La desigualdad del ingreso en el mundo ha venido disminuyendo en las últimas décadas. Esto se debe a que el nivel de ingresos en países como China e India se ha aproximado al de las economías avanzadas. Pero no todo son buenas noticias afirman los especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) Vitor Gaspar y Mercedes García-Escribano en el blog Diálogo a Fondo, de la institución.
Plantean que la desigualdad dentro de cada país ha aumentado, en especial en las economías avanzadas. Ahora que la recuperación económica mundial ha cobrado vigor y se ha generalizado, las autoridades económicas tienen la oportunidad de responder con reformas que aborden el problema de la desigualdad.
La nueva edición del informe Monitor Fiscal muestra cómo la combinación adecuada de políticas puede cambiar esta situación.
El poder de la política fiscal
La política fiscal es responsable de gran parte de las diferencias entre países en materia de desigualdad.
En las economías avanzadas, la política fiscal compensa alrededor de una tercera parte de la desigualdad del ingreso antes de impuestos y transferencias —lo que suele denominarse desigualdad del ingreso de mercado—, y un 75% de ese efecto de compensación es atribuible a las transferencias. El gasto en educación y salud también incide en la desigualdad del ingreso de mercado a lo largo del tiempo, pues promueve la movilidad social, incluso entre generaciones. En las economías en desarrollo, la redistribución fiscal es mucho más deficiente debido a un gasto y a impuestos más bajos y menos progresivos.
El diseño de la redistribución es importante
No existe una estrategia universal. La redistribución debe reflejar las circunstancias específicas del país, como presiones fiscales subyacentes, preferencias sociales y capacidad administrativa y fiscal del gobierno. Por otra parte, los impuestos y las transferencias no pueden considerarse de manera aislada. Los países necesitan financiar las transferencias, y la combinación de instrumentos alternativos de transferencias e impuestos que escojan los países puede incidir de forma muy diferente en la equidad.
Si bien algunas políticas pueden tener efectos contradictorios sobre el crecimiento y la distribución, nuestras pruebas empíricas indican que es posible lograr un crecimiento inclusivo y sostenible con una combinación adecuada de políticas. La eficiencia y la equidad deben ir de la mano.
Atacar el problema de la desigualdad
Las autoridades tienen un abanico de opciones para lograr resultados eficientes y equitativos. Esta edición del Monitor Fiscal se centra en tres debates en materia de políticas: impuestos progresivos, ingreso básico universal y gasto público en educación y salud.
Impuestos sobre la renta progresivos. La progresividad del impuesto sobre la renta personal disminuyó considerablemente en los años ochenta y noventa, y desde entonces se ha mantenido prácticamente sin cambios. La tasa máxima promedio del impuesto sobre la renta de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descendió de 62% en 1981 a 35% en 2015. Asimismo, la progresividad de los sistemas tributarios es menor de lo que indican las tasas estatutarias, puesto que las personas más acaudaladas tienen más acceso a desgravaciones. Una conclusión importante es que algunas economías avanzadas pueden aumentar la progresividad sin perjudicar el crecimiento, siempre que la progresividad no sea excesiva.
Ingreso básico universal (IBU). El ingreso básico universal —que se define como una transferencia monetaria por igual importe a todos los ciudadanos de un país— ha sido un tema muy debatido por los economistas durante décadas, y que ahora ha vuelto a suscitar interés debido a percepciones sobre los efectos de la tecnología y de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo. El Monitor Fiscal no se manifiesta ni favor ni en contra del IBU, sino que aporta al debate datos y argumentos pertinentes. El ingreso básico universal puede tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza, ya que cubre a todas las personas en la parte inferior de la distribución del ingreso. Pero la universalidad es costosa. Según estimaciones del Monitor Fiscal, un IBU equivalente al 25% de la mediana del ingreso per cápita le costaría a una economía avanzada promedio el equivalente a 6½% del PIB, y las estimaciones varían considerablemente según el país. Por lo tanto, el IBU ha de analizarse conjuntamente con su financiamiento, para que tenga un efecto neutro en el presupuesto. Las consideraciones clave para su introducción deben ser su congruencia con otras prioridades fiscales —para evitar el desplazamiento de la inversión en infraestructura, educación y salud, por ejemplo— y el método de financiamiento, que debe ser eficiente y equitativo. Un ingreso básico universal podría ser una opción si sirve para sustituir el gasto social ineficiente y no equitativo.
Gasto en educación y salud. Pese a los avances logrados, en muchos países aún persisten brechas de acceso a educación y servicios de salud de calidad entre los diferentes grupos de ingresos. Por ejemplo, en las economías avanzadas, los hombres con estudios terciarios viven hasta 14 años más que los que tienen estudios secundarios o inferiores. Un gasto público más eficiente puede ayudar, por ejemplo, mediante una redistribución del gasto en educación o salud de los sectores acaudalados a los sectores pobres, sin modificar el gasto público total destinado a educación o salud. Según el informe, al reducir la brecha de desigualdad en la cobertura básica de salud se podría aumentar la esperanza de vida 1,3 años, en promedio, en los países emergentes y en desarrollo.
En conclusión, por un lado, la política fiscal puede contribuir a resolver el problema de la desigualdad, y por el otro, la equidad debe ir de la mano de la eficiencia.
