Es casi seguro que el día 20 de mayo República Dominicana continúe siendo un país estable política, económica y socialmente, en franco proceso de expansión y crecimiento y con una democracia imperfecta, pero que avanza conforme el comportamiento de sus instituciones públicas y el rol que están jugando los actores políticos.
En efecto, pasadas las elecciones presidenciales y congresuales, y electas las nuevas autoridades gubernamentales y del Congreso, convendría que la mirada cortoplacista de la gestión pública sea sustituida por un enfoque de mediano y largo plazo, en donde el centro del debate sea una necesaria transformación gubernamental, la cual se ha pausado por demasiado tiempo. En ese contexto, reformas estructurales como las del Sistema de Seguridad Social, la Fiscal, Salud, Educación, entre otras, serán fundamentales durante los próximos 10 años.
Por ejemplo, según algunos de los resultados de la Mesa Temática para la Reforma de la Seguridad Social, el sistema no ha podido adaptarse a muchas de las características del mercado laboral dominicano, siendo algunas de las razones; el alto nivel de informalidad de la economía, la baja densidad de la cotización y la falta de implementación del Régimen Contributivo Subsidiado que permita incorporan a los trabajadores independientes. Por igual, se evidencian serias deficiencias en el sistema de salud, sobre todo en cuanto a la calidad y el acceso a los servicios sanitarios.
En el caso de la reforma fiscal, tema recurrente cuando se acercan las elecciones cada 4 años, entendemos que ya llegó la hora de su implementación. De hecho, se entiende que todos los partidos mayoritarios la tienen en sus respectivos programas de gobierno. Alcanzar el equilibrio fiscal anualmente, posibilitar la reducción del nivel de endeudamiento, elevar la calidad del gasto, eficientizar la gestión tributaria y eliminar el gasto tributario, son algunos de los elementos que, de ejecutarse esta reforma, contribuirían al diseño de una política fiscal más eficiente y a un mayor impulso al desarrollo productivo en el país.
Así también, la reducción de la pobreza y la desigualdad, la mitigación de los efectos del cambio climático y el calentamiento global, así como el aseguramiento de la gobernanza en el país, no serán objetivos alcanzables si no se lleva a cabo un amplio proceso de reestructuración de la cosa pública, más allá de los discursos prometedores, de la cháchara y de las declaraciones de intención. Es obvio que hemos avanzado en diferentes órdenes como nación, pero aún estamos muy lejos de lograr todo lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y más lejos todavía de pagar la deuda social que se tiene con las familias pobres y vulnerables de la República Dominicana.
Y no se trata de construir y edificar una administración pública ideal, sino que lo que realmente se planifique y haga desde las diferentes entidades del Estado llegue a la gente, transforme vidas, recupere esperanza y dignidad, rescate jóvenes perdidos en la delincuencia, las drogas y la prostitución, reinvente sueños de padres y madres que quieren un mundo mejor para sus hijos e inaugure quimeras de aquellos emprendedores cuyas ideas se ven perdidas en un laberinto por la falta de apoyo moral y financiero.
El desafío es grande, sin dudas, pero ya es hora de tomarnos a este país más en serio, gobierno y gobernados. Por ejemplo, a esta altura de los avances institucionales no es posible continuar soportando las insensateces de una Asociación Dominicana de Profesores que históricamente ha boicoteado el desempeño de un sistema educativo del que vive; pero tampoco es plausible que se tenga un sistema de salud en donde los pacientes han pasado a ser meros clientes, y en donde el afán de lucro de las clínicas privadas haya sustituido al juramento hipocrático que versa sobre la obligación de tratar bien a los pacientes, con el mejor de los conocimientos y juicios y la prohibición de causar daño o injusticia.
En definitiva, vientos de transformación, más allá del cambio, son los que deben soplar a partir del 16 de agosto de este 2024 en República Dominicana.
