Jochi Vicente dejó el Ministerio Hacienda con una reputación de haber aplicado una gestión técnica, prudente y transparente. ¿Está entre los mejores ministros de la historia? Quizá. Su legado habrá de ser recordado por estabilizar las finanzas públicas en tiempos de crisis, pues agarró el timón en medio de la pandemia del covid-19, y por haber acercado al país al tan anhelado grado de inversión, una calificación que ayudaría a lograr mejores tasas en la emisión de deuda y, por supuesto, a transmitir un mensaje de confianza para los inversionistas.
Sin quizá, el principal punto negativo de la gestión de Vicente podría considerarse la fallida reforma fiscal presentada por el Gobierno y posteriormente retirada ante el rechazo de diversos sectores sociales y políticos.
Aunque en su función de Ministerio de Hacienda logró avances significativos en la calificación crediticia del país, el manejo de la deuda y la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, la reforma fiscal que impulsó, con el objetivo de aumentar la presión tributaria, reducir la evasión y modernizar el sistema, no logró el consenso necesario.
Lo cierto es que el proyecto presentado enfrentó críticas por su impacto potencial en la clase media y por no abordar suficientemente la equidad tributaria. Además, quizá no fue bien comunicado y los gremios de empresarios, en algunos de los planteamientos, fueron sorprendidos cuando se conoció el fondo del Proyecto de Ley de Modernización Fiscal.
Ahora bien, la designación de Magín J. Díaz como nuevo ministro de Hacienda, juramentado el 15 de julio de 2025, marca un momento clave para la política económica de República Dominicana. Con una trayectoria técnica sólida y experiencia en organismos internacionales, asume el cargo en medio de un entorno fiscal complejo, caracterizado por presiones estructurales, crecimiento moderado y una deuda pública en expansión.
En diversos escenarios fue un crítico del endeudamiento público y de la falta de acción pública para frenar el dispendio. Al cierre del primer semestre de 2025, la deuda pública consolidada de República Dominicana ascendía a US$73,084.9 millones, lo que representa el 57.8% del producto interno bruto (PIB). Esta cifra incluye la deuda del sector público no financiero (SPNF) y la del Banco Central.
Deuda pública
Según datos de la Dirección General de Crédito Público, de Hacienda, la deuda externa del SPNF alcanzó los US$43,843.3 millones, equivalente al 73.6% del total del SPNF, mientras que la interna se situó en US$15,757.6 millones, con una ligera reducción respecto al cierre de 2024.
Este nivel de endeudamiento, aunque considerado sostenible por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), limita el margen de maniobra fiscal y exige una gestión prudente para evitar presiones sobre el presupuesto.
El país ha operado con déficits fiscales durante más de una década. Para 2025, el déficit fiscal proyectado por el Gobierno Central es de aproximadamente 3% del PIB, una cifra que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.
Este déficit se considera estructural, es decir, no responde a factores cíclicos o extraordinarios, sino a una brecha persistente entre ingresos y gastos. La falta de una reforma fiscal integral ha impedido corregir esta tendencia, lo que obliga al Estado a recurrir al endeudamiento para financiar el gasto público.
Uno de los aspectos más preocupantes de la situación fiscal es la proporción de los ingresos públicos destinados al pago de intereses de la deuda. Sólo para tener una idea de la situación actual, se estima que el 28.8% de los ingresos tributarios se destinarán exclusivamente al pago de intereses en este año, datos que están corroborados en el Presupuesto.
Esto significa que por cada RD$100 recaudados, casi RD$29 se utilizan para cubrir intereses, sin reducir el capital de la deuda. De hecho, el pago total de intereses presupuestado para 2025 asciende a RD$298,486.4 millones, equivalente al 3.7% del PIB. No es un secreto que este nivel de carga limita la capacidad del Estado para invertir en áreas prioritarias como salud, educación e infraestructura. A julio de 2025, la ejecución presupuestaria muestra señales de presión. El déficit fiscal acumulado en el primer semestre fue de RD$88,000 millones, equivalente al 1.2% del PIB.
Según la data, los ingresos representan solo el 50.6% de lo programado para el año, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales. Una publicación de este medio establece que los ingresos apenas se superaron en un 1% respecto a lo programado.
Las estadísticas indican que una partida de RD$9,417.6 millones que Impuestos Internos (DGII) recibió en mayo por concepto de “ganancia de capital”, es decir, la proporción que debe pagar de impuesto sobre la renta (ISR) una empresa cuando es vendida a otra, salvó la meta de recaudación.
Hay una realidad que habla de otro gran reto que tiene el Gobierno en materia fiscal: la inversión pública. La ejecución del gasto de capital ha sido baja, pues solo se ha ejecutado el 30.6% del presupuesto asignado, lo que representa apenas el 13.4% del gasto total. Esta baja ejecución refleja restricciones presupuestarias y dificultades para dinamizar la economía mediante inversión pública.
El nuevo ministro de Hacienda tiene retos importantes que lo mantendrán bastante ocupado. De ser un analista y crítico de la política fiscal, ahora le toca sentarse en la mesa de decisiones, es decir, en la “situation room” para marcar la ruta que mejorará la situación financiera del Gobierno.
¿Cuál reto?
A toda luz, el principal reto de Díaz será liderar una reforma fiscal que permita aumentar la presión tributaria, actualmente en torno al 14.7% del PIB, una de las más bajas de América Latina, sin afectar negativamente a la clase media ni al sector productivo. Se ha hablado de que la reforma debe abordar la evasión, racionalizar exenciones y ampliar la base tributaria. También debe incluir medidas para mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la transparencia.
El reto de controlar el déficit fiscal, que debería mantenerlo en entorno al 3% del PIB, sin recortar inversión, está sobre el escritorio del nuevo ministro. En este punto hay un desafío combinado: técnico y político. Está compelido a buscar fuentes de financiamiento menos costosas, partiendo de los avances en la mejora del grado de inversión logrado en la pasada gestión que lideró Vicente.
Díaz tiene por delante, además, mejorar la proporción que el país destina de sus ingresos al pago de intereses de la deuda, para lo cual deberá renegociar las condiciones de los compromisos financieros. La reestructuración de los vencimientos de deuda le dio excelentes resultados a Vicente.
El actual ministro tiene experiencia en estos temas. Fue subsecretario de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía y en Hacienda fungió como viceministro de Política Fiscal (2012-2013) y de Crédito Público (2013-2016), consolidándose como una de las figuras técnicas clave en procesos de reforma y negociaciones con organismos internacionales.
Está claro que la baja ejecución del gasto de capital y la subejecución de ingresos requieren una revisión profunda de los procesos presupuestarios: Fortalecer la planificación financiera, agilizar los procesos de contratación pública y coordinar mejor con los ministerios ejecutores.
Partiendo del contexto, Díaz llega con respaldo técnico y político, pero, al mismo tiempo, enfrenta escepticismo en algunos sectores del Gobierno. Está obligado a construir consensos con el Congreso y el sector privado, comunicar con claridad las decisiones fiscales y garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Lo que sí está lo suficientemente claro es que el nuevo ministro de Hacienda asume en un momento en que la estabilidad macroeconómica depende de decisiones fiscales audaces pero prudentes. Con una deuda creciente, un déficit estructural y una carga de intereses que limita el espacio fiscal, su gestión será clave para evitar que la economía pierda impulso y pueda garantizar que el Estado pueda seguir cumpliendo sus funciones esenciales.
Logros de Jochi Vicente
Jochi Vicente asumió el Ministerio de Hacienda en agosto de 2020, en medio de una crisis sanitaria y económica global provocada por la pandemia del covid-19. Las cuentas fiscales que recibió estaban marcadas por un déficit elevado, presión sobre el gasto público y una deuda en ascenso. A lo largo de casi cinco años, lideró una transformación técnica y estratégica que dejó al país en una posición más sólida y con mayor credibilidad ante los mercados internacionales.
Entre sus logros están que, en diciembre de 2022, Standard & Poor’s otorgó a República Dominicana su mejor calificación crediticia histórica, en medio de un contexto global adverso.
Un dato relevante es que el indicador EMBI (riesgo país) alcanzó un mínimo histórico de 242 puntos en 2023, llegando a tener menor riesgo país que Panamá, México y Colombia, los cuales tienen grado de inversión. En junio de 2024 Hacienda colocó el primer bono verde soberano, para proyectos de reducción de emisiones, con lo que accedió a financiamiento con 15 puntos básicos de ahorro, mejorando el perfil financiero del país.
Durante la gestión del pasado ministro se logró la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece reglas claras sobre el crecimiento del gasto y cláusulas de escape ante choques externos. Está pieza legislativa es considerada clave para avanzar hacia el grado de inversión y fortalecer la disciplina fiscal.
Además, entre 2023 y 2025 se realizaron operaciones de recompra voluntaria de bonos con vencimiento en 2026, por más de US$2,382 millones.
También, se emitieron bonos en moneda local por RD$125,000 millones, reduciendo el riesgo cambiario y extendiendo los plazos de vencimiento.
