La Cámara de Diputados de Chile aprobó este jueves el proyecto que permite efectuar un tercer retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para amortiguar los efectos de la pandemia del covid-19, que tiene a la economía nacional semiparalizada por una grave segunda ola.
Con 122 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones se aprobó en general la iniciativa, que podría pasar esta semana al Senado para su aprobación final, y que busca permitir a los ciudadanos sacar el 10% de sus jubilaciones para afrontar la crisis económica actual.
La propuesta fue planteada ante la negativa gubernamental de dar luz verde a una renta básica universal y bajo el argumento de que los US$18,000 millones en ayudas anunciados por el Gobierno “no están llegando a la gente”.
Pese a ser uno de los países con más población vacunada del mundo, Chile atraviesa el peor momento de la pandemia con una segunda ola que obligó a imponer cuarentenas masivas y que está suponiendo el final de miles de negocios que habían logrado salvarse del encierro de 2020, año en el que el PIB nacional sufrió una caída del 5.8%.
Este retiro de fondos se sumaría a los aprobados en julio y diciembre del año pasado. En la primera ocasión, más del 95% de los 11 millones de afiliados al sistema se vieron beneficiados, lo que supuso un desembolso de US$20,500 millones para las administradoras, según la Superintendencia de Pensiones.
El segundo retiro, en tanto, fue solicitado por 7.5 millones de personas y el monto promedio de pago fue de aproximadamente US$2,000 dólares por persona.
Sin embargo, según el ente regulador 4.9 millones de afiliados ya no dispondrían de fondos para un tercer retiro, un argumento muy recurrido entre los detractores de la iniciativa, que creen que retirar este dinero es una forma de hipotecar el futuro de los contribuyentes.
Riesgo de inconstitucionalidad
El proyecto aprobado, al contrario que otros que también se debatieron este jueves, está formulado a través de un artículo transitorio, lo que implica que el Gobierno podría llevarlo al Tribunal Constitucional para tratar de frenarlo, tal y como hizo con el segundo retiro de fondos.
El Ejecutivo, que ha amenazado ya con llevarlo al máximo tribunal aunque todavía no lo ha concretado, estima más conveniente acelerar un acuerdo parlamentario para reformar el criticado sistema de pensiones y aprobar más ayudas sociales.
Replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, el sistema de pensiones chileno está fuertemente cuestionado hoy en día por las pírricas jubilaciones que otorga y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario.
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por un hermano del actual presidente, este modelo estableció la capitalización individual, obligando a cada trabajador a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal tutelada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
