Desde el plano político, hacer énfasis en las Mipyme no está mal. Lo que parecería no funcionar hasta la fecha es proporcionar ayuda financiera a estas unidades productivas con el objetivo de lidiar con sus permanentes problemas de capital de trabajo y de asociactividad o capacidad de trabajar en conjunto con otras empresas e instituciones.
Son objetivos nobles, pero que, vistos en soledad, sin conexión coherente con algunos de los problemas mencionados en la entrega anterior, terminan en el despilfarro de los recursos de los contribuyentes. En vez de seguir canalizando miles de millones para incrementar la masa de capital de trabajo y desarrollar “el sentido de manada” en este mundo impredecible, deberíamos enfocarnos en concluir contratos con las Pyme que ya han demostrado su vocación innovadora, facilitando el acceso a las tecnologías que reclama su espíritu emprendedor.
La capacidad competitiva no se logra únicamente con subsidios, transferencias directas, incentivos a tasas de interés y líneas de crédito. Por sí solos, estos instrumentos de política casi nunca logran reactivar el segmento y darle sostenibilidad en el largo plazo.
Para hacer posible la perspectiva de la competitividad debemos seguir avanzando con el proceso de formalización de estas unidades (se ha hecho mucho con fines tributarios). La formalización debe conceptualizarse como objetivo independiente de un plan de mejora integral ex post de la competitividad bien entendida.
Con las que ya están formalizadas debemos trabajar en la mejora de su gobierno corporativo, en la utilización de estrategias gerenciales y contables de nuevo cuño, y en la provisión y ayuda a la comprensión de las herramientas que les permitan su internacionalización, por lo menos de aquellas que han demostrado, al decir de Mariana Mazzucato, “que son ambiciosas”.
Fuera de este contexto funcional, los mecanismos de financiación que se ensayen difícilmente cumplan el cometido de lograr la sostenibilidad del sector. Finalmente, la internacionalización nos parece impensable sin contar con los servicios técnicos de la infraestructura nacional de la calidad, la cual, curiosamente, no se menciona por su nombre en los nuevos proyectos que se adelantan.
No obstante, las nuevas tecnologías que demandan los procesos de innovación, la normalización de productos, instalaciones y subsistemas, las pruebas y ensayos acreditados (calibraciones y verificaciones metrológicas), las certificaciones y los sistemas de gestión estandarizados (incluido el ambiental), resumen una amplia gama de servicios técnicos que está llamado a ofrecer el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal).
Este sistema no tiene por qué hacer valer el enfoque unilateral de protección al consumidor. Su función real es la de ser garante de que los productos que están en el mercado cumplan con estándares mínimos de calidad y sostenibilidad. Además, es la fuente de las bases técnicas para el desarrollo de la innovación. Con esta infraestructura podemos mejorar la competitividad del país.
