La Cancillería china anunció hoy que Pekín impondrá sanciones contra una empresa y dos personas de Estados Unidos por “interferir en los asuntos internos” del país asiático y “difundir falsedades sobre la situación de los derechos humanos” en la región noroccidental china de Xinjiang.
La portavoz de la Cancillería Mao Ning acusó en una rueda de prensa a Estados Unidos de “inventar y difundir una narrativa falsa sobre Xinjiang”, de “usar el pretexto de los supuestos problemas de derechos humanos en Xinjiang para imponer sanciones ilegales contra empresas y funcionarios y chinos” y de “violar el derecho internacional”.
La portavoz informó de que China tomará medidas contra la empresa estadounidense de inteligencia y datos Kharon, que “lleva tiempo recopilando información sensible sobre Xinjiang” y “proporcionando pruebas para las sanciones ilegales de Estados Unidos sobre Xinjiang”, y contra el director de investigación de Kharon, Edmund Xu, y la ex investigadora del Centro de Estudios de Defensa Nacional de Estados Unidos Nicole Morgret.
China prohibirá la entrada al país de las dos personas mencionadas y congelará los bienes muebles y propiedades de la empresa y dichos individuos en la nación asiática.
Mao añadió que el gigante asiático ya ha presentado una queja formal contra Estados Unidos e instó a Washington a “dejar de calumniar y difamar a China”.
En los últimos años, Kharon ha elaborado informes que aseguran que existen trabajos forzados en algunas industrias de la región noroccidental china, importante estratégicamente por su riqueza en recursos energéticos y en la que viven uigures y otras etnias musulmanas.
Estados Unidos anunció este mes la incorporación de tres empresas chinas a la Lista de entidades sancionadas por la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), que ya ha afectado a 30 compañías desde que el presidente estadounidense, Joe Biden, la promulgara en 2021.
La ley UFLPA prohíbe la importación a los Estados Unidos de bienes producidos en Xinjiang o por entidades sancionadas a menos que agencias como la oficina de aduanas certifiquen que no fueron producidos con trabajo forzoso.
Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo yihadista, China ha recluido desde la pasada década un gran número -algunas fuentes hablan de un millón de personas- de uigures y otros miembros de minorías.
Pekín primero negó la existencia de esas detenciones masivas pero luego aseguró que se trataba de “centros de formación vocacional”, mientras que voces críticas en la comunidad internacional los consideran campos de reeducación.
