América Latina se encuentra en una encrucijada histórica. Poseedora de algunas de las reservas de minerales críticos más grandes del mundo, la región es hoy el epicentro de la transición energética global. Sin embargo, el modelo extractivista tradicional está siendo desafiado por una nueva conciencia ciudadana que exige una minería responsable: aquella que no solo es técnicamente eficiente, sino socialmente legítima y ambientalmente sostenible.
El caso reciente de las protestas en la provincia de San Juan de la Maguana, y la posterior decisión del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de ordenar la suspensión inmediata de cualquiera actividad minera vinculada al Proyecto Romero en la provincia de marras, es una clara evidencia de la señalada encrucijada.
El debate que se abre frente a esta decisión gubernamental tiene varios elementos que vale la pena destacar. En primer lugar, el máximo mandatario de la nación responde a una fuerte presión social, con gran despliegue mediático y con múltiples verdades a medias, como si esto fuera a incidir en las próximas elecciones nacionales. Y, nada que ver. En segundo lugar, se arguye que, a partir de esta decisión, se atenta contra la seguridad jurídica del país lo que, según algunos, puede afectar el futuro de la inversión extranjera directa en la nación dominicana.
Una exageración, pues las estadísticas dicen otra cosa. Un tercer elemento, que no se duda, es que los inversores del citado proyecto han perdido millones de dólares con la disposición del gobierno dominicano, pues esto ha afectado a las empresas canadienses GoldQuest, Unigold y Precipitate, así como a sus socios locales, ya que el precio de sus acciones en el mercado de valores de Canadá han disminuido de manera importante.
Pero en el centro de todo está el tema de la minería responsable, que no es un concepto etéreo; es una necesidad geoestratégica. En un contexto donde el litio, el cobre y el oro son fundamentales para la tecnología y la estabilidad económica, los países latinoamericanos enfrentan el reto de transformar la riqueza del subsuelo en bienestar superficial, pero esto tiene que ser con gobernanza transparente y legitimidad social y ambiental.
El punto aquí es que la historia reciente en la región, en cuanto a explotación minera, da cuenta de que ha habido un sorprendente desfase entre los compromisos y sistemas a nivel corporativo, por una parte, y la acción a nivel de explotaciones mineras, por otra.
En efecto, según un estudio realizado por Responsible Mining Foundation (rmf, 2020) 20 empresas con explotaciones mineras en América Latina y el Caribe que fueron evaluadas obtuvieron una puntuación promedio de 68% por haber asumido compromisos formales para gestionar los impactos ambientales de manera sistemática, muchos de los cuales no se tradujeron en acciones. Y esta es una evidencia brutal para dudar.
En resumen, la minería responsable es posible pero hay que asegurar un equilibrio real entre el desarrollo económico y la preservación de la vida, es decir, entre la producción de oro y la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Gobernar, como ha quedado evidenciado, también implica tener la valentía de detenerse cuando el costo ambiental compromete el futuro de las próximas generaciones. La riqueza que no es sostenible, simplemente no es riqueza.
