La mayoría de los economistas están contestes de que el principal problema que tiene la economía dominicana es el persistente déficit fiscal, que significa que el Estada gasta de manera sostenida más de lo que le ingresa, generándose una brecha que solo se financia endeudamiento público.
Lo anterior se agrava por la histórica presión tributaria, de alrededor de un 14% del PIB, un gasto corriente que crece de manera acelerada por el pago de intereses y capital de la deuda, además de los subsidios, y el volumen de la nómina del Estado. Frente a este panorama, las opciones no son muchas, pero las que existen apuntan a la necesidad de una reforma fiscal que permita transformar el sistema tributario, hacerlo menos regresivo, con capacidad para generar más ingresos, al tiempo que se reduce y eficientiza el gasto público.
Pero cuando se habla de reforma fiscal en el país el pánico ataca, los intereses creados reaparecen y se inicia una batalla mediática campal que pareciera que se trata de un arma de destrucción masiva.
Mientras tanto, el déficit se va tornando inmanejable y los fondos públicos se vuelven cada vez más insuficientes para garantizar una inversión de capital. A mismo tiempo, los servicios públicos tienden a deteriorarse frente demandas y necesidades crecientes de la población, en tanto la oposición política se torna agresiva para pescar en río revuelto, y el partido en el gobierno le huye a una baja en su popularidad y los efectos que esto pudiera tener para las próximas elecciones.
De su lado, el sector empresarial, especialmente las grandes corporaciones, observa la reforma con una mezcla de recelo y pragmatismo. Por un lado, existe el temor de que un incremento de impuestos erosione márgenes de ganancia y frene inversiones.
Por otro, hay conciencia de que un país con infraestructura deficiente, educación rezagada y sistemas de salud debilitados tampoco es un terreno fértil para los negocios a largo plazo. Entonces, los empresarios se debaten en un dilema y quedan entrampados en si apuestan a mantener niveles de ganancia en el corto plazo, o aceptan mayor carga impositiva para garantizar la paz y la estabilidad social futura.
Bajo este escenario, aparece el nombramiento de Magín Díaz como Ministro de Hacienda y Economía, técnico con muchas y probadas luces en materia tributaria, especialmente por su experiencia al frente de la Dirección General de Impuesto Internos, además de que goza de un respecto por parte de los grupos empresariales del país.
Aquí, el punto central es cómo Magín puede lograr construir una propuesta de reforma fiscal integral que sea, al mismo tiempo, entendible, efectiva, sostenible y socialmente aceptada, al tiempo que garantiza un aumento en los ingresos, mayor eficiencia del gasto y una justicia tributaria.
Dentro de todo, sin embargo, lo que parece más necesario para la venta de una propuesta de reforma fiscal a la población es legitimidad social y política, es decir, diálogo y consenso, en donde estén activamente presentes el gobierno, los empresarios, sindicatos, academia y la sociedad civil; y no hay mejor escenario para ello que el Consejo Económico y Social (CES), el cual ha probado que tiene, no solo capacidad de convocatoria, sino también credibilidad.
Conviene, para que luego nadie alegue ignorancia.
