y reduce el tiempo de pago de la pensión, aumentando por dos vías el monto de la misma. Segundo, porque el dominicano promedio a los 60 años no se siente listo para retirarse: las estadísticas muestran que la cesantía permanente ocurre más cerca de los 68 años. Y tercero, porque un aumento de los costos laborales podría incentivar aún más la informalidad.
Adicionalmente, nuestro componente solidario también requiere ajustes. El Fondo de Solidaridad Social es conceptualmente correcto, pero su barrera de entrada (300 cotizaciones) lo vuelve inaccesible para quienes más lo necesitan (como el ejemplo de Miguel). Las proyecciones indican que quienes no alcanzarán pensión mínima por ahorro propio apenas superarán las 100 cotizaciones promedio. Reducir esa barrera es indispensable, siempre tratando de garantizar la sostenibilidad.
Finalmente, la participación estatal debe migrar hacia mayor transparencia y coherencia sistémica. La discrecionalidad en la asignación de pensiones gubernamentales debilita la credibilidad del sistema y tensiona las finanzas públicas. Si el componente público permanece fuera del régimen contributivo, al menos debe cumplir dos condiciones: (1) criterios socioeconómicos técnicos y transparentes y, (2) prioridad para quienes ya han realizado aportes en el sistema contributivo, de manera que ambos subsistemas se complementen y generen incentivos correctos.
Al final, el tema no está en las ramas, sino en lo más profundo del tronco. Y aquí es donde conviene usar una metáfora sencilla utilizada recientemente por un experto: se ha dicho que nuestro sistema es la gallina de los huevos de oro, algunos culpan a la gallina y otros al avicultor que la administra, pero la realidad es menos romántica y más evidente. Si diseñamos una gallina para producir oro bajo una dieta específica y luego solo le damos la mitad del maíz previsto, no deberíamos sorprendernos de que los huevos no salgan tan dorados como esperábamos.
Entonces así, el problema no es la gallina o el cuidador, el problema es el maíz.
