El director general de Impuestos Internos (DGII), Pedro Urrutia Sangiovanni, advirtió sobre las consecuencias legales del incumplimiento fiscal en el país, enfatizando que el no pago de los impuestos retenidos supera el ámbito de una falta administrativa para convertirse en un delito tributario penal.
Al abordar las acciones de la DGII contra el fraude, Urrutia Sangiovanni explicó la gravedad de retener el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (Itbis) o impuesto sobre la renta (ISR) y no reportarlo a la administración. “La DGII no persigue de manera antojadiza, pero sí estructura expedientes firmes contra quienes cometen delitos tributaries”, puntualizó, al tiempo de referir que la evasión no solo afecta las arcas del Estado, sino que contamina el sistema financiero formal.
Sobre las consecuencias legales del incumplimiento tributario, la consultora jurídica de la DGII, Juanita Canahuate, explicó que no todo incumplimiento constituye automáticamente un delito penal, aunque advirtió que puede escalar dependiendo de la intención del contribuyente.
“Cuando hay una intención dolosa de no pagar impuestos, entonces sí hay un delito”, indicó Canahuate, al calificarlo además como un precedente del lavado de activos.
Sin embargo, Urrutia explicó que muchos contribuyentes caen en condición de omisos por la complejidad del sistema tributario y no necesariamente por intención de evadir impuestos.
Cierre de negocios
Con relación al cumplimiento de las normativas vigentes, Urrutia fue categórico al señalar que la institución mantendrá una postura estricta frente a los comercios que operan al margen de la ley. “Hemos cerrado negocios y seguiremos cerrando si hay incumplimiento de la ley. La misión central de su gestión es garantizar una competencia justa y nivelar la cancha para proteger a los sectores formales que sí cumplen con sus obligaciones”, expresó.
Al ser cuestionado durante una entrevista en el programa Revista 110 con Julio Hazim, sobre si ha recibido solicitudes o llamadas para detener este tipo de procesos sancionatorios, Urrutia Sangiovanni fue enfático al declarar que “la DGII no recibe presión de nadie”, dejando claro que la ley se aplica de manera equitativa.
A pesar de la firmeza contra el fraude deliberado, Urrutia reiteró que la primera línea de acción de la DGII busca acercar a la gente a la institución para facilitar el cumplimiento voluntario y reducir los niveles de omisión. Explicó que el objetivo es brindar los canales necesarios para que los contribuyentes regularicen su estatus antes de que sus deudas u omisiones escalen a instancias mayores. Guarionex de la Cruz, subdirector de gestión y cumplimiento, explica que el impuesto al consumo es uno de los que más frecuentemente son evadidos.
En el plano de las políticas recaudatorias, el titular de la DGII reafirmó su oposición a la eliminación del esquema de anticipos. Sostuvo que su supresión traería severas presiones financieras y mayores problemas para la carga del contribuyente al final del período fiscal, ya que las empresas se verían obligadas a liquidar la totalidad de su impuesto anual en un único pago, afectando de golpe su liquidez.
Asimismo, fijó una postura crítica respecto a la viabilidad de un modelo de “impuesto fijo”, argumentando las razones técnicas y distorsiones que este tipo de esquemas suele generar en la equidad del sistema tributario.
Fiscalización por riesgos, beneficiarios finales y reformas en marcha
Durante la entrevista que incluyó a técnicos de la DGII, Joel Polanco, subdirector de fiscalización, detalló que se trabaja bajo un modelo basado estrictamente en la gestión de riesgos. Polanco aclaró un mito frecuente en el sector empresarial, al precisar que la presentación de una declaración rectificativa por parte de un contribuyente no implica de manera automática el inicio de una fiscalización externa o auditoría.
Por otra parte, destacó la rigurosidad con la que se vigila la transparencia corporativa a través de las declaraciones de impuestos para identificar claramente a los accionistas y beneficiarios finales, permitiendo a la DGII evaluar el nivel de riesgo de cada actor y determinar con precisión quiénes controlan realmente las estructuras societarias.
Finalmente, el director Pedro Urrutia explicó que la reforma tributaria ya se está aplicando en el día a día a través de dos vías: mediante la ejecución de medidas administrativas internas y, eventualmente, con la reforma estructural cuando se apruebe. En ese sentido, destacó las acciones normativas y de fiscalización que se están desplegando con especial atención sobre las plataformas digitales para asegurar que tributen de acuerdo con la realidad del mercado actual.
