Las cooperativas de ahorro y crédito se presentan como un modelo alternativo dentro del sistema mutualista dominicano, ofreciendo a sus socios beneficios y ventajas que, en ocasiones, no se encuentran en los bancos múltiples y en otras entidades de intermediación financiera, a menos que cuenten con un “buen aval” crediticio. Sin embargo, la fortaleza y el manejo de estas entidades no son homogéneos, por lo que enfrentan desafíos en términos de regulación y fiscalización acorde a los nuevos tiempos.
Según datos del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), hasta agosto pasado existían 2,332 cooperativas con activos totales superiores a RD$387,000 millones. No obstante, algunas de ellas han enfrentado intervenciones por irregularidades, como es el caso de Coopherrera, involucrada en una presunta estafa que asciende a más de RD$2,500 millones.
Ante ese escenario, José Alejandro Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito (AIRAC), que agrupa a 17 cooperativas, enfatiza que “la regulación es un gran reto del sector cooperativista en República Dominicana”. No obstante, afirma que las cooperativas de ahorro y crédito, uno de los siete tipos que existen en el país, deben regularse por el órgano rector que exista en el país para esa actividad”, refiriéndose a la Superintendencia de Bancos (SB).
Por tanto, enfatizó la naturaleza del Idecoop como un órgano de fomento. “Nadie puede promover y fiscalizar al mismo tiempo”, aseveró. “Si se establece una universidad cooperativa, por ejemplo, esta debería ser regulada por el Ministerio de Educación Superior“, citó. “Es un error pensar que Idecoop se puede transformar en un órgano regulador de las cooperativas de ahorro y crédito”, reiteró Rodríguez en entrevista a elDinero.
El ejecutivo de la AIRAC también destacó que en el país operan cooperativas de seguros reguladas por la Superintendencia de Seguros. “Las cooperativas de producción que producen alimentos lácteos tienen que ir a Salud Pública… y si trabajan en explotación del medioambiente necesitan el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, ejemplificó el especialista en ciencias económicas y administrativas.
Según Rodríguez, resulta inviable pedirle a Idecoop que asuma funciones para fiscalizar la calidad del producto lácteo: “No es posible. Le estamos pidiendo lo mismo, de que se convierta en un experto de ahorro y crédito”.
El también experto en microfinanzas subrayó la importancia del sector al señalar que las cooperativas de ahorro y crédito son las más grandes dentro del cooperativismo y son autosostenibles con capital significativo. “Por ejemplo, una cooperativa nuestra, si fuera banco, sería la número 12 del país”, lo que indica su solidez financiera. Además, destacó la ventaja competitiva frente a la banca tradicional al comercializar entre sus propios socios.
Recalcó que el marco legal también es crucial. “En el país existe una única Ley 183-02 Monetaria y Financiera. Las cooperativas, para entrar al sistema financiero, tenemos que regularnos por esta ley”, afirmó Rodríguez. En este sentido, advirtió contra la creación de un subsistema o un nuevo órgano regulador financiero.
Asimismo, agregó que las cooperativas no requieren una “superestructura que duplique (los recursos) del Estado”. La AIRAC actualmente agrupa 17 cooperativas, tras excluir una el pasado año por incumplimiento, que cumplen con las normativas del ente regulador y han adaptado sus operaciones a los lineamientos de la autoridad monetaria, aunque no están bajo la supervisión directa de la SB. Al cierre de 2024, cuenta con más de RD$144,821 millones en activos y ha otorgado más de RD$107,036 millones en créditos.
¿Por qué el tranque?
Rodríguez recordó que la creación del Código Monetario y Financiero en 2002 incluyó a las cooperativas, que entonces desempeñaban un rol en el desarrollo comunitario, pero carecían de fortaleza económica. A raíz de esta normativa, surgió un debate sobre la capacidad de las cooperativas para enfrentar una regulación similar a la que afectó al sistema de asociaciones de ahorros y préstamo (AAPP), donde casi la mitad de esas entidades “quebraron”.
Citó que hubo un “cabildeo político” que argumentó que “las cooperativas no estaban listas”. Añade que el temor estaba basado en la experiencia con las AAPP, que sufrieron un colapso durante el proceso de regulación. Como resultado, dijo, se introdujo un artículo (número 73) en el Código que limitó la regulación de las cooperativas.
Actualmente, Rodríguez propone eliminar este artículo para permitir que las cooperativas de ahorro y crédito sean reguladas por la SB. Aunque aclaró que la “regulación filosófica” sigue siendo responsabilidad del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), se busca que la Junta Monetaria supervise las actividades operativas.
