A Diego (nombre ficticio) le iba bien en las entrevistas de trabajo, su inteligencia y desenvolvimiento lo convertían en uno de los mejores candidatos, pero sabía que sería descartado en cuanto le realizaran análisis de laboratorio, debido a que es paciente de VIH (virus de inmunodeficiencia humana), una condición estigmatizada que dificulta el acceso al trabajo en muchas partes del mundo, incluyendo República Dominicana, a pesar de que la ley prohíbe estas pruebas para otorgar un empleo.
Al joven, de 27 años, le aseguraban que estarían en contacto para seguir con el proceso de reclutamiento, pero no volvieron a llamarlo. Le ocurrió en cuatro empresas. “En la última me dieron el trabajo, porque después de hacerme los análisis me descartaron; sin embargo, al estar cansado de eso, decidí comunicarme con la reclutadora y le expresé que sabía la razón por la que no me dieron el empleo”, dijo Diego a elDinero.
El caso de Diego no es el único. Román, de 33 años, tuvo que irse de República Dominicana tras varios intentos fallidos tratando de encontrar un empleo formal. “La experiencia de buscar trabajo era desesperanzadora. Iba a entrevistas, donde me garantizaban que tendría el puesto; se discutía el sueldo y el horario que debía cubrir y ver cómo de buenas a primeras esa oferta laboral, sin razón aparente, era denegada, me producía una gran decepción”, narra Román.
“No podremos continuar el proceso contigo”. Estas fueron las palabras de un reclutador que le había fijado un día a Román para que inicie sus labores. “Después de que me hicieron los análisis de sangre fue cuando me descalificaron y ya ellos sabían mi condición sin yo aún saberlo”, relata Román, y añade que cuando preguntaba qué había pasado, le respondían que era por un “tema confidencial”.
Ellos forman parte de los 79,000 pacientes registrados que viven con VIH en el país, de acuerdo con datos solicitados por elDinero a través del Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP) a agosto de 2024. De ese total, 77,555 personas, equivalente al 98%, conocen su estado serológico y están vinculadas a 87 establecimientos de salud que brindan servicios de VIH.
No obstante, un informe publicado en diciembre de 2024 por el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Conavihsida) establece que en el país hay 84,000 personas con esa condición. De ese total, 35,723 (46%) están afiliadas al Seguro Nacional de Salud (Senasa), mientras que 32,969 no cuentan con un seguro de salud, equivalente a un 42.51%; en tanto que 8,863 pacientes con VIH tienen un seguro de salud privado (11.4%).
La Constitución dominicana indica que las personas tienen derecho a un trabajo digno sin que el diagnóstico sea un obstáculo, ya que el Artículo 62 consagra la igualdad y equidad entre ciudadanos.
Además, la Ley 55-93 sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) establece que es ilegal realizar la prueba para diagnóstico de infección por VIH en el país. Esta ley es más específica en su Artículo 3: “Las pruebas para el diagnóstico de infección por el VIH no deben realizarse para fines laborales, como requisito de ingreso a un trabajo o como condición para la permanencia en el empleo”.
Al respecto, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, asegura que cualquier análisis médico como condición para ingresar a un trabajo es discriminatorio, violatorio de los derechos fundamentales y “no se puede permitir”. “Los derechos de las personas como derechos fundamentales se extienden a los derechos laborales”, apunta.
Según estadísticas del Ministerio de Salud Pública, vía el SAIP, a agosto de este año 55,677 personas adultas reciben tratamiento contra esta enfermedad, equivalente al (71.7%); mientras que 19,815 pacientes están inactivos (25.5%). Del total de personas con VIH, 55,058 son de nacionalidad dominicana (70.9%), y 21,787 son haitianos (28%). En tanto que 448 son venezolanos (0.58%).
De Camps explica que el Código de Trabajo establece sanciones para las empresas que incumplan las normativas que protegen a los ciudadanos. En ese sentido, el funcionario considera que esas sanciones deben ser fortalecidas con la modernización del Código de Trabajo “para tener verdaderas capacidades de fomentar su cumplimiento y garantizar la inclusión de todo el mundo”.
Datos del Ministerio de Trabajo indican que el Artículo 6 de la Ley 135-2011 consagra el derecho al trabajo de todas las personas. De hecho, establece que “queda prohibida toda discriminación laboral por parte del empleador, físico o moral, público o privado, nacional o extranjero, quien no puede, por sí mismo ni mediante otra persona, solicitar pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos, como condición para obtener un puesto laboral”.
El Artículo 76 de la referida ley asegura multas de no menos de 80 y 15 salarios mínimos para las personas morales y físicas, respectivamente, que incumplan esas disposiciones.
El abogado laboral Juan Rosario Gratereaux dijo que si se demuestra que una empresa niega un trabajo a una persona con VIH, este tipo de discriminación podría convertirse en un proceso penal, que conllevaría a prisión, como indica el Artículo 186 del proyecto de Código Penal, que tipificaría el delito de discriminación y castigaría actos como negarse a suministrar a una persona un bien o servicio, obstaculizarle una actividad económica o negarse a contratarle debido a su origen, edad, sexo, raza, condición económica o religión, entre otros motivos.
A pesar de eso, Rosario Gratereaux refiere que el Ministerio de Trabajo, a través del Departamento de Higiene y Salud, establece un listado de ocupaciones laborales que no pueden realizar personas con VIH, como cocina, enfermería, entre otras. “La resolución del Ministerio de Trabajo, así como la resolución de Salud Pública que permite validar que un trabajador con condición de VIH no pueda realizar ciertas labores, no busca discriminar, sino garantizar la no propagación de la enfermedad”, afirma.
Reclutamiento
El gerente técnico del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Conavihsida), Melvin Brioso, considera que este listado es inadecuado, pues, las vías de contagio de esta enfermedad son específicas, como relaciones sexuales, transfusiones de sangre o transmisión cruzada de madre a hijo (en el momento del parto natural). “Si alguien con el VIH se corta y está procesando un alimento no va a contaminar a nadie, porque la otra persona debería tener una herida abierta y la sangre tendría que entrarle directamente”, enfatiza.
Con este planteamiento coincide la psicóloga laboral Ana Yaritza Rodríguez, quien recuerda que las empresas no pueden realizar este tipo de pruebas preempleo. “En caso de que se realice, los laboratorios clínicos deben solicitar un consentimiento de la persona y una autorización que debe ser enviada al Ministerio de Salud Pública en caso de un resultado positivo”, subraya.
Aun así, Brioso afirma que desde Conavihsida tienen conocimiento de que las pruebas de VIH se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, pero que no tienen la evidencia. De acuerdo con el funcionario, la falta en la que incurren las empresas es mayor, porque “cuando determinan que una persona tiene VIH y lo descartan para un puesto laboral o lo desvinculan no le dicen que fue por la condición de VIH”.
“Hay algún tipo de acuerdo entre el empresariado y el laboratorio que realiza la prueba, el cual entrega los resultados exclusivamente al que está solicitando, que en este caso es el empleador, cuando está en franca violación a una ley”, sostiene.
La psicóloga laboral Rodríguez detalla que los criterios para seleccionar a una persona para un puesto de trabajo consisten en evaluaciones por competencias, las cuales se realizan mediante pruebas psicométricas y entrevistas, así como la ponderación de experiencia laboral y la formación académica. “Todos estos aspectos se comparan con el perfil ideal del puesto que se está requiriendo”, dice Rodríguez.
Para garantizar que el proceso de selección sea justo y equitativo, la especialista explica que esto es posible a través de la estandarización de procesos. “Es cierto que los procesos de selección se ajustan a la necesidad de cada vacante; sin embargo, una vez que se definen los pasos a agotar, se deben ejecutar por igual con todos los candidatos para que sea realmente objetivo”, asegura.
Denuncia
En el caso de que una persona sea limitada para ocupar un puesto laboral por su estatus serológico o se le desvincule por esa razón, puede acudir al Conavihsida a denunciarlo. Se trata de un trabajo de colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, que cuenta con un equipo legal que apoya los procesos de sometimiento y da seguimiento en los tribunales, aunque es preciso presentar las pruebas, lo cual es difícil.
En el Observatorio hay registros de casos en los que se demostró que dos personas fueron discriminadas en el ámbito laboral por ser VIH positivo, por lo que fueron reinsertadas en sus puestos.
Las denuncias sobre este tipo de discriminación también pueden hacerse vía el Ministerio de Trabajo, el cual asigna a un inspector que se pone en contacto con la víctima y luego visita la empresa y solicita una entrevista con el encargado de Recursos Humanos, a quien se le explica el motivo de la visita.
“Terminada la entrevista con Recursos Humanos, el inspector procede a pautar una entrevista conjunta entre las partes. Si la inspección comprueba que la denuncia es cierta, recomienda a la empresa tomar medidas de protección inmediata en favor de la víctima”, indican los datos del Ministerio de Trabajo. El proceso de investigación se toma tres días tras la denuncia y la asignación del inspector.
Para fortalecer estas medidas, el gerente técnico del Conavihsida sugiere acciones conjuntas entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo para supervisar los laboratorios que realizan la prueba de detección del VIH con fines laborales, los cuales entregan los resultados a las empresas y no a las personas con esta condición, retrasando su acceso a medicamentos contra la enfermedad.
La institución tiene el Departamento de Asistencia Judicial, que está compuesto por abogados que suministran servicio legal gratuito a los usuarios que requieran de sus servicios. Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo registra apenas una denuncia de una persona que reportó que fue descartada de una vacante por esa condición.
Salud mental: otro mal
A Diego, los procesos de reclutamiento le producían ansiedad, cuando le requerían pruebas de laboratorio. Román, en cambio, experimentó un sentimiento de impotencia cuando se enteró de su diagnóstico, debido a que los reclutadores sabían su condición antes que él y que esta era la razón de que estaba siendo descartado. “No imaginas lo que sentí al darme cuenta de que mi diagnóstico fuese comentado entre los reclutadores”, dice.
De acuerdo con el psicólogo de Servicios de Atención Integral en Programas de VIH en República Dominicana, Evandro Clase, el bienestar emocional y psicológico de las personas con VIH se ven amenazados a causa del estigma social. “Se experimenta mucho malestar, lo que puede desencadenar episodios de ansiedad y depresión, aislamiento social, la autoestima se ve lacerada por sentirse culpable de vivir con esta condición”, explica a elDinero.
Dijo que uno de los mayores temores de un trabajador es que lo discriminen en su área laboral. “Es poco frecuente que alguien sienta la confianza de divulgar su diagnóstico positivo; el solo pensar que podría perder su trabajo, descarta la mínima posibilidad”, refiere Clase al agregar que las personas que son discriminadas en un trabajo pueden experimentar altos niveles de estrés.
Según Clase, la persona discriminada siente la necesidad de renunciar, “porque cree que es lo mejor para todos”, aun cuando requiere producir dinero para cubrir sus necesidades.
Asimismo, asegura que es fundamental eliminar el estigma hacia las personas con VIH, por lo que consideró necesario el trabajo mancomunado, en el que estén involucrados empleadores, colaboradores y diferentes departamentos de la empresa, donde el ambiente sea propicio para crear políticas laborales inclusivas que contribuyan a la no discriminación.
En República Dominicana se reproduce bastante el estigma a las personas que viven con VIH en distintos espacios, como en los hogares y el escolar, pero especialmente en los servicios de salud y el ámbito laboral. Así lo expresa el investigador social Franklin Gómez, quien comenta que a pesar de que se ha avanzado en la concienciación sobre esta condición, aún hay empresas donde se realizan exámenes de detección de VIH como requisito para el empleo.
Según el investigador social, discriminar a una persona con VIH en el ámbito laboral afecta su estabilidad económica y psicológica. “Las personas que viven con VIH tienen las mismas capacidades que cualquier otra persona en toda su diversidad y por ende también pueden tener una calidad de vida promedio de un país”, dice al lamentar que no solo el diagnóstico les impacta de forma negativa, sino el estigma y el rechazo de las personas de su entorno.
VIH: Presupuesto y medicinas
Estadísticas de la Dirección General de Presupuesto (Digepres) muestran que se destinaron RD$615.4 millones para el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (Conavihsida) este año, de los cuales se habían ejecutado RD$297.8 millones a octubre de 2024. El presupuesto de la institución creció un 7.7% en comparación con 2023, o sea, RD$44.3 millones más.
“Hay una partida importante que está juntamente con este presupuesto de alrededor de RD$186 millones que son para contratación de una contrapartida a un proyecto internacional de financiamiento para la búsqueda activa de personas positivas al VIH y la vinculación en tratamiento”, informa el gerente técnico del Conavihsida.
El Gobierno dominicano compromete una partida (destinada a tres instituciones) en un presupuesto orientado por resultados, que es un presupuesto protegido. Más de RD$900 millones se asignan a Salud Pública para que garantice la disponibilidad de medicamentos retrovirales. Otra cantidad está dirigida al Servicio Nacional de Salud (SNS), que además de pagar la empleomanía que atiende a las personas con VIH, impulsa la recuperación de pacientes que se pierden en el tratamiento.
También hay un monto que va dirigido al Conavihsida para realizar encuestas y contratar organizaciones no gubernamentales (ONG) para proveer servicios a pacientes con VIH en zonas que carecen de centros de salud públicos.
Asimismo, República Dominicana logró un financiamiento del Banco Mundial por US$16 millones para acciones de respuestas contra el VIH, la tuberculosis y la malaria.
Hay leyes, pero poca acción
Al cuestionar a la institución rectora del trabajo en el país sobre otras medidas correctivas que se pueden aplicar a las empresas infractoras, además de las multas, el Ministerio respondió que las medidas adicionales consistirían en fortalecer las competencias y capacidades del cuerpo de inspectores en la protección y prevención, acompañadas de campañas de prevención y orientación.
La institución informa que celebran reuniones de sensibilización con los gerentes, directores de Gestión Humana, encargados de capacitación de las diferentes empresas privadas, zonas francas, laboratorios clínicos, sector turístico e instituciones públicas para difundir la Ley 135-11 sobre VIH-SIDA.
El gerente técnico del Conavihsida explica que esa entidad cuenta con el Departamento de Poblaciones Claves, el cual tiene como objetivo promover la educación sobre VIH, pero también lidera una mesa de trabajo de cero discriminación, estigma y género, la cual busca verificar casos de discriminación laboral para tomar acciones legales.
Brioso considera que las leyes antidiscriminatorias no necesitan ser reformadas, sino que se requieren mecanismos de cumplimiento y sanciones efectivos. En esto coincide el abogado laboral al comentar que no existen vacíos legales, ya que la ley es clara, aunque en ocasiones el trabajador se deja vulnerar sus derechos para que no siga creciendo la información de su situación de VIH.
El investigador social Gómez destaca la necesidad de una política pública que incluya la educación integral en sexualidad (EIS) en la currícula educativa, lo cual, a su juicio, es un paso importante para que los niños, niñas y adolescentes aprendan sobre estos temas desde una perspectiva científica y académica.
De su lado, Clase urge una revisión de la Ley 135-11 para analizar artículos “con contenido ambiguo” y actualizarlos conforme con las nuevas realidades de las personas que viven con VIH y el avance del programa a nivel nacional.
Cumplimiento
La presidente de la World Compliance Association, capítulo dominicano, Tania de León, explica que cuando una persona interpone una denuncia ante el Ministerio de Trabajo es correcto que este notifique a la empresa denunciada, sin embargo, considera que no se debe notificar la fuente de la denuncia que genera la investigación.
De León entiende que se debe mejorar la arquitectura de denuncias en la organización. “La gestión de canales de denuncias, investigación y protección del denunciante es una deuda regulatoria pendiente en el país”, enfatiza.
Además, dice que la cultura organizacional es determinante. “Si tenemos un código de ética con valores y enunciados vacíos sobre la no discriminación, pero en la práctica se discrimina o el esquema de valores no es claro y el sistema de consecuencias no se aplica, esto va a elevar la posibilidad de que ocurran casos de discriminación”, sostiene.
