El Poder Ejecutivo dispuso la creación de un plan general para la reforma y modernización de la administración pública, dirigido a reestructurar organismos y priorizar un marco legal “propicio para la construcción de un Estado moderno, efectivo y centrado” en el ciudadano.
A través de un decreto, el presidente Luis Abinader también establece que se ejecutarán las medidas necesarias para materializar el nuevo marco jurídico, la desconcentración y descentralización, el fortalecimiento municipal, las mejoras significativas de los servicios públicos y la transparencia y efectividad de la gestión.
El plan contempla la estructuración de la Comisión de Reforma y Modernización de la Administración Pública, cuyo director ejecutivo será José Ramón Oviedo, de acuerdo a otro decreto difundido por la Presidencia.
El decreto dice que se persigue garantizar el acceso a derechos, mejorar el gasto administrativo, la calidad de los servicios públicos y así impactar positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía.
Entre las funciones de la comisión está sugerir medidas para la racionalización de la macroestructura del Poder Ejecutivo y la reestructuración de consejos, comisiones, comités y órganos públicos.
También, sugerir la implemementación de reformas sectoriales que se consideren necesarias y prioritarias.
Asimismo, rediseñar los procesos administrativos que faciliten la racionalización de las estructuras organizativas de los órganos públicos.
Otro de los puntos contenidos en la disposición presidencial ordena elaborar anteproyectos de leyes y propuestas de decreto que permitan alcanzar los objetivos de reforma a la administración pública y, además, que regulen el silencio administrativo, la simplificación burocrática, la inversión extranjera y la estabilidad jurídica.
Los organismos que conformarán la comisión son los ministerios de Administración Pública, liderados por los Ministerios de la Presidencia, Economía, Hacienda, además del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.
La comisión cesará sus funciones cuando, según el decreto, se logren los objetivos para los que fue creada o, en su defecto, a más tardar el 31 de julio de 2024.
