La Organización de Empresas Comerciales (ONEC) rechazó la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada por el Senado de la República, al considerar que incrementa las cargas sobre el sector sin respaldo en estudios técnicos ni análisis de impacto económico que justifiquen su magnitud.
Sostuvo que el sector comercial no ha terminado de evaluar el impacto real de la reforma fiscal recientemente aprobada cuando ya enfrenta una nueva carga, esta vez disfrazada de contribución ambiental.
Deploró que exista un patrón de política pública que legisla sin medir, sin consultar y sin esperar a ver qué dejó la medida anterior antes de imponer la siguiente.
“El sector comercial apoya la gestión correcta de los residuos. Lo que no puede sostener es que cada nueva ley llegue a cobrarle la cuenta”, señaló la ONEC.
La organización cuestionó además que una contribución especial, cuyo propósito es financiar objetivos ambientales específicos, sea utilizada para atender necesidades presupuestarias de los municipios.
“Cuando ese propósito se amplía para resolver otras necesidades, la contribución deja de ser especial y se convierte en un impuesto encubierto”, indicó.
La ONEC señaló que la Ley 166-03 ya establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Si ese mecanismo resulta insuficiente, afirmó, la corrección corresponde allí, no en el desvío de una contribución de naturaleza ambiental.
Criticó también la forma en que fue aprobada la modificación, al señalar que su tramitación acelerada prescindió de la consulta a los sectores directamente impactados y careció de la deliberación técnica que una reforma de esta naturaleza requiere.
