Hace unos años, un profesor de la Universidad de Bielefeld utilizó una frase que me pareció icónica, emblemática y, desde ese momento, la refiero cuando ocurren eventos que, a todas luces, trascienden la normalidad. Dicha frase decía que siempre y en todo lugar, “el relajo tenía que ser con orden”.
Este catedrático hacía alusión al hecho de que por más que se quiera cambiar el curso de las cosas, en cualquier orden del desempeño de una sociedad, esto debía hacerse en función de ciertas reglas, normas, planes y procesos. La referencia viene a cuento por los hechos que han ocurrido en Ecuador desde principios de esta semana, en donde grupos de terroristas y bandas criminales han sembrado el pánico en ese país llegando, incluso, a desafiar al Estado.
Desde el gobierno del expresidente Lenin Moreno (mayo 2017-mayo 2021), aliado del expresidente Rafael Correa, se empezó a gestar una crisis de seguridad y de desabastecimiento de servicios públicos, azuzadas por movilizaciones de grupos indígenas, campesinos y sindicatos de trabajadores, la cual se complicó con las respuestas del gobierno y el saldo de muertos, heridos y apresados durante una serie de protestas. A esto también se sumaba una crisis política que incluía cuestionamientos de corrupción a personeros del Estado ecuatoriano, lo cual se ventiló en el Congreso derivando esto en un juicio político en contra del expresidente Guillermo Lasso.
Bajo una situación convulsa en términos políticos y sociales, en 2023 asume la Presidencia Daniel Noboa, venido desde el litoral de la derecha y del empresariado tradicional, quien, en su discurso de toma de posesión, destacó la necesidad de priorizar la seguridad, el empleo, las reformas estructurales, incluyendo una reforma tributaria que impulsara el crecimiento económico y el desarrollo social.
Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones manifiestas por el presidente Noboa, paralelo a la crisis de marras, desde hacía varios años que en el Ecuador se venían enquistando grupos terroristas con importantes vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado provenientes, principalmente, de México y Colombia. Estos grupos, por demás, habían logrado infiltrarse en el Estado, “llevando a ese país a convertirse en uno de los más violentos de América Latina con casi 40 asesinatos por cada 100,000 habitantes”.
De manera repentina, y actuando en el marco de crisis política, económica y social que vive el Ecuador en este momento, a principios de esta semana, estos grupos armados sembraron el terror en importantes ciudades como Quito y Guayaquil, llegando a ocupar, por brevemente tiempo, un canal de televisión y penetrando a una universidad y a otros recintos importantes del país. La respuesta del gobierno de Noboa fue inmediata, declarándose un Estado de excepción en ese país, además de establecer que se vivía un “conflicto armado interno” y que se luchaba contra unas 22 bandas específicas, con nombre y apellido.
Los resultados fueron contundentes e inmediatos. La valiente decisión de Noboa ha ganado el respaldo de todos los sectores de la población ecuatoriana, incluyendo líderes políticos como Rafael Correa, así como el apoyo de gobiernos amigos de la región. A pesar de que la democracia latinoamericana ha perdido algunas batallas durante los últimos años, lo cierto es que los gobernantes de América Latina y el Caribe deben hacer todo lo posible por mantener el Estado social y derecho, pero también por defender el “orden” que es igual que preservar la economía y la sociedad.
Finalmente, los grupos armados y terroristas deben entender, por las buenas o por las malas que, como decía mi profesor, “el relajo siempre tiene que ser con orden”.










