Autor: Miguel Collado Di Franco
La democracia es entendida como la expresión popular a través de las urnas. La conclusión a la que se ha llegado es que un gobierno elegido de forma democrática ejecutará el mandato recibido del pueblo. Se asume, en consecuencia, que las decisiones emanadas de un gobierno democrático promueven el interés público.
Los resultados de las políticas públicas suelen ser distintos a los deseos de los votantes. Los programas de gobierno no se desarrollan como se prometen, o los objetivos no son evaluados de ante mano; o en los casos de realizarse evaluaciones, los resultados no son contrastados con estas.
Con el fin de que los gobernantes ejerzan la menor cantidad de fallos en el cumplimiento de sus mandatos, y para que la sociedad civil pueda monitorear el cumplimiento de las acciones públicas, es necesario establecer normas de evaluación, ex ante y ex post, de políticas públicas, de programas y de proyectos.
Mientras menos recursos tienen los ciudadanos de un país, es más costoso financiar la administración pública. El costo de oportunidad de los recursos de los habitantes de una economía en vías de desarrollo es alto. En consecuencia, el sacrificio individual amerita que se evalúe con mucho cuidado el destino que reciben sus recursos.
El análisis costo-beneficio permite la evaluación de políticas públicas y proyectos en el sentido más amplio. Cuando existe un buen sistema que evalúe los costos, los riesgos y los posibles beneficios relacionados con el gasto público, los impuestos, las modificaciones en las regulaciones, y los cambios en el uso y destino de los activos públicos; es más fácil acercarse al objetivo de optimizar el valor de las acciones de un gobierno.
En adición, un sistema de evaluación de la gestión pública fundamentado en el análisis costo-beneficio puede ayudar en la transparencia de las acciones públicas. Una gestión pública basada en evaluaciones hace que el proceso de toma de decisiones deba ser transparentado, “exigiendo que quienes toman las decisiones den a conocer sus datos, sus supuestos y expectativas, y que los análisis sean sometidos al escrutinio y crítica de expertos.”[1]
Desde el CREES hemos manifestado la importancia de que el Congreso Nacional cuente con una Oficina Congresual de Presupuesto y Análisis Económicos (OCPAE) con la finalidad de analizar los presupuestos públicos y su ejecución, así como evaluar los proyectos de ley y rendir informes sobre su impacto en base a análisis socioeconómicos[2]. Entendemos que el Congreso, como órgano de contrapeso del Ejecutivo, debe fortalecer sus competencias técnicas para evaluar el desempeño de la ejecución pública. De igual forma, debe poder rendir informes que sustenten, en base a análisis que contemplen riesgos, costos y beneficios, las bases que fundamentan sus decisiones legislativas.
En adición, sugerimos que dentro de la administración pública exista un ente que sirva de soporte técnico para la implementación de un sistema de evaluación de políticas, programas y proyectos. El objetivo es institucionalizar la evaluación, para que sea una práctica continua: previa al diseño de políticas públicas, programas y proyectos; y en la fase de implementación para medir resultados.
La institucionalización de la evaluación pública es una decisión que requiere voluntad política. La decisión de la institucionalización puede recorrer diferentes caminos y tener distintas bases legales.
En Costa Rica, por ejemplo, la constitución establece la evaluación del uso de los fondos públicos dentro del artículo 11 de esta. En Estados Unidos, la institucionalización del análisis costo-beneficio en materia regulatoria inició con la Orden Ejecutiva 12291 en el año 1981. Otras órdenes ejecutivas han modificado la original, manteniendo la institucionalización. En el caso de Chile, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos (Dipres), realiza las evaluaciones de los resultados de los programas gubernamentales, y también realiza evaluaciones ex ante de determinados programas. Junto a ese ministerio, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia también realizan evaluaciones ex ante[3].
El caso de la Dipres de Chile ha sido estudiado internacionalmente por la forma como esta institución ha estructurado el sistema de evaluaciones. Dipres no se limita a la implementación de presupuestos por resultados, como ha sido la norma en muchos países, incluyendo República Dominicana. Las evaluaciones realizadas por Dipres son públicas y son realizadas por profesionales independientes, contratados mediante concursos públicos.
En República Dominicana, la institucionalización de las evaluaciones podría empezar por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Esta institución podría realizar evaluaciones de los programas ex ante y ex post. Para las evaluaciones ex post debería institucionalizarse el sistema de licitaciones para contratar evaluadores independientes. De esta forma, se separarían a los equipos evaluadores.
De igual forma, las evaluaciones de los proyectos de inversión deberían ser realizados por personal del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Una función adicional sería realizar las evaluaciones costo-beneficio de las regulaciones implementadas por los demás ministerios y direcciones generales, antes de ser implementadas. Porque es que las políticas públicas necesitan ser evaluadas. Existen normas y regulaciones que dificultan realizar negocios o encarecen, en sentido general, la vida en sociedad.
En adición a la evaluación de programas, DIGEPRES debería encargarse de realizar las evaluaciones ex post de los proyectos de inversión y de las regulaciones. Estas evaluaciones también deberían ser realizadas por evaluadores externos, contratados por concursos.
El gasto público sin evaluación no proporciona indicios de su calidad; es decir, de su efectividad. Tampoco proporciona garantías de que es eficiente. Es necesario, en consecuencia, la institucionalización, en toda la administración pública dominicana, de un sistema de evaluación del gasto público. Así como es necesario que se evalúen las políticas públicas y sus consecuencias sobre el desarrollo económico.
[1] A. Livermore, M. (2010). Análisis costo-beneficio de las políticas medioambientales en países en desarrollo. Estudios Públicos, 117. https://doi.org/10.38178/cep.vi117.409
[2] Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. (2021). Proyecto de Ley de Responsabilidad yTransparencia Fiscal. Crees. Org.Do. Recuperado noviembre 29, 2021, de https://crees.org.do/download/texto-anteproyecto-de-ley-de-responsabilidad-y-transparencia-fiscal/
[3] Irarrázaval Boris De Los Ríos, I. (2014). Monitoreo y evaluación de políticas públicas: Contribuciones de la experiencia internacional para la institucionalidad chilena. Notas Públicas, 2.
