Cuando Richard Thaler escribió el libro que lleva por título Un Pequeño Empujón en el que desarrolla la teoría acerca del impulso que necesitas para tomar las mejores decisiones en salud, dinero y felicidad en el campo de la microeconomía, probablemente no imaginó que estaba logrando tres cosas en forma simultánea: la primera hacer que muchas empresas y personas tomaran el óptimo de las decisiones, segundo que iba a recibir el Nobel de Economía 2017 y tercero, que influiría también en el diseño de políticas de Estado.
Thaler, que al recibir su Nobel de Economía 2017 bromeó diciendo que el premio en metálico de 1.1 millón de dólares lo gastaría irracionalmente, ha recibido muchas otras satisfacciones, como el hecho de que en los tiempos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desde su primer mandato incorporó la teoría del empujón en varias de sus políticas públicas al igual que David Cameron, primer ministro de Reino Unido en 2010.
Entre los especialistas de la conducta, psicólogos y más recientemente economistas conductuales existe consenso en cuanto a entender que el mundo de las decisiones no es tan sencillo como parece ser, pues tomar la decisión más conveniente a mediano y largo plazos no es la más fácil, es un gran desafío.
Entonces desarrollar toda una teoría que ayude a crear el entorno para incidir en la toma de decisión óptima ha sido uno de los grandes aportes de Thaler, particularmente por el hecho cierto de que las personas en la generalidad de los casos no poseen las informaciones adecuadas, relevantes y oportunas para maximizar su determinación o actúan en forma irracional inducido por la publicidad.
Pero como en República Dominicana, con frecuencia, hacemos gala del Complejo de Guacanagarix dando preferencia a opiniones y recomendaciones cuando provienen de extranjeros, a propósito del denominado Pacto Fiscal con el reciente informe del FMI que, en forma indirecta, hace referencia al señalar que hay que acelerar las reformas para crear capacidad contra las vulnerabilidades estructurales y muy a pesar que aún esté contemplado en la Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030, en su Art. 36 que dispone un plazo no mayor a tres años para iniciar el proceso orientado a financiar el desarrollo sostenible, cinco años después no hay señales de emprenderse.
Luego que el Banco Mundial y, especialmente, el Fondo Monetario Internacional se pronunciaran en torno a la necesidad de alcanzar una consolidación fiscal a través de una exhaustiva reforma que promueva un importante ajuste fiscal en el país, se ha retomado el tema, aunque tal vez no en su justa dimensión, pero con la “ventaja” que, proviniendo del extranjero, ha provocado diversas reacciones que promueven el tema.
Decía que a los particulares se les dificultan las tomas de decisiones por ausencia de información; sin embargo, a los gobiernos no, dado que estos tienen todas las facilidades y capacidades para disponer de las informaciones que necesitan a fin de atender las limitaciones presupuestarias, reducir las necesidades brutas de financiamiento y responder de la forma más adecuada posible a las ilimitadas demandas sociales y sectoriales, siendo el mejor escenario la Ley 1-12 que establece mandato a un Pacto Fiscal.
El que no esté en agenda para el corto plazo la realización del Pacto Fiscal tal vez obedezca a la ética de la responsabilidad que acuñó Max Weber hace ya mucho tiempo, pero que no ha perdido vigencia y prioriza la conveniencia política por resultados sobre la ética de la convicción que se expresa en el entendimiento por parte de los actores públicos competentes de la necesidad de una reforma fiscal integral; sin embargo, no escoge esa vía.
El consenso generalizado en el país indica que los esfuerzos y avances en la eficiencia y eficacia de la administración tributaria no son suficientes para alcanzar los ingresos corrientes de vocación permanente que posibiliten un presupuesto que en términos financieros no presente tanta dependencia del financiamiento, el que a su vez anida y potencia el creciente endeudamiento.
Para muestra tomemos el nivel de la deuda del sector público no financiero que en 2012 era de 32.1% del PIB, a diciembre de 2018 será de 41.1% también del PIB, las Necesidades Brutas de Financiamiento (NBF) que a 2012 fueron de RD$78,261 millones, equivalente a 3.3% del PIB y a 2018 de RD$213,678 millones, de igual manera para un equivalente del PIB de 5.5% y el Servicio de la Deuda Pública (SDP) que a 2012 era de 31.7% de los Ingresos Fiscales (IF), a 2018 es de 43.3% y sobre el Gasto Público (GP) de 29.8% y 37.9%, para iguales años, conforme al presupuesto vigente.
Con el paso del tiempo el PIB pierde cobertura sobre la deuda, las NBF ocupan mayor espacio sobre el tamaño de la economía, así como además los ingresos fiscales también pierden cobertura sobre el SDP y el gasto público su proporción es mayor hoy que ayer con relación al SDP.
Como puede advertirse, las necesidades brutas de financiamiento, las presiones de la deuda y del servicio de la deuda sobre el PIB, las tres han crecido en forma significativa en los últimos siete años, razón suficiente para entender que el modelo fiscal dominicano presenta evidentes señales de agotamiento y de grandes desafíos por superar.
Aunque República Dominicana ha cumplido en forma satisfactoria hasta el momento con los compromisos de sus pasivos y su perfil en algunos aspectos ha mejorado, tales son los casos de los espacios que han ganado la tasa de interés fija sobre la variable, el largo plazo respecto al corto plazo; lo cierto es que otros indicadores se han deteriorado, como los señalados anteriormente y que se pueden apreciar en el gráfico.
Formular y ejecutar en forma creciente y sostenida en el tiempo un presupuesto nacional deficitario que lo equilibra el financiamiento, muestra una posición cortoplacista de afrontar un problema estructural que no hace más que posponer su solución integral y hasta tal vez agravarlo, situación que invita a hacer nuestra la teoría del empujón para acercarnos a la solución de las finanzas públicas del país.
De continuar posponiendo el Pacto Fiscal como decisión permanente o de largo plazo sería una irracionalidad y ésta no de broma que podría crear inestabilidad macroeconómica focalizada en el ámbito fiscal con posibilidades de arrastrar a lo monetario y por derivada aportando negativamente a la previsible contracción económica, al tiempo de retrocesos en los avances alcanzados durante la última década en materia de combate a la pobreza y el desempleo.
Para llegar al último año del cuatrienio 2016-20 con el desempeño contemplado en el panorama macroeconómico plurianual previsto en la estrategia de mediano plazo con un PIB creciendo a 5.0%, una meta de inflación con límite superior de 4.0% y un tipo de cambio de RD$55.22 por US$1.0, el mejor empujón que podría recibir la conducción de la economía dominicana sería la del Pacto Fiscal.
