El director general de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Rodolfo Valentín, que asiste a alrededor del 87% de los privados de libertad del país, propuso al Poder Ejecutivo la creación del Instituto de Asistencia Legal Gratuita. Esta nueva entidad brindaría apoyo legal tanto a víctimas como a imputados, garantizando representación en casos penales y fortaleciendo el sistema de justicia.
Valentín explicó a elDinero que el sistema de justicia dominicano presenta una limitación significativa: mientras los defensores públicos se concentran en la representación de los acusados en delitos penales, muchas víctimas o sus familiares carecen de acceso a asistencia legal gratuita para sostener sus acusaciones.
“La creación de un Instituto de Asistencia Legal Gratuita, integral, independiente y efectivo, sería un paso trascendental para fortalecer nuestro sistema de justicia. Una institución de esta naturaleza tendría mucho más peso que una simple oficina”, sostuvo el funcionario.
El director de la ONDP señaló que este instituto, que operaría con autonomía e independencia en los casos de víctimas e imputados, requeriría duplicar el presupuesto actual de la Defensa Pública (RD$836,669,483.00) y, en consecuencia, incrementar su personal.
Actualmente, la Defensa Pública cuenta con apenas 300 defensores, entre abogados de carrera y externos, quienes manejan, en promedio, más de 400 casos de privados de libertad cada uno. Esto genera un déficit de 258 defensores, según datos ofrecidos por Valentín.
El funcionario destacó que otros países de la región ya aplican modelos similares, donde las defensorías públicas asisten tanto a víctimas como a imputados. “La República Dominicana coordina la Defensoría Pública del Caribe, y en varios países de América Latina estas entidades también asisten a las víctimas. Nosotros, en cambio, solo brindamos asistencia a imputados y, en algunos casos, a fiscales, jueces, abogados y defensores en temas disciplinarios”, puntualizó.
Independencia del Ministerio Público
Valentín subrayó la necesidad de una institución descentralizada e independiente de la Fiscalía para evitar conflictos de interés. “Es urgente contar con una institución que no dependa de la Fiscalía ni esté contaminada por su influencia. Lo digo con conocimiento de causa: cuando tuve que defender en casos donde había víctimas y abogados representantes, casi siempre surgían conflictos con los fiscales, porque los abogados de víctimas son, en la práctica, empleados de los fiscales. Eso genera dependencia y limita la verdadera defensa”, señaló.
De acuerdo con datos de la ONDP, entre 2003 y 2024 ingresaron a la institución 490,262 casos penales, de los cuales 26,377 corresponden a 2024, lo que representa un aumento de 1,975 respecto al año anterior. El 93.7% de los imputados fueron hombres.
“¿A cuántas personas pobres les han quitado sus tierras por no tener un abogado que los defienda? ¿Cuántos empleados humildes, despedidos injustamente, se han quedado de brazos cruzados porque no cuentan con representación para acudir a una instancia superior? Lo mismo ocurre en el ámbito laboral y en otros escenarios”, expresó.
“El Instituto de Asistencia Legal Gratuita sería un paso firme para cerrar estas brechas. Es una deuda con las víctimas, con los más vulnerables y con todos aquellos que aún no tienen acceso real a la justicia”, puntualizó el titular de la ONDF.
