El sistema financiero de Bolivia tiene la opción de modificar durante los próximos dos años los créditos contraídos con los prestatarios, en virtud de una norma que ha sido aprobada para aplazar pagos.
El reglamento aprobado por el Gobierno interino del país ha desarrollado una ley que permite diferir el pago de créditos pendientes en lo que queda del año, explicó el ministro transitorio de Economía, Óscar Ortiz.
Las entidades de intermediación financiera podrán en los próximos 24 meses “realizar el refinanciamiento y reprogramación de las obligaciones de sus prestatarios, siempre que cuenten con capacidad de generación de flujos futuros para cumplir con sus obligaciones crediticias”, establece el reglamento.
“Podrán ajustar sus políticas y tecnologías crediticias para los segmentos al que orientan sus productos, incluyendo en las mismas la evaluación de la capacidad de pago de sus prestatarios mediante la proyección de flujos de caja”, añade.
La ley promulgada la semana pasada aplaza hasta el 31 de diciembre de este año el pago de créditos, con el fin de ayudar a sectores afectados por la caída de la economía debido a la pandemia del covid-19.
El reglamento que la desarrolla indica que los pagos se pueden retomar en enero del año que viene, con distintas opciones a convenir entres prestamistas y prestatarios.
Estas opciones son el pago en los meses posteriores a la cuota final manteniendo la periodicidad de las cuotas diferidas, a prorrata por el tiempo que dure el contrato, en la cuota final del plan de pagos o cualquier otra “que pueda beneficiar a los prestatarios”, determina el reglamento.
La normativa establece un aplazamiento automático de cuotas de amortizaciones de crédito a capital y de intereses, además de otros gravámenes, salvo que el prestatario quiera mantener los pagos.
La economía boliviana experimentó una caída de casi el 8% de enero a junio de este año, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según un indicador del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.
El desempleo alcanzó en julio el 11.8%, cuando al término de 2019 fue del 4.8%, con un aumento que el instituto estadístico atribuye a la cuarentena, que comenzó a finales de marzo y en septiembre dará paso a lo que el Gobierno interino denomina “posconfinamiento”, con menos restricciones.
