La movilidad urbana dejó de ser un simple tema de tráfico para convertirse en un desafío económico, social y cultural. Cifras que demuestran la magnitud de este problema no se limitan a la cantidad de multas que se imponen a nivel local y que alcanzan el 1,158,100 solo en el primer semestre 2025, de acuerdo con datos de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
La congestión vehicular solo en el Gran Santo Domingo no solo genera estrés, retrasos y accidentes que roba hasta 1 hora y 15 minutos al día a los dominicanos atrapados en el tráfico, según estimaciones del Plan de Movilidad Sostenible, sino que también representa una pérdida económica que ronda los USD$180 millones anuales, equivalente al 0.67 % del producto interno bruto (PIB), aseguran desde Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Ante esa realidad, la educación vial, acompañada de sanciones rápidas y efectivas, es la única vía para alcanzar un cambio real. Así lo plantearon autoridades dominicanas y expertos internacionales durante el encuentro “Referencias globales para transformar la movilidad en República Dominicana. La conversación estuvo marcada por la experiencia de España, expuesta por María José Aparicio Sanchiz, coordinadora general de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y contrastada con la visión local de Deligne Ascención, coordinador del Gabinete de Transporte exministro de Obras Públicas, y Milton Morrison, director de Intrant.
Sanción inmediata y educación temprana
Durante su participación, Aparicio recordó cómo España logró reducir en más de 50% la mortalidad vial en menos de dos décadas. La clave, explicó, fue combinar medidas de control, vigilancia y sanción con un sistema educativo que integró la seguridad vial desde la infancia.
“Yo siempre digo que es un modelo que se debe estudiar en las universidades del mundo”, señaló. “Lo primero fue el permiso por puntos; hay personas a las que la multa económica no les duele, pero perder la licencia de conducir, tener que volver a examinarse o hacer un curso obligatorio, eso sí impacta”, agregó.
El sistema se complementó con radares en autopistas, un centro automatizado de gestión de multas y modificaciones en el procedimiento sancionador. Según la funcionaria, la rapidez fue determinante: “Si te saltas un stop y a los cuatro días tienes la sanción en tu casa, el mensaje es claro. Si llega tres meses después, ya ni recuerdas la falta”.
España también incorporó el pronto pago con descuento del 50%, lo que redujo en 90% los recursos legales contra sanciones. Además, se tipificaron delitos contra la seguridad vial en el Código Penal, incluyendo casos de conductores ebrios que provocan muertes.
Asimismo, Aparicio recordó que en 2019 Madrid estaba al borde de sanciones millonarias de la Unión Europea por incumplir la directiva de calidad del aire. “Éramos una de las capitales más contaminadas de Europa”, admitió.
La respuesta fue una estrategia de sostenibilidad integral, que no solo se limitó al transporte, sino que abarcó la movilidad activa, la calidad del aire y el desarrollo económico equilibrado.
Entre las medidas, destacó la expansión del transporte público, la promoción del caminar y la bicicleta eléctrica pública (con 53,000 usuarios diarios) y restricciones a los vehículos contaminantes. A nivel cultural, el cambio fue evidente: “El ciudadano empieza a ver ventajas: aire limpio, seguridad vial y ciudades para disfrutar. Al principio hay resistencia, pero ahora son las propias asociaciones de vecinos las que piden peatonalizar calles o colocar reductores de velocidad”.
En España, desde 2021, todas las calles urbanas de un solo carril por sentido tienen límite de 30 km/h, lo que redujo inmediatamente la accidentalidad. “La seguridad vial también es un cambio cultural”, insistió.
Realidad dominicana
El exministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, situó el problema en el contexto dominicano. Recordó que el Gran Santo Domingo concentra 35% de la población del país. “Ese nivel de concentración genera un reto enorme en términos de movilidad y urbanismo”, advirtió.
Ascención reconoció que uno de los grandes desafíos es la individualización del transporte, donde las motocicletas cumplen un rol laboral, como motoconchos, mensajeros y delivery, más que recreativo. “Ciudades como Madrid no enfrentan esa realidad. Aquí el motor es un medio de subsistencia”, explicó.
La solución, dijo, no puede ser seguir sumando vehículos privados: “La gestión adecuada de este problema pasa porque el Estado garantice transporte masivo eficiente. La movilidad no se resuelve con decisiones individuales”.
Milton Morrison, director del Intrant, coincidió en que el factor educativo es fundamental, pero subrayó que requiere tiempo y continuidad. “El año pasado graduamos los primeros 1,000 multiplicadores de educación vial, en alianza con Infotep, para llevar conciencia sobre tránsito seguro a transportistas urbanos e interurbanos”, informó.
Asimismo, señaló que más de 150,000 conductores han recibido formación obligatoria al renovar o sacar su licencia, tras reactivar la charla educativa que se había descontinuado.
El Intrant también trabaja junto al Ministerio de Educación en integrar la educación vial en el currículo escolar. “Ya tenemos el contenido y materiales audiovisuales. Es un tema de implementación. La educación vial será obligatoria y evaluable desde los primeros niveles”, adelantó.
Cultura
A pesar de los avances, las autoridades reconocen que el cambio cultural será más difícil en República Dominicana por la visión del vehículo como símbolo de estatus. “Mientras en Europa se utilizan autos pequeños, aquí mientras más grande es el vehículo, mayor es el prestigio”, admitió Ascención.
Esa percepción dificulta que la sanción económica funcione como elemento disuasivo. “En Piantini o Naco, a muchos no les duele pagar 5,000 pesos por parquearse mal. Ahí entra en juego la fiscalización estricta y la mano dura, como nos recordó Pere Navarro, director de la DGT en España: un 25% es educación y un 75% fiscalización”, compartió Morrison. “Se trata de construir ciudades más habitables, seguras y competitivas”, concluyó Aparicio.
