El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití anunció este lunes la adopción de un protocolo estricto para la supervisión judicial de sus ciudadanos deportados o extraditados por delitos financieros o vínculos con grupos criminales, pocos días después de la captura en Estados Unidos del empresario haitiano Pierre Reginald Boulos por su presunta implicación en actos de violencia, lo que lo expone al riesgo de ser expulsado.
Este protocolo se inscribe en el marco de las nuevas disposiciones adoptadas por la administración estadounidense para la detención, deportación o extradición de ciudadanos haitianos por su “complicidad” en la comisión de delitos por parte de grupos terroristas en territorio haitiano, de acuerdo con un documento del Ministerio de Justicia haitiano.
El documento, que consta de cuatro artículos, indica que todo ciudadano haitiano que sea deportado o extraditado de los Estados Unidos o de cualquier otro país y que sea acusado de cometer o intentar cometer delitos financieros en Haití, o acusado de haber apoyado, financiado, asesorado, ayudado directa o indirectamente a grupos criminales o terroristas en la comisión de sus delitos en Haití será entregado a su llegada al país al comisario del Gobierno.
Además, el protocolo subraya que dicho ciudadano será custodiado bajo las órdenes del comisario del Gobierno, ya sea en las instalaciones de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) o en cualquier otro lugar de detención adecuado a su caso y situación.
Así, según el Ministerio de Justicia, el comisario del Gobierno deberá, sin demora y con diligencia, preparar el expediente del individuo expulsado o extraditado y remitirlo al gabinete de instrucción.
El empresario haitiano Pierre Reginald Boulos fue detenido por la policía de inmigración estadounidense, acusado de liderar una campaña de violencia y apoyar a bandas criminales para desestabilizar Haití, según una publicación del ICE y compartida por la embajada de Estados Unidos en la isla.
A raíz de ello, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que la administración Trump aplicará la ley de inmigración estadounidense para expulsar a los residentes permanentes legales estadounidenses que hayan apoyado y colaborado con los líderes de las bandas delictivas haitianas vinculadas a la organización terrorista criminal “Viv Ansanm”, una de las tantas que han sembrado el caos y la destrucción en este deprimido país caribeño.
La situación haitiana se ha agravado en los últimos años a causa de la violencia extrema de las bandas armadas que controlan alrededor del 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe.
Según reportó recientemente la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), en los primeros seis meses de 2025 el país sufrió un incremento del 24% de los “homicidios intencionados”, con un total de 4.026.
Además, el número de desplazados por la violencia de las bandas criminales alcanza ya los 1.3 millones, una cifra que triplica la registrada en 2023 y sextuplica la de 2022, conforme a datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos.
