La presidenta de Perú, Dina Boluarte, cumple este sábado un mes en el cargo, al que accedió por sucesión constitucional tras la destitución de Pedro Castillo, tiempo en el que ha afrontado violentas protestas en todo el país que siguen activas con el saldo de 28 muertos y decenas de heridos.
Como vicepresidenta electa en las urnas, Boluarte asumió la presidencia para completar el periodo de Castillo, que debía culminar en 2026, pero de inmediato las calles le recordaron el enojo de la población con la clase política en general y decidió rápidamente plantear un proyecto legislativo para el adelanto de las elecciones generales en abril de 2024.
Sin embargo, el anuncio del adelanto de comicios tampoco calmó las protestas, pues distintas organizaciones sociales, sobre todo del sur del país, exigen también su salida de la Presidencia, el cierre del Parlamento y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna.
La jefa de Estado ha hecho permanentes llamados al diálogo a los grupos de manifestantes y se ha reunido con distintas organizaciones políticas, gremiales y empresariales para encontrar un clima de calma que le permita dirigir el gobierno en este periodo de transición, como lo ha denominado.
No obstante, el Ministerio Público ya ha abierto una indagación preliminar en su contra, al igual que a varios ministros, por la muerte de 28 personas en las manifestaciones de protesta de diciembre pasado, las mismas que empezaron apenas juró al cargo, por el presunto uso excesivo de la fuerza del Ejército, que salió a recuperar el orden público en apoyo a la Policía Nacional, después de la declaratoria de emergencia.
El foco de las protestas de diciembre, y la consecuente represión, estuvo en las surandinas ciudades de Andahuaylas y Ayacucho, pero en otros puntos del territorio hubo decenas de bloqueos de carreteras y la toma de varios aeropuertos, que forzaron el cierre de sus operaciones.
Después de una tregua por Navidad, las protestas se reanudaron esta semana y se han concentrado en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, donde los manifestantes intentaron tomar el viernes el aeropuerto de la ciudad de Juliaca y en el enfrentamiento con la Policía han terminado alrededor de 36 personas heridas, entre civiles y policías.
Castillo preso
Por otro lado, el expresidente Castillo permanece detenido en una prisión policial del distrito limeño de Ate, mientras es investigado por rebelión, un cargo que se ha sumado a las denuncias por corrupción que la Fiscalía de la Nación abrió en su contra el año pasado.
La esposa e hijos de Castillo, quien intentó dar un autogolpe el pasado 7 de diciembre, han recibido asilo político de México y están viviendo en ese país bajo la protección del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció igualmente asilar al expresidente peruano.
El mandatario mexicano no reconoce la legitimidad de la Presidencia de Boluarte y la Cancillería peruana declaró el 20 de diciembre persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y le dio 72 horas para abandonar el país en respuesta a lo que consideró una “injerencia” de López Obrador en los asuntos internos peruanos.
De la misma forma, la Cancillería de Perú convocó a los embajadores de Argentina, Bolivia y Colombia por la posición crítica de sus gobiernos con el Ejecutivo peruano y luego llamó a consultas a Lima a sus representantes diplomáticos en esas naciones, además de México.
Las diferencias con líderes políticos regionales aún continúan en el gobierno peruano, pues en las últimas horas el Ejecutivo ha confirmado que analiza el ingreso al país del expresidente boliviano Evo Morales, que mantiene un vínculo ideológico con representantes de Puno.
Además, algunos movimientos sociales plantean la formación de una república independiente del sur con las regiones de Arequipa, Cusco y Puno, entre otras.
