El Gobierno de Nicaragua anunció este sábado que extenderá en una semana el congelamiento en los precios de los combustibles, para mitigar el impacto de las alzas internacionales en los costos del petróleo.
Las autoridades gubernamentales de Nicaragua decidieron “asumir el 100% de dichos incrementos”, en la semana que va del 17 al 23 de julio, de acuerdo con una resolución del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Con esta decisión, se extiende en 15 el número de semanas consecutivas en que los precios de los combustibles se mantienen congelados en Nicaragua.
Con base en la resolución del INE, el costo del galón (3.78 litros) de gasolina superior, utilizada en automóviles ligeros, se mantendrá en US$5.16; y el de la gasolina regular, aplicado en automóviles de vieja data y todoterreno, en US$5.04. El galón de diésel, utilizado en el transporte de carga y colectivo, se mantendrá en US$4.55.
El Gobierno de Nicaragua también decidió congelar el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), uno de los principales combustibles utilizados para cocinar en el país”, indicó el INE.
El Ejecutivo ha informado que el congelamiento de los precios de combustibles para transporte y cocina, vigente en Nicaragua desde abril pasado, le cuesta entre cuatro y seis millones de dólares semanales.
El pasado martes la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua autorizó al Poder Ejecutivo gestionar un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$200 millones para reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles sobre la economía nicaragüense.
El BCIE ya había anunciado que había puesto dichos fondos a disposición de Nicaragua, que forman parte de una línea de crédito de hasta US$800 millones, dispuesta por el organismo multilateral para financiar un programa regional de apoyo ante el alza global de precios de los combustibles.
Los precios de los combustibles son establecidos semanalmente por las empresas distribuidoras con base en las variaciones de los precios internacionales de estos derivados, “es decir, estos precios no son regulados por el Estado”, según el INE.
