Para muchos dominicanos, tanto jóvenes como más adultos, un viaje a Walt Disney World en Orlando, Florida, constituye una aspiración y un sueño hecho realidad, pues se autodenomina “el lugar más feliz de la Tierra”. Sin embargo, ni este lugar de diversión y felicidad ha quedado alejado de las guerras políticas en Estados Unidos, y lo que ha ocurrido es una historia sobre lo frágil que también puede ser el clima de negocios, hasta en un país desarrollado.
Como muchos saben, Walt Disney World fue edificado en la década de 1960 en un pantano en el centro de la Florida, cerca de Orlando. Para incentivar este megaproyecto, en ese momento se le concedieron importantes beneficios a Disney, como el establecimiento de una entidad de gobierno separada denominada “Reedy Creek Improvement District”, con amplios poderes para regular el área pero que le concedía muchos beneficios a Disney.
El gobernador Ron de Santis fue electo en el año 2018 por el estado de la Florida y, muy especialmente durante el tiempo de pandemia, se destacó por ser una de las figuras menos a favor de restricciones sanitarias necesarias para combatirla. Esto le ha dado una plataforma nacional y, al parecer, ahora aspira a la presidencia de Estados Unidos, por lo que más recientemente ha asumido una posición contra la supuesta cultura “woke” en ese país.
En este sentido, el gobernador de Santis ha tomado una decisión de que Disney es una empresa que no tiene valores conservadores con los que el se identifica, por lo que no merece el respaldo del estado de la Florida y los beneficios que le confiere la ley.
Para ello, de Santis ha iniciado una campaña mediática, política y legal contra Disney y su estatus particular bajo la ley de la Florida.
En primer lugar, logró que la legislatura estatal aprobara una norma que limita los poderes de la junta de directores que supervisa el gobierno separado del territorio donde se encuentra Disney, y luego designó una nueva junta compuesta exclusivamente por adeptos a de Santis. Igualmente, ha emprendido una campaña mediática en contra de Disney, también criticando la existencia de supuesto favoritismo a favor de esa empresa, a pesar de que las facilidades datan de hace más de 50 años.
Disney no se ha quedado de brazos cruzados; antes de que tomara efecto el cambio en la ley y en la designación de la junta, los miembros salientes, adeptos a Disney, aprobaron un nuevo contrato que le cedía muchos poderes y prerrogativas de la junta a la misma empresa, efectivamente reduciendo sus facultades. Aunque pareciera ser que este contrato es legal y fue redactado de manera correcta, ha causado la ira de de Santis, pues Disney logró maniobrar de manera más hábil que él.
Lo más preocupante es que estamos presenciando el ataque por un político contra una empresa particular. Hasta en países desarrollados como Estados Unidos, tenemos situaciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica de las inversiones y el desarrollo, que es el único camino para generar empleos y crecimiento. Además de ser lamentable y parecer una triste novela de farándula, nos debe preocupar este creciente ánimo contra la empresa privada.
