El pasado 4 de mayo el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, específicamente ante la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que crearía un Ministerio de Justicia. La iniciativa es positiva desde el punto de vista de su intención: quitar atribuciones administrativas a la Procuraduría General de la República, a los fines de que se concentre en su razón de ser, que es la persecución del delito.
Pero esas atribuciones, aunque parezcan meramente administrativas no lo son. Por ejemplo está el caso de la administración del sistema penitenciario, que ciertamente no debe ser responsabilidad del Ministerio Público. Pero también está el caso de la administración de los bienes incautados por el Ministerio Público a personas sometidas a la Justicia. Esos bienes deben ser resguardados y administrados, en los casos de empresas en marcha.
Adicional, está un área de alta delicadeza, que no es administrativa, sino de carácter científico y determinante en el levantamiento de pruebas. Esto es lo relacionado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). En ese órgano es donde se realizan las pruebas a sustancias controladas incautadas, lo referente a las autopsias a cadáveres para determinar causas de muertes y otras importantes experticias.
No es posible que, si el Ministerio Público es persecutor del delito y somete a alguien a la Justicia, sea quien administre la institución donde se realizan los análisis de pruebas que han de servir tanto a los fiscales como a los abogados de las defensas de los acusados. Por eso, el Inacif debe estar bajo el control de un órgano independiente.
Entonces, dado que la propuesta es pasar todas esas atribuciones y otras más a un Ministerio de Justicia, uno se pregunta, ¿cuál será su independencia? Por el contrario, habría menos independencia, porque un ministerio de Estado es una dependencia centralizada directa del Poder Ejecutivo.
Visto de esa forma, lo ideal es pasarle esas atribuciones a un órgano de mayor autonomía, tanto administrativa como económica, así como de notable independencia y con sustento en la propia Constitución de la República.
Para eso, ni siquiera se requiere crear una nueva institución. Creo, desde esta columna, que esas atribuciones bien pudieran pasarlas a la figura del Defensor del Pueblo, que es un órgano extra poder independiente, amparado en la Constitución, con inamovilidad de sus titulares por un período de seis años, los cuales no son designados directamente por el Presidente de la República.
Esta propuesta no solo evitaría crear una nueva institución, que implica más burocracia estatal; también evita que las delicadas atribuciones que se les quitarían a la Procuraduría General de la República pasen a una dependencia directa de la Presidencia de la República, lo cual sería contraproducente e inefectivo.
En forma adicional, el traspaso de esas atribuciones a un órgano como el Defensor del Pueblo, también vendría a darle una razón de ser más justificada a esa figura constitucional, que actualmente parece ser subutilizada, pues es poco lo que aparentemente aporta.
No creo que exista una institución más idónea y de carácter más independiente que el Defensor del Pueblo para administrar las cárceles del país, velar por el cuidado y administración de los bienes incautados a acusados de delitos, así como el control de las atribuciones y delicadas funciones del Inacif.
Es posible que esta propuesta se quede en el aire, que nadie la considere, pero su fundamento está en el hecho de que si bien es positivo despojar al Ministerio Público de una serie de obligaciones que le afectan en sus funciones de índole directa, también es cierto que esas atribuciones no pueden ir a una dependencia directa de Poder Ejecutivo, pues se perdería la autonomía y no habría seguridad de que las pruebas que salgan del Inacif, no hayan sido contaminadas por influencias gubernamentales del momento.
Cuando se van a tomar decisiones tan delicadas como estas, no se puede pensar en quién está gobernando en la actualidad, sino en los que vendrían más adelante, que tal vez no tienen el mismo respeto por la institucionalidad. Por eso, si se va a hacer ese cambio, lo ideal es que se haga bien, con vocación de permanencia futura. Es lo ideal.
