Los impuestos y la normativa tributaria constituyen elementos identificados entre los más costosos para hacer negocios y que más dificultan la actividad emprendedora en el país, asegura el economista Miguel Collado Di Franco, del CREES, en un análisis.
A continuación, su visión al respecto:
Las exenciones fiscales pueden ser abordadas de dos maneras principales. Una es cuantificarlas y concluir que representan un “gasto” que debe ser reducido. La otra es analizar qué factores de fundamentos pueden estar determinando su existencia. Este último tipo de análisis coloca a hacedores de políticas públicas en mejor posición para deducir qué reformas serían las más efectivas para poder desmontar las exenciones.
En República Dominicana, las exenciones se han convertido en una forma de: 1) reducir parte de los costos de hacer negocios en el país y 2) una forma de protección contra el riesgo de los constantes cambios en las reglas tributarias. En estos dos temas debería recaer el análisis que se realice para entender la naturaleza de las exenciones fiscales. Este sería un enfoque más profundo que la visión esencialmente fiscalista o recaudatoria que usualmente se les otorga a las exenciones fiscales en el debate público.
Vivir y hacer negocios en República Dominicana es costoso. En diferentes oportunidades desde el CREES nos hemos referido a: 1) los altos costos del transporte de carga, 2) a los costos laborales no salariales que encarecen la contratación formal de trabajadores, 3) a los altos precios de los combustibles con relación a los países de Centroamérica, 4) a las deficiencias del sistema eléctrico que determinan que sea necesaria la autogeneración para poder realizar labores productivas y a 5) los altos costos de transacción determinados por los largos y complejos procesos burocráticos, la corrupción gubernamental y el funcionamiento deficiente del sistema judicial. El sistema tributario prevaleciente en República Dominicana es una fuente importantísima de generación de costos y distorsiones, que amerita ser mencionado individualmente.
Los impuestos y la normativa tributaria constituyen elementos identificados entre los más costosos para hacer negocios y que más dificultan la actividad emprendedora en el país. De acuerdo con los más recientes resultados del Índice de Competitividad Global, las tasas de impuestos ocupan el tercer lugar entre los factores más problemáticos para hacer negocios en República Dominicana. En adición, el Informe Doing Business 2018[2] presenta un deterioro significativo en el indicador Pago de impuestos. Ese fue el indicador en el cual República Dominicana perdió más posiciones en la última evaluación, 20 en total, lo que coloca esta economía en el lugar 149 entre los 190 países evaluados.
En adición a los costos que imponen las tasas y el cumplimiento con las normas tributarias, existen elementos de incertidumbre relacionados con el sistema tributario dominicano. Desde 2015 está pendiente la realización de un Pacto Fiscal que incluya una reforma integral al Código Tributario y una Ley de Responsabilidad Fiscal. Mientras, el sistema tributario continúa sufriendo modificaciones de forma casi continua y los agentes económicos no pueden anticiparlas. Dichos cambios pueden resultar de normas emitidas por la administración tributaria, así como pueden provenir de la Ley General de Presupuesto promulgada cada año.
La demanda por exenciones fiscales envía una señal clara a las autoridades: es necesario establecer un sistema impositivo más simple y con tasas de impuestos más bajas. De igual forma, es necesario realizar reformas que creen mejores condiciones para hacer negocios en el país.
En conclusión, es necesario mirar los fundamentos de la economía y no limitar el análisis de las exenciones a un enfoque meramente fiscalista. Sin embargo, debe quedar bien establecido que las exenciones no representan un instrumento idóneo de política pública. Las exenciones fiscales son un ejemplo del tipo de políticas públicas que tratan de resolver problemas con soluciones de tipo parche. Es decir, sin remediar los problemas estructurales que ocasionan la distorsión de base.
Este tipo de políticas se han convertido, desafortunadamente, en un patrón que debe cambiarse. Los ejemplos abundan en la economía dominicana:
· En el país no existen condiciones propicias para el desarrollo formal de micro y pequeños emprendimientos. En lugar revisar los problemas que afectan al clima de negocios y realizar una reforma integral al Código Tributario, surgen propuestas para crear más distorsiones[3] por medio de tratamientos tributarios diferenciados para estas empresas, como por ejemplo la eliminación del anticipo a las mismas;
· En lugar de aplicar la Ley General de Electricidad No. 125-01, haber realizado una licitación internacional para la compra de energía, corregir el problema de las distribuidoras (que es donde radica la mayor parte del desabastecimiento de la electricidad y las pérdidas del sector), las autoridades se embarcaron en construir un megaproyecto de generación de forma poco transparente; una alternativa costosa no enfocada a corregir los fundamentos;
· El desempleo juvenil representa otro elemento del patrón de la implementación de parches en lugar de corregir los problemas estructurales. Con relación a este tema han sido realizados diversos planteamientos con la intención de legislar, sin tener en cuenta que se podría distorsionar aún más el mercado laboral. Para reducir el 28.1% de desempleo juvenil es imprescindible corregir los problemas que afectan a los diferentes grupos de edad, como los altos costos laborales, y la poca flexibilidad que existe para propiciar la movilidad laboral dentro de la economía;
· La mejor política social que puede auspiciar un gobierno es el establecimiento de las condiciones necesarias para la creación de empleos productivos formales. En lugar de realizar reformas para obtener este objetivo, han sido creados programas de transferencias que incrementan la dependencia de los ciudadanos de la burocracia estatal y no propician el desarrollo sostenible;
El sistema económico dominicano debe recibir un enfoque integral. Mientras continuemos tratando problemas particulares con medidas que crean más distorsiones y no corrigen los problemas fundamentales, permanecerán los altos costos de vivir y hacer negocios, y las barreras para invertir. Las exenciones tributarias son un ejemplo de un tema a tratar. No precisamente para recaudar más, sino porque constituyen distorsiones y privilegios que son el reflejo de problemas mayores.
Autor: Miguel Collado Di Franco, del CREES
