La Asociación de Instituciones Educativas Privadas (Ainep), exigió a las autoridades del sector educativo que creen un marco jurídico y económico coherente para el sector educativo privado, debido a que las normas actuales están desactualizadas y no se adecuan a las realidades operativas.
“Así como existen incentivos para el cine y turismo, el sector educativo necesita las mismas reglas para el sector educativo, el cual beneficiará de forma directa a las familias”, resaltó Julia Muñiz, directora ejecutiva de Ainep.
Ponderó que en 2017 la Ainep realizó un estudio que reflejó que el 92% de los centros educativos afiliados a la asociación no están siendo favorecidos con las exenciones de impuestos establecidas en el artículo 199 de la Ley 66-97 de Educación.
“Si bien este acápite contempla la exoneración a los centros educativos pre-universitarios del pago de ITBIS a la importación de materiales y equipos educativos para las actividades educativas, esta medida presenta debilidades a la hora de ser solicitada”, expresó Muñiz.
Debido a que la ley surgió hace 21 años, lo ejecutivos de la Ainep exigen varias modificaciones, entre ellas: revisión a las funciones del Consejo Nacional de Educación, definir las inversiones que se hacen mediante la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al sistema educativo y concretar las funciones del Fondo Nacional de Educación.
Además, los representantes de la Airen manifestaron su desacuerdo con el tiempo en que se realizan los nombramientos del Ministerio de Educación (Minerd). “Entendemos que los maestros del sector privado están migrando al sector público, sin embargo, debe haber un protocolo de nombramientos por parte del Minerd para que por ningún motivo surjan en el trascurso del año escolar”.
En cuanto al alza de los precios por mensualidad, Muñiz dijo que los centros educativos privados tienen tarifas reguladas que les impiden aumentarlas en más de un 10% y que de hacerlo deben tener justificación de sus fondos. “Muchas veces somos utilizados como palancas políticas para llamar la atención, pero nunca se acercan a la institución para crear un proyecto de ley que sea justo para todas las partes”.
Además, Muñiz señaló que no existe coherencia en el actual sistema regulatorio del sector educativo privado, donde participan distintas instituciones que carecen de sincronización. “Necesitamos una ventanilla única donde todas las instituciones estatales que regulan y ofrecen servicios al sector puedan concretarse, para con ello disminuir la burocratización en los procesos administrativos”.
