Ecuador pondrá en marcha un programa de inversiones en agua potable, saneamiento y gestión de residuos sólidos con el apoyo de un crédito de 120 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El crédito aprobado por la junta directiva del BID tiene un período de amortización de 23 años y medio, con un período de gracia de siete años, una tasa de interés basada en el índice SOFR, y cuenta con una contrapartida local de 5 millones de dólares, indicó este viernes en un comunicado la institución financiera.
Los fondos de este préstamo servirán para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, mejorar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y fortalecer las capacidades de los operadores y del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) en la gestión de estos proyectos.
Con ello se pretende mejorar la calidad de vida de los beneficiarios mediante el acceso y la mejora en la provisión de estos servicios básicos esenciales con un enfoque de inclusión social, género y crisis climática.
Serán beneficiarias directas del programa 312,000 personas (unos 91.000 hogares) con conexiones nuevas o mejoradas de agua potable y de saneamiento y/o servicios de recolección y disposición final adecuada de residuos sólidos urbanos.
Esta población tiene niveles de pobreza superiores a los de la media nacional, con localidades donde la mayoría de los pobres son indígenas y el 17,6 % de los hogares tienen a mujeres como jefas de hogar.
También serán beneficiarios los operadores con el fortalecimiento de la gestión de los servicios y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) con su fortalecimiento institucional.
En 2021, la cobertura del servicio de agua potable en el país era de 78.8% y la de saneamiento era de 59.6% y en el ámbito rural era de 74.35% y de 65.44%, respectivamente, reza el comunicado del BID.
En cuanto a la gestión de residuos sólidos, el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos cubre el 80.9% de lo generado, mientras que el 51.6% de los gobiernos locales realiza la disposición final en rellenos sanitarios, el 29.9% en celdas emergentes y el 18.5% en botaderos.
