El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) ya aprobó el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de los Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, a través del cual busca crear el protocolo para supervisar el uso de los recursos públicos que reciben esas organizaciones para su operatividad dentro del sistema democrático de República Dominicana.
Solo para este 2019 los contribuyentes aportarán a los partidos un total de RD$1,506.9 millones, de los que el 80% será distribuido entre cuatro organizaciones: PLD, PRM, PRSC y PRD. Por ser favorecidas con más del 5% de los votos emitidos en las últimas elecciones cada una recibirá un monto de RD$301.4 millones, una suma considerable para las dos que por su bajo nivel de votación y por los escasos puestos electivos logrados se pueden considerar dentro de las minoritarias.
De modo que supervisar en forma efectiva estos aportes debe ser una meta a la que la JCE debe prestar especial empeño, creando sistemas técnicos de vigilancia estandarizados que permitan a todos los ciudadanos conocer con la mayor precisión posible los destinos que las organizaciones políticas dan a estos fondos.
Todos los procedimientos del Estado deben estar regidos por la mayor transparencia posible. De hecho, la sociedad dominicana debe plantearse la discusión de si los recursos que entrega el Estado cada año a las organizaciones políticas deben destinarse exclusivamente a la operatividad del partido en sí y a la formación de sus miembros, no a la promoción propagandística de candidatos o dirigentes.
