La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó su profunda preocupación por el incremento irrazonable y desproporcionado de la contribución especial que establece la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20), al imponer aumentos significativos sin que se haya presentado hasta la fecha un estudio técnico que sustente los montos.
No obstante, la AIRD valoró positivamente la apertura mostrada por la Cámara de Diputados en el proceso de discusión del proyecto de modificación de la ley de residuos sólidos y reconoció la disposición al diálogo demostrada en el marco del proceso de consulta observado por la comisión especial encargada del análisis de esta pieza legal.
“Reconocemos el cumplimiento del compromiso asumido públicamente por el presidente de la Cámara de Diputados de garantizar espacios de discusión abiertos y participativos sobre esta iniciativa, así como el ajuste realizado a una serie de artículos que afectaban a la manufactura local y que habían sido incluidos en el proyecto original sin ningún tipo de sustento técnico ni discusión pública”, expresó Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD.
Sin embargo, respecto al incremento de la contribución especial, el ejecutivo señaló que “los montos aprobados siguen siendo desproporcionados. En ningún espacio se nos ha explicado el razonamiento detrás de este ejercicio. Sobre el particular, incluso hemos propuesto que fondos públicos que reciben instancias con objetivos similares a los del Fideicomiso DO Sostenible sean incluidos en esta ecuación, tales como los que maneja ECO5RD entidad creada por Decreto 28-23”.
El gremio ha manifestado, de manera reiterada, su comprensión respecto a las necesidades de financiamiento de las alcaldías y a los retos que estas tienen en el cumplimiento de sus facultades legales. “No obstante, hemos reiterado que no puede pretenderse dar respuesta a todas las necesidades de la municipalidad con una contribución especial que debe necesariamente ser dirigida al cumplimiento del objetivo transversal de la ley de fomentar la correcta gestión de residuos y el cierre de vertederos a cielo abierto en el país”, precisó Pujols.
La AIRD confía en que el diálogo en el Senado continuará de manera plural y transparente, consciente de que todavía hay oportunidad de seguir mejorando el documento, resaltando que aún se mantienen algunas contradicciones a mejores prácticas internacionales en torno a la gestión de residuos. “El Senado todavía puede hacer ajustes al documento y abordar algunos de los aspectos considerados como anti-competitivos por la Comisión de Defensa de la Competencia en su informe público sobre el tema, incluyendo aspectos de carácter contractual que no necesariamente deberían ser parte de una legislación como esta”, concluyó Pujols.
