El Banco Central de Chile informó este jueves que suspenderá a partir del próximo 5 de octubre una serie de medidas adoptadas en julio para suavizar los posibles impactos económicos de una ley que permite a los ciudadanos retirar de manera anticipada parte de sus jubilaciones.
El emisor explicó en un comunicado que las medidas buscaban “mitigar aumentos de la volatilidad en los mercados” y que se tomó la decisión de anularlas porque “ya se ha materializado la mayor parte de la liquidación de activos asociados al retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones”.
Entre las medidas canceladas se encuentra “el programa especial de compra de Depósitos a Plazo” y un plan de operaciones de compra al contado en conjunto con una venta a plazo de instrumentos emitidos por empresas bancarias dirigido a las entidades del mercado abierto, indicó el banco.
El Parlamento chileno aprobó el 23 de julio una inédita ley para el retiro anticipado durante un año, a la que ya se han adherido el 87% de los 11 millones de afiliados al sistema de pensiones.
Los pagos realizados hasta la fecha por las administradoras alcanzaron los US$15,090 millones y el pago promedio fue de US$1,565 por persona, según la Superintendencia de Pensiones.
El retiro anticipado busca aliviar a la castigada clase media y ha tenido impactos positivos en el consumo, en contra de lo que vaticinó el Gobierno, que se opuso frontalmente a la medida y que también está en contra de otro proyecto de ley que comenzó a ser discutido el miércoles en el Congreso y que permitiría un segundo retiro del 10%.
El Banco Central estima que el PIB chileno se contraerá hasta un 7.5% este año por el coronavirus, aunque algunos economistas consideran que el desplome podría ser menor al 6% por el efecto del retiro anticipado.
Ideado por uno de los hermanos del actual mandatario e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno fue pionero en establecer la capitalización individual del trabajador y se replicó en otros países latinoamericanos.
Los fondos son gestionados por las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los ahorros en los mercados y que son muy criticadas por las bajas pensiones que otorgan.
La transición hacia un modelo más solidario y con mejores pensiones es uno de las principales demandas del estallido social que sufrió el país a finales del año pasado y que dejó una treintena de muertos y miles de heridos.
