Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona empezaron a preparar el terreno para afrontar el aumento de quiebras que podría producirse cuando se vaya retirando el apoyo público que les ha mantenido a flote durante la pandemia, aunque creen que aún no ha llegado el momento de reducir las ayudas.
El Eurogrupo cree que es necesario mantener el apoyo presupuestario “tanto tiempo como sea necesario” y que “hay un riesgo inherente a retirarlo demasiado pronto”, según explicó su presidente, Paschal Donohe, en una rueda de prensa tras un encuentro telemático.
Pero también reconoce que, a medida que se vaya saliendo de la crisis sanitaria, la respuesta a la crisis “tendrá que adaptarse gradualmente”, pasando del apoyo de emergencia que se ha concedido hasta ahora a medidas más específicas para la recuperación.
Riesgos de insolvencia
El apoyo fiscal proporcionado hasta ahora en forma de avales, líneas de crédito, excepciones fiscales o moratorias, entre muchas otras medidas, ha ayudado a mantener a las empresas a flote pese a las restricciones por el coronavirus, pero a medida que estas desaparezcan o se reduzcan el riesgo de quiebra e insolvencia reaparecerá.
Según la Comisión Europea, sin este apoyo, el 23% de las empresas de la UE habría tenido problema de liquidez al final de 2020 tras agotar sus colchones y la proporción varía por sector, desde el 8% en la manufactura de equipos informáticos, hasta el 75% en la hostelería y servicios de alimentación.
“Tenemos que evitar un gran aumento de insolvencias y (para ello) será crucial gestionar con cuidado la retirada del apoyo público”, dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, tras la reunión.
Para ello, aseguró, lo primero será transitar “gradualmente de un enfoque general a acciones más específicas, haciendo la distinción, que no es fácil, entre las empresas viables y las inviables”.
Y al mismo tiempo, añadió, habrá que “preservar un canal efectivo de crédito, especialmente para las más pequeñas” y “organizar una salida ordenada” de aquellas firmas que se consideren inviables.
“Tenemos que tomar la decisión adecuada para atajar los retos de insolvencia del sector en los próximos meses y años con las implicaciones sociales en mente: lidiamos con empleos y personas, no solo entidades abstractas”, subrayó Gentiloni.
La cuestión de fondo es cómo garantizar la solvencia de aquellas empresas que habrían sido viables de no ser por la pandemia, mientras que se deja caer de forma ordenada a las que hubieran quebrado de todas formas.
En este sentido, la vicepresidenta española y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, subrayó que el Gobierno español está trabajando con el Banco de España y el sector financiero en un paquete de ayudas directas para “aliviar la carga financiera de las empresas viables” que espera sea aprobado en el mes de marzo.
Se trata, dijo, “de identificar cuales son las empresas que eran fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia y cuya situación de solvencia se puede ver debilitada como consecuencia de la caída de la actividad y encontrarse en una situación de sobreendeudamiento que pueda suponer un lastre para su recuperación”.
En este complejo ejercicio de distinción los países prevén contar con la experiencia del sector privado, según señalaron fuentes del Eurogrupo esta semana.
Los ministros volverán a abordar la cuestión en su reunión de abril, dónde se espera que debatan sobre las legislaciones de insolvencia nacionales, que difieren mucho de un país a otro, y “tendrán que ser flexibles para minimizar el daño económico”, dijo Donohoe.
Política presupuestaria
El análisis sobre este riesgo de insolvencias alimentará también el debate en los próximos meses sobre cuál debería ser la política presupuestaria en 2022, ya que durante el 2021 estará activada la cláusula de salvaguarda que de facto congela las normas comunitarias de control del déficit y la deuda.
El presidente del Eurogrupo quiere que “antes de verano” se haya tomado una decisión sobre cuál debería ser la posición fiscal en la eurozona el año próximo, de modo que los Gobiernos lo tengan en cuenta al elaborar sus presupuestos para ese ejercicio.
Para contribuir al debate, la Comisión publicará “a principios de marzo” orientaciones preliminares de política fiscal y los “parámetros que mirará para decidir sobre la cláusula de salvaguarda”, explicó Gentiloni.
Para España, “es muy importante que no se retiren antes de tiempo” las ayudas a la economía, explicó Calviño, quien defendió que “nos encontramos en un momento de muy alta incertidumbre” en el que “es preciso que la política monetaria y fiscal siga actuando de forma coordinada para apoyar el crecimiento y la creación de empleo”.
Las previsiones económicas de la Comisión, que sirvieron de base para el debate, apuntan a una recuperación de la economía de la eurozona en 2021, pero advierten que existe una alta incertidumbre sobre el avance de la vacunación y las variantes del virus, que marcarán el ritmo de retirada de las restricciones, así como por el despliegue de los fondos europeos.
