Desde antes de la llegada de plataformas como Shein, Temu y otras para adquirir prendas y productos variados a relativos bajos precios, muchos dominicanos recurren a las denominadas ‘pacas’ para comprar ropa. Con un poco de suerte, pueden encontrar prendas originales usadas, pero de marcas reconocidas. La ropa de segunda mano sigue siendo para un segmento poblacional el equivalente al ‘fast fashion’ para generaciones como la ‘Z’. En la actualidad su popularidad no ha perdido vigencia, sin embargo, se enfrentan a la “legalidad” de su existencia.
En el Cuarto Foro sobre Combate al Comercio Ilícito, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Rodríguez, asesor del director general de Aduanas, abordó la problemática de la importación de ropa usada y las medidas tomadas para asegurar el cumplimiento de la ley.
Rodríguez explicó que la Ley 458-73 prohíbe la importación de ropa usada, especialmente aquellas utilizadas en sanatorios y hospitales, debido a preocupaciones de salubridad. Pero esa prohibición está condicionada, porque la propia ley permite importar ropa usada, siempre que se someta a un proceso de desinfección conforme a la legislación de Salud Pública.
Rodríguez destacó que el comercio de ropa usada es un fenómeno histórico en el país y que, a pesar de las condiciones para importarla, se ha registrado un comercio significativo de estas prendas. En los últimos cinco años se importaron aproximadamente 42,458 toneladas de ropa usada. Sin embargo, hubo una disminución del 21% en el consumo de estas prendas después de un aumento durante la pandemia.
El tema de las pacas, o grandes fardos de ropa usada, sigue siendo una preocupación para las autoridades. Rodríguez señaló que las pacas de ropa usada se mueven internacionalmente a menudo camufladas como equipaje, lo que complica su control. Además, indicó que es necesario aplicar las regulaciones actuales para gestionar el comercio de estos bienes.
En respuesta a estas dificultades, mencionó que República Dominicana ha permitido el establecimiento de empresas de zona franca dedicadas a clasificar y procesar ropa usada. La ley 2801 y la 221 también juegan un papel en esta regulación.
El foro, que reunió a altos funcionarios y expertos del sector, subrayó la necesidad de una colaboración más estrecha entre el sector público y privado para combatir el comercio ilícito y proteger la economía y salud pública del país.
