La comisión evaluadora de la venta de los terrenos de Los Tres Brazos asegura que la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución. También en violación a la Ley de Reforma a la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.
Es cuestionable, dijeron los miembros del equipo tras entregar la evaluación al presidente Danilo Medina, en su esencia misma ya que nunca debió realizarse el proceso de venta bajo los términos en que se hizo.
La comisión la integra el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal. También el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, José Dantes. Además, el director de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet.
Los comisionados precisaron que el procedimiento de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) para la aprobación de la venta fue precario e irregular. Igualmente, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano.
Asimismo, manifestaron que el interés público fue lesionado por el privado. El documento sostiene que Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes. Siendo sus inversiones muy bajas.
Informaron, además, que encontraron errores y discrepancias muy graves. Esto en los trabajos de deslinde y supervisión realizados por los agrimensores de Corde.
En ese sentido, recomiendan al Estado no reconocer las ventas y demandar la nulidad de las mismas. En ese sentido, recomiendan que es por este punto que se debe empezar. Indican que están confiados en el que el Poder Ejecutivo tomará decisiones en virtud del interés general.
Asimismo, dicen que el Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe. Igual a las entidades financieras que han financiado una parte de los fondos. Esto es con el propósito de que nadie salga perjudicado.
Finalmente, los miembros de la comisión entienden que el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado. Para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos. A títulos gratuito o a titulo negocio, según su condición socio económica.
Aclaran que como comisión, no están en condición de establecer responsabilidad penal. No obstante, piden que el informe se remita al Ministerio Público.
Dicen que de esa manera puede determinarse si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal. Esto es, tanto de actores públicos como privados que intervinieron en la misma.
Entre las recomendaciones hechas al Gobierno esta la implementación de dos protocolos de entendimiento. Uno con los adquirientes de la comunidad y otro con las entidades crediticias.
En lo que tiene que ver con la comunidad, explican que hay que hacer un trabajo técnico. Esto es con el fin de que haya una correspondencia entre el terreno ocupado y el título de propiedad correspondiente.
Desde el punto de vista financiero, sostienen que la intención no es perjudicar a las empresas crediticias.
El informe de 41 páginas está dividido en tres partes: relatoría del caso, conclusiones y recomendaciones.
La metodología utilizada fue la del análisis legal de toda la documentación. Se procedió a realizar entrevistas a representantes de Corde, Infepa y Titulatec. Así como a representantes de la comunidad.
En este informe, se establece una relación del momento de la venta de los inmuebles hasta el presente. También incluye recomendaciones sobre las acciones legales pertinentes.
Hace un mes, el presidente Medina detuvo la venta y reventa de dichos terrenos, así como los desalojos en esa localidad. La medida fue asumida mediante el decreto 392-16. También dispuso la creación de la comisión que rindió el informe. La misma cumplió con los 30 días de plazo dado en el mismo decreto para rendir el informe.
El Gobierno informó que la evaluación está disponible en la página Web de la Presidencia de la Republica. También, en los portales de las entidades representadas por los comisionados.
