“Cuando la ley deja de ser justa, el poder deja de ser legítimo”. Montesquieu
La captura de Nicolás Maduro y el indulto concedido a Juan Orlando Hernández, separados por pocas semanas y unidos por acusaciones casi idénticas, plantean una pregunta incómoda para la política internacional contemporánea: ¿se trata de una doble moral o de un doble juego en el ejercicio del poder estadounidense?
Ambos casos comparten una arquitectura judicial similar. Fueron investigados por la misma unidad antidrogas, procesados por la misma fiscalía federal y acusados de utilizar el poder del Estado para facilitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Sin embargo, los desenlaces no podrían ser más distintos. A uno se le envió una operación militar para capturarlo junto a su esposa; al otro, un indulto presidencial que anuló una condena dictada por un jurado. La ley fue la misma. La decisión política, no.
La explicación más benigna apunta a la doble moral. Estados Unidos, como otras potencias, proclama principios universales -lucha contra el narcotráfico y defensa del Estado de derecho- que aplica de manera inconsistente según alianzas y conveniencias. Bajo esta lectura, el problema sería la incoherencia entre el discurso y la práctica, una constante en la política exterior de las grandes potencias.
Pero el contraste es demasiado marcado para atribuirlo solo a una contradicción ética. No se trata de un error ni de una omisión, sino de decisiones explícitas y defendidas públicamente. El indulto fue presentado como la corrección de una injusticia; la captura, como una acción necesaria para la seguridad hemisférica. No hubo esfuerzo alguno por conciliar ambos argumentos. Esa ausencia de explicación revela algo más profundo.
Aquí emerge la noción del doble juego. La justicia no aparece como un principio rector, sino como un instrumento subordinado a la geopolítica. El sistema judicial se utiliza para castigar a enemigos estratégicos, proteger a aliados convenientes y enviar señales de poder. La ley deja de ser árbitro y se convierte en herramienta.
Las consecuencias son significativas. En el plano interno, se erosiona la credibilidad institucional. Si una condena por narcotráfico puede desaparecer por afinidad política, el principio de igualdad ante la ley pierde sentido. La justicia se vuelve selectiva y negociable.
En el ámbito internacional, el daño es mayor. Durante décadas, la justicia federal estadounidense fue vista como un referente en la lucha contra el crimen transnacional.
Cuando su aplicación parece depender de cálculos políticos, pierde autoridad moral. Para los países golpeados por el narcotráfico, el mensaje es claro: no todos los culpables reciben el mismo trato.
El caso venezolano añade una dimensión adicional. Para parte de la diáspora, la captura del líder del régimen puede interpretarse como un acto de justicia largamente esperado. Para quienes permanecen en el país, acostumbrados a giros abruptos de la política exterior estadounidense, el escepticismo es comprensible. Cuando la justicia parece instrumental, deja de ser definitiva y se percibe como reversible.
¿Doble moral o doble juego? La diferencia no es menor. La doble moral puede corregirse con coherencia. El doble juego implica intención maligna, esto es, aceptar que la ley es solo una herramienta más del poder. En ese escenario, el problema deja de ser ético para volverse estructural. De hecho, la cuestión de fondo no es si los acusados merecen castigo.
La verdadera pregunta es qué tipo de orden internacional se construye cuando la justicia se aplica con criterios políticos. Un orden así puede ser eficaz en el corto plazo, pero es inherentemente frágil. Depende de voluntades, no de reglas. Tal vez la respuesta resulte incómoda porque combina ambas cosas: hay doble moral, sí, pero al servicio de un doble juego.
