El déficit del conjunto de las Administraciones públicas españolas se disparó en el primer semestre hasta los €72,136 millones, una cifra que casi triplica la del mismo periodo de 2019 (€26,411 millones) y que equivale al 6.46% del PIB.
Los diversos gastos asumidos como consecuencia de la pandemia, tanto sanitarios como para paliar sus efectos económicos, unidos a la caída de la recaudación han deteriorado las cuentas públicas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda.
En los seis primeros meses del año, el Estado acumuló un déficit equivalente al 4,37 % del producto interior bruto (PIB); la Seguridad Social, al 1.15% del PIB; las comunidades autónomas, al 0.67% del PIB, y las corporaciones locales, al 0.26% del PIB.
Este aumento del déficit ya estaba previsto -el Gobierno trasladó a Bruselas en abril que esperaba que el déficit superara el 10% del PIB este año-, y precisamente este martes la ministra española de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021.
Hacienda también ha publicado datos más actualizados de la ejecución presupuestaria del Estado y la Seguridad Social -hasta agosto-, así como de las comunidades autónomas -hasta julio-.
Así, en los siete primeros meses del año, el conjunto de las Administraciones públicas, exceptuados los ayuntamientos -cuyos datos de julio aún no se conocen-, acumularon un déficit de €73,128 millones, el triple que en 2019 (24.387 millones) y un 6.54% del PIB.
La Administración central -que ha asumido buena parte del impacto presupuestario de la pandemia con transferencias a otras administraciones- situó su déficit en el 5.42% del PIB, cuando un año antes era del 1.25% del PIB.
El déficit de la Seguridad Social pasó del 0.44% al 1.39% del PIB, ya que aunque las transferencias del Estado han elevado sus ingresos un 14.2%, estos han sido insuficientes para cubrir un aumento de los gastos no financieros del 23.2%.
El gasto de los Fondos de la Seguridad Social ligados a la pandemia, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o la prestación para autónomos, ascendió a €17,814 millones en esos siete meses.
En cambio, las comunidades autónomas se anotaron un superávit del 0.27% del PIB, cuando el pasado año tenían déficit, gracias a varias transferencias del Estado, entre ellas el fondo covid-19, el adelanto de las entregas a cuenta o la positiva liquidación definitiva del sistema de financiación, que permitieron compensar los mayores gastos ligados a la pandemia.
