El Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional suele leerse como una fotografía anual. En realidad, describe una trayectoria.
Durante dos décadas, América Latina ha reformado sus marcos legales: leyes de transparencia, sistemas de compras públicas más sofisticados, fiscalías especializadas y nuevas normas de control. Desde el punto de vista normativo, la región es hoy más compleja que hace veinte años.
Sin embargo, el promedio regional vuelve a situarse en 42/100.
Más que una señal de retroceso, parece una señal de etapa. El desafío ya no es solo diseñar reglas, sino lograr que permanezcan.
El informe recuerda algo relevante: incluso democracias consolidadas pueden deteriorarse gradualmente cuando disminuye la presión por la rendición de cuentas. La institucionalidad no es un punto de llegada; es un equilibrio que debe sostenerse.
República Dominicana ilustra bien esa transición. El país pasa de 32 puntos en 2012 a 37 en 2025. Es progreso. Pero también evidencia que la confianza institucional no aparece de forma inmediata; se acumula.
En términos prácticos, ese rango describe economías donde las normas existen, pero su aplicación no siempre es predecible. Y la previsibilidad es la variable que permite planificar a largo plazo.
Existe una diferencia importante entre que un sistema funcione y que sea predecible: lo primero puede depender de un liderazgo; lo segundo depende de las instituciones y de los incentivos que las rodean.
Cuando las reglas dependen de la coyuntura, las decisiones económicas se acortan. La inversión se vuelve selectiva, los proyectos se diseñan para sobrevivir al próximo cambio y no para durar décadas. El problema no es solo ético; es económico.
Por eso, el índice suele interpretarse como una medición de corrupción, cuando en realidad se aproxima más a una medición de certeza.
Un consejo directivo lo observa como riesgo regulatorio.
Un organismo multilateral, como capacidad de ejecución.
Un hacedor de política pública, como sostenibilidad de reformas.
Un inversionista, como costo de capital.
No están mirando fenómenos distintos. Están respondiendo la misma pregunta desde lugares diferentes: ¿qué tan estable es el sistema de decisiones de un país?.
La región ha avanzado en reglas. El siguiente paso es que esas reglas no necesiten redescubrirse en cada ciclo político. Cuando eso ocurre, los indicadores no solo mejoran: se vuelven confiables.
La conversación sobre desarrollo no es únicamente económica. También es institucional.
Los países cambian de trayectoria cuando las reglas dejan de ser negociables y pasan a ser compartidas. En ese punto, el crecimiento deja de depender de quién gobierna y empieza a depender de cómo funciona el sistema.
El desarrollo sostenible empieza cuando el sistema funciona incluso cuando nadie confía en quién gobierna.
